El Gobierno impulsa que la contribución deje de ser obligatoria. Las 25 entidades de la provincia bancan el financiamiento del IPCVA y piden más transparencia.
Las sociedades rurales de Santa Fe tomaron posición ante la intención del Gobierno de volver voluntario el aporte al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). La mayoría decidió defender la obligatoriedad, pero el respaldo vino acompañado por un reclamo de fuerte renovación interna del organismo.
“Si pasa a ser voluntario, sabemos que nadie lo va a pagar y el instituto directamente va a desaparecer”, afirmó Berardo Vignatti, presidente de la Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe (CARSFE).
La discusión comenzó semanas atrás, cuando el Gobierno puso sobre la mesa un proyecto para desregular la obligatoriedad del aporte que realizan productores e industria al IPCVA.
Actualmente, cada vez que un ganadero vende una jaula de animales a un frigorífico se le realiza un descuento que luego es transferido al organismo. A ese financiamiento se suma otro porcentaje aportado por la industria cárnica.
El planteo abrió diferencias dentro de CARSFE. Según explicó Vignatti, la discusión fue llevada a cada una de las sociedades rurales para que fuera debatida con sus asociados antes de fijar una posición provincial.
Tras la deliberación, las asociaciones representantes del campo resolvieron defender la obligatoriedad del aporte, bajo la premisa de que un esquema voluntario terminaría quebrando al organismo.
“Nosotros entendemos que, si el Instituto no es financiado por los productores y la industria, directamente desaparece”, sostuvo Vignatti.
Para CARSFE, lo que está en juego excede la continuidad administrativa del IPCVA. El instituto participa en la apertura y el sostenimiento de mercados internacionales y lleva a empresas argentinas a ferias en las que se concretan negocios para la cadena cárnica.
“A través del Instituto participan las grandes empresas, pero también muchas medianas y pequeñas que, de no existir esta estructura, no tendrían la capacidad para poder salir a buscar ese tipo de mercados”, explicó el dirigente.
Según Vignatti, la pérdida de esa herramienta podría favorecer una mayor concentración del negocio exportador. “Donde se concentra el mercado, el precio termina siendo regulado por unos pocos y después quien paga ese problema es el último eslabón de la cadena, que termina siendo el propio productor”, advirtió.
De todos modos, la defensa del aporte obligatorio no implica conformidad con el funcionamiento actual del instituto. De hecho, en ese punto la posición de las rurales santafesinas fue más contundente.
“Una cosa es el objetivo para el cual fue creado el IPCVA, que está muy claro y que necesitamos. Otra cosa es su funcionamiento”, diferenció Vignatti. Y cuestionó: “Hoy no es el mejor momento y no hay transparencia en muchos de los manejos que hace el instituto”.
En ese terreno no hubo diferencias internas. Las 25 sociedades rurales coincidieron en reclamar un cambio importante dentro del organismo.
“Estamos de acuerdo en que el Instituto necesita una renovación interna total para llevar mayor transparencia a su funcionamiento”, sostuvo el titular de CARSFE.
“Podríamos preguntarle a otras cadenas, como la porcina, la avícola o la láctea, que no tienen ningún instituto que las ayude en su comercio internacional”, sostuvo Vignatti para marcar una de las principales diferencias que, a su entender, justifican la continuidad del IPCVA.
El dirigente puso especialmente el foco en la cadena láctea y en las dificultades que enfrenta para encontrar mercados donde colocar una producción.
“Le está pasando hoy a la propia cadena de la leche. Santa Fe y la Argentina están en un pico de producción y hoy no tienen mercados donde colocarla. Eso hace que baje el precio en la Argentina”, explicó.
La definición santafesina coincide temporalmente con otra discusión que atraviesa al mapa gremial agropecuario: la interna de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que tendrá elecciones el 9 de septiembre.
Allí, un sector impulsa la continuidad del actual presidente, Nicolás Pino, que sostiene una estrategia de diálogo con el gobierno de Javier Milei.
Del otro lado, su vicepresidente Marcos Pereda encabeza una propuesta de renovación y reclama mayor independencia de la entidad frente al poder político, además de cuestionar la falta de resultados concretos para el sector.
Sin embargo, la posición sobre el IPCVA en Santa Fe poco influye en esa disputa. El motivo: CARSFE no integra la estructura de la Sociedad Rural Argentina, sino que es parte constitutiva de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el espacio nacional al que está vinculada desde hace más de ocho décadas.
