El Gobierno de Axel Kicillof cruzó a Milei por Malvinas: "Fan de Thatcher" y "oportunista"
Bianco hizo un descargo en Twitter y el gobernador lo reposteó. Cuestionó la demora de 267 días del Presidente para actuar contra un proyecto petrolero en el Atlántico Sur.
El Gobierno de Axel Kicillof cruzó al presidente Javier Milei tras la cadena nacional por Malvinas. En un extenso mensaje en su cuenta de Twitter reposteado por el gobernador, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó al primer mandatario como “fan de Thatcher” y “oportunista” por haber "demorado 267 días en actuar" contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas y Rockhopper en la Cuenca Malvinas Norte.
Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P.
El planteo bonaerense toma como punto de partida el 10 de diciembre de 2025, cuando Navitas y Rockhopper anunciaron su decisión final de inversión para explotar hidrocarburos en el área. La administración provincial sostiene que denunció desde ese momento el proyecto, al que considera ilegítimo por desarrollarse sin autorización argentina en una zona sometida a la disputa de soberanía.
Durante los meses posteriores, de acuerdo con el cuestionamiento, las compañías avanzaron con una inversión prevista de US$1800 millones, cerraron el esquema de financiamiento e iniciaron obras en las islas. También prepararon el buque destinado a la producción, con una capacidad inicial estimada en 50 mil barriles diarios y una eventual ampliación hasta 180 mil. El comienzo de la extracción está previsto para 2028.
267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista. Todo ese tiempo transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion, en la Cuenca…
Sea Lion y la Ley 26.659 contra la explotación en Malvinas
Uno de los principales argumentos de la crítica apunta a que la Argentina ya contaba con herramientas legales para intervenir. La Ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina y contempla inhabilitaciones de hasta 20 años para las empresas que incumplan esas disposiciones.
El antecedente directo se remonta a 2022. Ese año, el Estado argentino aplicó la normativa contra Navitas y dispuso su inhabilitación por un plazo de 20 años. Por ese motivo, el planteo bonaerense pone el foco sobre el tiempo transcurrido antes de una nueva decisión administrativa vinculada con una iniciativa que continuó su desarrollo durante casi nueve meses.
La acusación también sostiene que la administración de Milei no impulsó medidas capaces de afectar los intereses asociados al proyecto, tanto frente al Reino Unido como frente a Israel. El cuestionamiento incluye además la falta de acciones contra aseguradoras, proveedores, financistas y mercados bursátiles que, según esa posición, forman parte del entramado económico necesario para concretar la explotación.
Milei activó este jueves una estrategia para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas
A la modificación de la ley N° 26.659, se sumará la instalación de una base naval integrada en Tierra del Fuego.
Malvinas: las críticas a Milei y la estrategia por el Atlántico Sur
En ese marco, Bianco calificó como tardía y oportunista la reacción de la administración libertaria. La crítica vinculó la demora con las expresiones de admiración de Milei hacia Margaret Thatcher, la recepción de Boris Johnson en la Casa Rosada y el pacto Mondino-Lammy, señalado por sus detractores como una instancia de cooperación con la potencia que ocupa las islas.
El planteo bonaerense propone que la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur se apoye en una estrategia que combine instrumentos legales, políticos, diplomáticos y económicos. Esa posición reclama anticipar los avances vinculados con la explotación de recursos naturales y utilizar las facultades del Estado para elevar los costos de las actividades que la Argentina considera ilegales.
La propuesta también mira hacia diciembre de 2027 y plantea modificar la política nacional frente a la disputa por las Islas Malvinas. Entre los objetivos mencionados aparecen romper el actual statu quo, debilitar el entramado económico y comercial que sostiene la ocupación británica y aumentar la presión bilateral, regional e internacional sobre el Reino Unido para reclamar el cumplimiento del derecho internacional.