Aunque ensayaron el gambito por el que evitan proveer a los poderes públicos información elemental sobre su funcionamiento, sobre la cantidad de cuentas falsas o de perfiles afectados por la masiva comercialización y manipulación de datos en sus plataformas, los directivos de Facebook y Twitter visitaron el Senado argentino y reconocieron la labor editorial que ejerce crecientemente Facebook y los problemas de sostener el principio de un “debate abierto y democrático” en el caso de Twitter.
El motivo de la cita fue un controvertido proyecto que, con la intención de regular abusos en la usurpación de identidad en las plataformas de redes sociales digitales, crea una nueva figura penal (“usurpación de la identidad digital”) a la que no define con precisión y sobre la que propone agravantes si se tratara de una figura pública -a quienes, contrariamente a los principios continentales de derechos humanos, les asegura mayores protecciones que al resto de la ciudadanía-. Pero, más allá de las características de la iniciativa de la Cámara alta, la reunión sirvió como versión local y periférica de las comparecencias de los más altos ejecutivos de los gigantes tecnológicos globales ante el Congreso estadounidense y el Parlamento Europeo.
Ante los senadores argentinos, Juan de Dios Batis García, director de políticas públicas para Latinoamérica de Facebook, dijo que la compañía de Zuckergerg cuenta con 20 mil “revisores de contenidos” cuya función es detectar excesos que luego la compañía puede remover o restarles visibilidad en la mayor red social digital que, en el mundo, gestiona una comunidad de más de 2.300 millones de personas.
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En el caso de Twitter, el responsable de política pública para América Latina, Hugo Rodríguez Nicolat, eludió responder con precisión qué mecanismos tiene la compañía para detectar y desincentivar el “trolleo”, es decir, la operación de cuentas cuya práctica consiste en alterar conversaciones en la plataforma mediante la agresión y el hostigamiento, en muchos casos, mediante campañas organizadas.
Ambos directivos repitieron una de las consignas corporativas en defensa de la libertad de expresión, sin aludir a las críticas que los gigantes de Internet reciben por casos de censura privada al margen de los marcos jurídicos vigentes en los países donde actúan y comercializan servicios.
Es un tiempo de alta exposición y riesgo político para los conglomerados de Internet: los escándalos de manipulación de datos de usuarios, los recurrentes fallos en la seguridad de la información de millones de cuentas por parte en Facebook y, en menor medida, en Google, además de las denuncias por sus conductas anticompetitivas, que incluyen la adulteración de su base de usuarios con vines de comercialización, se suman a la preocupación creciente de gobiernos que, como el de Emmanuel Macron en Francia, consideran que el daño que causa la circulación masiva de noticias falsas y desinformación debe ser corregido o atenuado y pretenden regularlo.
Todo hace prever que la visita de Facebook y Twitter al Congreso argentino se repetirá. Habrá que ver si su habilidad para gambetear se conserva o si los legisladores preparan los próximos encuentros con mayores recursos para que sus preguntas sean respondidas.