María Rosa Muiños intenta seguir al frente del organismo mientras el mileísmo reclamará dos sillas en la cúpula. Define la Legislatura.
La renovación de autoridades de la Defensoría del Pueblo abrió una de las principales discusiones políticas del año en la Legislatura porteña. Mientras el peronismo busca la reelección de María Rosa Muiños, La Libertad Avanza reclamará dos de las cinco adjuntías en función del nuevo mapa político de la Ciudad.
La negociación recién empieza. Quedan por delante audiencias públicas, impugnaciones y acuerdos legislativos que podrían extenderse durante cerca de tres meses. La designación requiere una mayoría especial de dos tercios de la Legislatura, un esquema que obliga a todas las fuerzas políticas a involucrarse en la negociación de votos.
La discusión se da en paralelo a otros dos procesos sensibles que también empezaron a activarse: la designación del fiscal general impulsada por Jorge Macri y la renovación de autoridades del Ente Regulador de los Servicios Públicos. Ambos debates anticipan negociaciones cruzadas entre oficialismo, peronismo y libertarios.
Muiños llega a la discusión con altas chances de conservar el cargo. Actual titular de la Defensoría del Pueblo, integra el Nuevo Espacio de Participación (NEP), el armado político que conduce Juan Manuel Olmos, aunque también acumuló volumen político propio dentro del peronismo porteño.
Fue dos veces legisladora y presidió el bloque peronista en la Legislatura, donde mantiene vínculos consolidados con distintos sectores del sistema político local.
El escenario legislativo también juega a favor de Fuerza por la Ciudad. Con un tercio de las 60 bancas, el bloque conserva condición de primera minoría y mantiene capacidad de incidencia sobre todas las negociaciones institucionales que requieren acuerdos especiales, especialmente aquellas vinculadas a organismos extrapoder.
Además de la intención de Muiños de renovar su cargo, la otra novedad aparece del lado libertario. En La Libertad Avanza sostienen que el reparto institucional, históricamente negociado entre el peronismo y el PRO, mantiene la inercia de un escenario que ya cambió y anticipan que reclamarán dos de las cinco defensorías adjuntas para reflejar el nuevo equilibrio político de la Ciudad.
El planteo encuentra un antecedente inmediato en la propia Legislatura. La discusión por el reparto de comisiones y vicepresidencias ya había mostrado un cambio de lógica en la distribución del poder interno. Allí, el bloque libertario consiguió lugares institucionales relevantes, entre ellos la vicepresidencia tercera ocupada por Juan Pablo Arenaza, dirigente surgido del bullrichismo pero plenamente integrado al esquema político de La Libertad Avanza porteña.
La pelea por la Defensoría del Pueblo aparece así como otro capítulo de una negociación más amplia sobre el reparto de organismos y estructuras institucionales en una Legislatura atravesada por un esquema de tercios entre PRO, peronismo y libertarios.
En ese contexto, el macrismo vuelve a quedar en el centro de una ingeniería política delicada: administrar acuerdos sin desbalancear el vínculo con ninguno de los otros dos grandes polos que disputan poder en la Ciudad.
