Mediante el decreto 257/2015, el presidente Mauricio Macri determinó la suspensión de la implementación del nuevo Código Procesal Penal a partir del próximo 1 de marzo, al advertirse que su puesta en marcha en las actuales condiciones “pondría en grave riesgo la correcta administración de Justicia”.
Esta decisión surge a partir de una sugerencia realizada por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, que subrayó: “No se encuentran reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido”.
Por su parte, el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, justificó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que frenó la aplicación del nuevo Código Procesal Penal al sostener que "era imposible" su puesta en marcha y aseverar que "se quiso hacer de un día para el otro".
"Es una medida que anticipamos del primer momento. Hablamos con todos los actores del sector, todos eran coincidentes", explicó el funcionario, para quien "era imposible que el Código se empezara a implementar el 1 de marzo".
En declaraciones a radio Mitre, Garavano señaló que "el gobierno anterior intentó apurar procesos", ya que "quería poner en marcha un proceso que en otros países ha llevado entre seis y ocho años", por lo que cuestionó que "acá se quiso hacer de un día para el otro".