La familia de uno de los comisarios detenidos por la causa en la que se investiga el origen de sobres con dinero en la Jefatura Departamental de La Plata (que falleció en una celda en enero último), denunciaron en sede Penal y en la Procuración General bonaerense al fiscal del caso, Marcelo Martini y a la jueza de Garantía, Marcela Garmendia.
Así se desprende de la documentación a la que accedió Letra P.
Pero detrás de esta acusación, la familia sostiene que existe un “discurso cerrado” en torno al caso, por parte de Garmendia; del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo y de la gobernadora María Eugenia Vidal, para encubrir un homicidio.
Radiografía de un caso que empieza a salpicar a las altas esferas del poder político bonaerense.
El 19 de enero de 2017, el subcomisario Federico Jurado apareció muerto en su celda de la Unidad 9 de La Plata, donde había sido traslado dos semanas antes por orden de la jueza Garmendia. Según los análisis de peritos bonaerenses, se trató de un caso de “muerte natural”. Pero la familia descree de esa posibilidad y se basa en otros estudios periciales. Este capítulo de la trama aún no está cerrado, ya que se aguardan resultados periciales de Gendarmería Nacional.
Tras el hecho, el fiscal Martini abrió una investigación para determinar las causas del deceso. “Esa causa fue archivada dos veces, y logramos revertir la medida en ambos casos”, dijo Vanesa Jurado, hermana del policía, en entrevista con Letra P.
“Hemos consultado a especialistas y nos dijeron que a mi hermano lo mataron”, reveló la mujer.
“Hay una bajada institucional, es una causa con ribetes políticos que comenzó con querer limpiar a la policía y aumentar la imagen política de la gobernadora Vidal. Esto toca para arriba, pero en Argentina el hilo se corta por lo más fino y, en este caso, fue mi hermano”, sentenció Vanesa.
La mujer además recordó que tras el hecho “Ritondo salió a decir que era muerte natural, ahí cerraron filas”.
Para los denunciantes el fiscal Martini incurrió en los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato”, según se lee en los escritos presentados.
“Estaban presos para que se quebraran y hablaran. En Argentina nadie va preso para hablar, esa es una forma de tortura y eso está penado por el Código Penal, es un delito”, expresó Jurado.
La causa fue girada a la Unidad Funcional de Instrucción 2 de La Plata, a cargo de Betina Lacki, la misma funcionaria que tiene a su cargo la investigación a otro fiscal de La Plata: Fernando Cartasegna.
El juez de Garantías del caso merece un párrafo aparte. La magistrada en turno es Marcela Garmendia, la misma jueza que elevó la causa de los sobres policiales a juicio oral, pero fuentes judiciales adelantaron que la magistrada “deberá excusarse ya que es una de las señaladas en la denuncia”.
Daniel Mazzochini, abogado de la familia Jurado, adelantó que en los próximos días harán una ampliación de denuncia por “torturas psicológicas” contra el fiscal Martini. Como prueba de cargo utilizarán una serie de artículos periodísticos en los que el fiscal habría dicho que "el punto más importante de esta causa era que los detenidos se quebraran y hablaran. Y sobre todo los jefes superiores, que evidentemente sabían dónde iba la plata. Eso es lo que esperaba".
Esas declaraciones fueron realizadas luego de que la Sala V de Casación bonaerense dispuso la libertad de todos los involucrados. Tras la resolución el fiscal sostuvo: “Es una decisión de la Justicia que boicotea a la Justicia".