El presidente Mauricio Macri prohibió a las cooperativas eléctricas de todo el país cobrar en sus facturas servicios ajenos a la distribución de energía. En el territorio bonaerense la gobernadora María Eugenia Vidal prorrogó una medida similar ante el reclamo de los intendentes. La decisión complica el funcionamiento de las administraciones municipales, dado que afecta la cobrabilidad de otros conceptos, por ejemplo las tasas.
“Las cooperativas prestadoras del servicio público de distribución de energía eléctrica deben facturar tal servicio de forma autónoma e independiente de otros conceptos ajenos”, indica la resolución 3442/2018 publicada el miércoles en el Boletín Oficial. La medida, anticipada el martes por el Presidente, le quita un peso a la gobernadora, puesto que en la provincia de Buenos Aires una decisión similar fue postergada ante el reclamo de los jefes comunales.
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La decisión dispone que en un plazo máximo de 30 días las entidades implicadas deben regularizar el tipo de facturación e impone su aplicación a todas las cooperativas del país, entre ellas, las 202 que funcionan en territorio bonaerense y que incluyen en las facturas el cobro de otros servicios que prestan, como el caso de los sepelios, los traslados en ambulancia y también tasas municipales.
“Hay municipios que tienen incorporadas diversas tasas con la factura de energía eléctrica. Por ejemplo, hay tasas por seguridad, por servicios sociales o asistenciales que incluyen a veces algún fondo de salud, algún fondo especial de obras públicas, algunos cobran cuotas para bomberos. En algún municipio, hasta la tasa de barrido y limpieza estaba incorporada. Hay una diversidad enorme", indicó en mayo pasado a Letra P un intendente que se veía afectado por la decisión de Vidal.
Es que el avance de la medida implica que las comunas deberán recaudar esas tasas por fuera de la boleta de luz, algo que afectará en la cobrabilidad y, por ende, en la prestación de los servicios municipales. “Se les va a caer la recaudación porque la cobrabilidad era altísima, estaba garantizada con la energía eléctrica”, señalaron voces con conocimiento de la arquitectura financiera de los municipios.
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En su resolución, el Instituto Nacional de Asociativitismo y Economía Social (Inaes) estableció que "es conveniente entonces arbitrar mecanismos para asegurar que las cooperativas diferencien materialmente en su facturación todos los rubros o conceptos adicionales no vinculados directamente con el servicio público que brindan".
Estaba previsto que la medida avalada por María Eugenia Vidal comenzara a correr el 1° de enero próximo, cuando venciese la prórroga devenida del planteo de los intendentes. Su avance era parte de la mesa de negociaciones del presupuesto, dado que algunos jefes comunales sostenían la necesidad de continuar utilizando el sistema.
Sin embargo, la medida nacional no sólo deja fuera de juego los intentos sino que le quita la presión a la gobernadora.