Se trata de la construcción del complejo hidroeléctrico Chihuido que implicará una inversión equivalente a US$ 2.103 millones y que la administración kirchnerista quiere adjudicar en el inicio del segundo semestre del año.
La presentación de los sobres 1 (antecedentes técnicos y económicos) y 2 (oferta y financiamiento) estaba agendada inicialmente para esta semana. Pero, por una cuestión administrativa y la actualización del presupuesto de referencia de diciembre de 2013 que debieron efectuar los funcionarios de Planificación para incorporar el impacto de la devaluación y del salto inflacionario de los últimos meses, la nueva fecha de recepción de las ofertas se trasladó al 29 de mayo.
De algo más de $ 12.000, el nuevo presupuesto orientativo que establecieron las autoridades nacionales trepó ahora, sin contar el IVA, a casi $ 15.000 millones.
La pelea por esta central hidroeléctrica– que se asentará en la provincia de Neuquen y que forma parte del ambicioso “megaplan” de 15 grandes obras de infraestructura que el Gobierno pretende adjudicar antes de diciembre de 2015 – quedó planteada entre cuatro consorcios de empresas nacionales y extranjeras.
Uno de los grupos oferentes está conformado por la local Electroingeniería y el holding chino Gezhouba. Esta sociedad se quedó el año pasado con la megaobra de las represas santacruceñas “Jorge Cepernic y Néstor Kirchner” que, a valores actuales, le costará al Estado unos US$ 4.700 millones. La clave para ganar esa licitación fue el financiamiento del banco chino CDB que cubrió el 85% del costo total del proyecto.
Un segundo grupo lo integran el gigante chino Sinohydro asociado con la constructora local CPC que pertenece al imperio empresarial de Cristóbal López. Con una participación minoritaria aparece la compañía puntana Rovella Carranza que, según sostienen varios empresarios del sector, tendría una estrecha y directa relación con el grupo económico de la familia Rodríguez Saa.
El tercer consorcio en carrera reúne a las empresas rusas Inter Rao y Power Machines y a las constructoras domésticas Helport (del grupo Eurnekian), Panedile, Isolux y Chediack.
Y por último, el cuarto anotado para la competencia está liderado por la empresa local IMPSA (Pescarmona) que llevaría como socias a firmas brasileñas.
En principio, no serían de la partida en esta contienda licitatoria: Austral Construcciones, del empresario K y socio de la familia presidencial, Lázaro Báez; Iecsa, la compañía que conduce el sobrino de Franco Macri, Angelo Calcaterra y el grupo Roggio.
Para esta licitación, el ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido armó un pliego que contiene tres condiciones significativas. En primer lugar, los consorcios deberán tener un mínimo de 30% de participación de compañías locales. En segundo término, tendrán que aportar un financiamiento estatal o privado que cubra, como mínimo, el 85% del valor total de la obra y que los créditos sean a 15 años de plazo y con un período de gracia que llegue a 2019. Y en tercer lugar, aquellos grupos que arrimen una financiación por el 100% del proyecto correrán con ventaja en la evaluación final de las ofertas.
La construcción de la usina –que tendrá una potencia instalada de 637 Megavatios y aportará 1.750 Gigavatios/hora de energía media anual al sistema eléctrico nacional— será para la “oferta más conveniente” que contenga “la mayor financiación, las tasas de interés más bajas y las mejores condiciones de repago”.
