En el mismo caso, que investiga si Sarkozy y su entorno crearon una red de informadores que los mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político conservador, también fueron imputados su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.
Los tres tuvieron que declarar ante la policía judicial en calidad de detenidos, estatuto que ofrece la asistencia de un letrado, derecho al que renunció Sarkozy, abogado de profesión.
Los investigadores sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo.
De esa forma, nació el llamado “caso de las escuchas”, causa por la que Sarkozy se enfrenta a cargos preliminares en una investigación vinculada a las acusaciones que indican que recibió 50 millones de euros (67 millones de dólares) en fondos ilegales de campaña procedentes del ex líder libio Muammar Khadafi.
La familia política del jefe del Estado francés entre 2007 y 2012, afirmó que la medida judicial responde a un plan de caza y derribo que se activa cada vez que Sarkozy amaga con regresar a la política.
Sarkozy planteaba anunciar su retorno tras el verano, además de cambiar el nombre de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido que le llevó al Palacio del Elíseo.
Sarkozy ya había sido temporalmente imputado por el caso Bettencourt, que pretende esclarecer si la multimillonaria heredera de L’Oreal financió ilegalmente su campaña presidencial, como se sospecha de Khadafi.