El gobierno marplatense concesionó tres playas del sur del distrito. El Concejo Deliberante aprobó los contratos y las obras. Ambientalistas se oponen.
Mar del Plata: las playas del sur, en Chapadmalal, están en disputa
El fiscal penal de Mar del Plata, Luis Alberto Ferreyra, citó a declaración indagatoria al activista ambiental Kanki Alonso, quien está imputado por liderar a un grupo de personas que intrusaron las instalaciones de Playa Redonda, ubicada sobre la ruta provincial 11 en Chapadmalal, en el partido de general Pueyrredón.
Grupos organizados resisten el desarrollo de tres playas públicas que licitó el Ejecutivo municipal y aprobó el Concejo Deliberante local. Se trata de las concesiones públicas de las playas Redonda, Santa Isabel y Dorada, que implican una inversión privada de más de $5000 millones y la creación de aproximadamente 700 puestos de trabajo directos.
A Alonso lo investiga la justicia por presunta “turbación de la posesión o tenencia de un inmueble”, en referencia a las instalaciones construidas por las concesionarias de playa Redonda.
Según consta en la causa, la fiscalía advirtió que “existen motivos suficientes para sospechar” que Alonso y activistas rompieron el candado de la tranquera de acceso al predio, colocaron pancartas y dejaron ramas y escombros con el objetivo de obstruir el ingreso de quienes trabajan y de las maquinarias con las que se está desarrollando el lugar.
Antes de retirarse, el grupo de manifestantes cerró con una cadena y un candado nuevos. Las empresas desarrolladoras advierten que los activistas "resisten y frenan la entrega de la playa concesionada".
Alonso es un orfebre marplatense que se presenta como integrante del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur. Ahora la Justicia penal investiga si las acciones de los ambientalistas constituyen un delito.
La concesión la ganó la firma Santiago de Compostela 1943 S.A., que comprometió una inversión de $2521 millones para el desarrollo turístico de bajo impacto ambiental y preservación de la condiciones del ecosistema natural de la playa.
La empresa ganó la licitación que realizó el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) a cambio de un canon anual de $90 millones.
El movimiento ambientalista enfrenta el plan de concesiones para el desarrollo de las Unidades Turísticas Fiscales (UTFs) que diagramó la Municipalidad de General Pueyrredón para las playas del sur del distrito.
Las inversiones de las empresas adjudicatarias que boicotean los activistas están direccionadas a la construcción de paradores sustentables, módulos gastronómicos, accesos vehiculares y mejoras edilicias.
Los contratos de cada una de las playas y lugares concesionados obligan al adjudicatario a cumplir con pautas explícitas, como pagar un canon anual al municipio.
También está entre las exigencias contractuales garantizar el libre acceso público a la costa, reservar espacios libres de instalaciones y mantener la infraestructura de servicios abierta a la comunidad.
“Los activistas organizan acciones terroristas, toman terrenos, injurian y generan medidas ilegales”, afirmó un empresario marplatense del sector turístico a Letra E, y agregó: “Ellos se amparan en preceptos ambientalistas genuinos que apoyamos todos, fundamentalmente quienes estamos invirtiendo en la ciudad y firmamos contratos públicos”.
El empresario aseguró que “las acciones ambientalistas frenan inversiones en toda la zona sur de Mar del Plata”.
En la localidad de Chapadmalal, la empresa Exos ganó la licitación para el desarrollo de la playa Santa Isabel. La concesión es por 20 años, con la obligación de un canon anual de $62 millones y el compromiso de invertir más de $1236 millones en obras de infraestructura.
La tercera concesión es Playa Dorada, de la desarrolladora Homs, que ganó la licitación por un canon anual de $70 millones y comprometió una inversión en obras e infraestructura de más de $2018 millones. El plan de inversión incluye servicios de alojamiento, salud, gastronomía y áreas para actividades artísticas y deportivas.
Las playas de Chapadmalal se valorizaron durante la pandemia de COVID-19, y el desarrollo de los servicios para sostener el crecimiento del sector turístico y de la población estable que se sumó a la región comenzó a generar roces con vecinos establecidos en el lugar hace muchos años, que resisten la evolución económica y de la infraestructura que implica el mayor interés privado que generó el destino turístico.
El nombre Chapadmalal es un vocablo mapuche que quiere decir “corral pantanoso”. Esa zona está ubicada a menos de 40 minutos en auto del centro marplatense.
El corredor sur, desde el Faro hasta la localidad de Miramar, se transformó en objeto de grandes proyectos de inversión, y todo ese potencial está amenazado por activistas aislados.
El empresariado asegura que “hay cinco proyectos de barrios privados, como los que ya existen en toda la provincia de Buenos Aires, pero están frenados por denuncias que no se saben de dónde salen”.
Los proyectos turísticos incluyen hoteles, cabañas, propuestas gastronómicas y también el desarrollo de barrios cerrados y complejos residenciales.
Todos ellos, según fuentes municipales, cuentan con controles medioambientales que permiten preservar el paisaje y las condiciones naturales.
Las cámaras empresarias inmobiliarias y turísticas de Mar del Plata y la región se unieron para manifestar su preocupación y reclamar por las acciones de los activistas que “frenan el desarrollo de inversiones que son amigables con el medio ambiente”.
El turismo y su cadena de valor actúan como el verdadero motor económico que tracciona fuertemente el producto bruto marplatense; la actividad turística genera de manera directa en Mar del Plata casi 50.000 puestos de trabajo.
La ciudad de la costa atlántica recibe de forma regular entre 6,6 y 8,8 millones de turistas anuales; por este motivo, la salud financiera del distrito está indisolublemente atada a la vitalidad del sector turístico.
