La ingeniería de la corrupción

Cómo operaba la banda de los contratos truchos en el Astillero Río Santiago

Según un fiscal, seis ex funcionarios –uno es hoy dirigente clave del PRO marplatense- hacían designaciones falsas. Crearon un circuito administrativo paralelo. Movían millones en camiones.

El fiscal de Delitos Complejos de Plata Jorque Paolini terminará de indagar este miércoles, cuando le tome declaración al ex presidente de Astillero Río Santiago Héctor Scavuzzo (62), a los seis ex funcionarios bonaerenses de esa empresa estatal y del Ministerio de la Producción -del que depende la planta naviera- detenidos en las últimas horas en el marco de la investigación de un millonario fraude en el pago de exorbitantes sueldos a personas que ni siquiera sabían que eran designadas.

 

Entre los imputados se encuentra Emiliano Giri (42), que hoy es un alto funcionario de la municipalidad de General Pueyrredón y armador político del PRO marplatense. El fiscal lo sindicó al considerarlo una pieza clave en la maniobra fraudulenta que asciende a los 16 millones de pesos en perjuicio del Estado bonaerense.

 

Giri fue el único de los detenidos que declaró este martes. Lo hizo durante tres horas, procurando desvincularse de las acusaciones en su contra.

 

El resto de los procesados se negó a declarar. A todos se los acusa de haber designado en altos cargos a personas sin su consentimiento para apoderarse de millonarias sumas de dinero. La fiscalía logró acreditar en el expediente 159 maniobras similares, con contratos por sumas de 20 mil a 30 mil pesos mensuales, por servicios en el Astillero.

 

El pedido de detención del fiscal Paolini al que tuvo acceso Letra P fue validado por el juez de garantías Fernando Mateos.

 

A partir de esa resolución se efectivizó la detención de los mencionados Scavuzzo -ex titular del Astillero (además ex intendente de Coronel Pringles)- y Giri – jefe de campaña del actual intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo (Cambiemos) y titular del Ente de Turismo de esa ciudad; Omar Andrés Ombrosi (37), ex jefe de Gabinete de Producción; Rodolfo Elisetch (59), ex coordinador de Sueldos; Oscar Borceiro (65), ex secretario de presidencia, y Julio Borovik (59), ex gerente general, estos tres últimos también del Astillero.

 

La fiscalía les imputó el delito de “peculado”, previsto en el artículo 261 del Código Penal, que castiga con penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua al “funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.

 

En el requerimiento de detención, el fiscal Paolini señaló que existen “indicios vehementes y semiplena prueba, de que al menos entre enero de 2012 y diciembre de 2013”, los imputados habrían cometido el fraude mediante la “liquidación de sueldos en contrato a plazo fijo a nombre de distintas personas que ignoraban tal circunstancia y que nunca trabajaron para el Astillero”, por la suma total de 16.100.478 pesos.

 

Paolini puntualizó que, una vez efectuada la liquidación, “las sumas correspondientes a los sueldos de estas personas eran retiradas mes a mes de la tesorería de Astillero y sustraídas por Elisetch”.

 

LA INGENIERÍA DE LA CORRUPCIÓN. “Para poder llevar a cabo esta maniobra, los imputados se valieron de la existencia de un circuito administrativo -diseñado unos meses antes de la asunción del ex presidente de la planta imputado- por el cual se concentraba la confección de los contratos y legajos y las liquidaciones de sueldos de personal superior en una única área”.

 

El dinero era llevado a la misma sede del Astillero en camiones de caudales del Banco Provincia: supuestamente iba destinado a los presuntos empleados que nunca habían sido bancarizados. En realidad, esas personas desconocían que habían sido designadas en el organismo.

 

Tras confirmar las detenciones, en diálogo con Letra P, el fiscal Paolini manifestó que “en el siglo XXI es inexplicable que el personal de la administración cobre en efectivo”, ya que el resto de la administración pública está bancarizada.

 

Paolini, quien en la mañana de este miércoles continuará con la indagatoria de Scavuzzo, añadió que “inexplicablemente se pagaban importantísimas sumas de dinero, cerca de dos millones de pesos mensuales, en efectivo, para lo cual debían trasladarse los fondos desde el Banco Provincia –en camión de caudales- hasta el Astillero, con el peligro de sustracción que ello conlleva”.

 

La causa se inició en 2013 cuando una mujer de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo y le informaron que había caducado debido a que su esposo aparecía cobrando cerca de 30 mil pesos mensuales en Astilleros.

 

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