Es la estrategia para evitar la sesión del 9S. El secretario del área aseguró que la norma se cumple, pero reconoció que hay deudas. El fantasma Spagnuolo.
Alejandro Vilches, secretario de Discapacidad. El funcionario del Gobierno que expuso en Diputados.
El Gobierno ratificó su decisión de no prorrogar la ley de emergencia en discapacidad y presentará un proyecto para convencer a los aliados para no dar cuórum en la sesión del 9S, convocada por la oposición. La negociación no empezó bien: el secretario del área, Alejandro Vilches, asistió a Diputados y evitó responder la mayoría de las preguntas.
El funcionario concurrió a la Comisión de Discapacidad, dónde el presidente, el diputado de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, ratificó la intención de hacer dos reuniones más: una el 16 para escuchar a organizaciones y otra el 23 para dictaminar.
Vilches dejó muchas dudas. No quiso contestar si necesita la emergencia para continuar con los beneficios a personas con discapacidad, como propone el proyecto que la oposición busca llevar al recinto. En definitiva, es una facultad que le permite gestionar con más rapidez.
“Es algo que tienen que definir ustedes”, se escapó de la consulta del diputado Eduardo Valdés, de Unión por la Patria. El funcionario, que pasó un mal momento cuando quedó involucrado con su antecesor, Diego Spanguolo, acusado de presuntas coimas.
La ley sancionada hace un año por el Congreso garantiza aplicación de la ley 24.901, que define la forma de liquidar las prestaciones por discapacidad. Lo hace a través de un fondo solidario financiado con aportes de todos los prestadores de salud, que actualmente administra el Ministerio de Salud.
Consultado por Valdez, Vilches se resistió a garantizar la vigencia de esta norma. La nueva ley asegura que el pago no pierda valor, mediante una indexación mensual. Además, crea un nuevo sistema de pensiones.
Los aliados están en alarma por un antecedente: en abril, el ministro de Salud, Mario Lugones, envió un proyecto al Senado para cambiar el sistema y obligar a cada persona con discapacidad a negociar precios con su prestador.
En La Libertad Avanza aseguran que no propondrán una iniciativa similar y los aliados bloques del medio que no apoyarán ningún texto que reduzca los beneficios. "Si no vamos por un proyecto superador, no nos quedará otra alternativa que prorrogar la emergencia por un año", sostuvo la neuquina Karina Maureira, una de las socias que perdió el Gobierno por este tema.
Vilches evitó responder la mayoría de las consultas y sus evasivas complicaron un acuerdo de La Libertad Avanza con sus habituales aliados. Por caso, no supo decir cuándo se van a pagar las compensaciones a prestadores que prevé la ley y todavía no fueron depositadas. "No conozco los tiempos del Ministerio de Economía", contestó.
Luego justificó el incumplimiento en las demoras burocráticas. También desconoció las posibles demoras de pago a los prestadores, que controla la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), aun cuando comparte con esa oficina el Ministerio de Salud: "¡No depende de mí!", se excusó el funcionario ¡No puede ser que no interactúen con los que pagan cada prestación", gritaron desde Unión por la Patria.
Esteban Giler, subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, presente en la audiencia, garantizó que se cumplen los pagos de Incluir Salud, que son las atenciones a quienes no tienen cobertura. "Los casos que no se pagan es porque no encontramos un convenio vigente", aseguró el funcionario.
Vilches no supo identificar en detalle las pensiones que dio de baja, ante una consulta del diputado Juan Marino, autor del proyecto de prórroga de emergencia. Le preguntó pidió casos puntuales de sus auditorías.
En la segunda ronda de respuestas aclaró que se habían restablecido todas las pensiones cortadas en 2024 y que se iniciaron los trámites para cumplir con la nueva modalidad de subsidio. No confirmó si ya se liquidan de esa manera. Tampoco supo decir si se cumple el cupo laboral para personas con discapacidad y se aplican planes de empleo, como exige la ley, justamente, para achicar el padrón de beneficiarios.
Vilches pasó un momento muy incómodo cuando Marino y su compañero Sabrina Selva le consultaron sobre la causa que investiga presuntas coimas en la ex-Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), durante la gestión de Diego Spagnuolo. El secretario fue el interventor del organismo, realizó una auditoría, pero ante la consulta del diputado de Unión por la Patria, no supo decir si la secretaría de Discapacidad era querellante de la causa.
Giler tuvo que asistirlo para explicarle que no se habían presentado en la Justicia para ser parte del expediente. “Las denuncias las vamos haciendo y en cada allanamiento aportamos datos a jueces y fiscales”, se escapó Vilches.
Luego tuvo que aclarar que nunca vio a Spagnuolo y no conoce nada de él. "Los audios no me los pidan a mí", respondió preocupado. Tampoco dijo nada el funcionario cuando Selva enumeró una gran cantidad de funcionarios de la ANDIS, implicados en la causa, que siguen cumpliendo funciones en su cartera. Solicitó que le envíen las preguntas por escrito o por correo electrónico.
El Gobierno intentará frenar la sesión del 9S, en la que la oposición prevé buscar emplazar a comisiones para tratar la emergencia en Discapacidad. El proyecto alternativo no está terminado. Al final de la comisión, Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, aseguró que un fallo reciente de la Cámara de San Martín ratificó que la norma se cumple.
Fuentes de LLA aseguran que se continuará cumpliendo sin emergencia y la oposición quiere garantías. Un comunicado del bloque oficialista dejó algunas dudas. El último párrafo señala que "bajo ninguna circunstancia permitiremos que avancen proyectos que alteren el equilibrio fiscal". No está claro si fue un mensaje a los aliados para buscar un acuerdo o una declaración de ruptura.
