La defensa del ex ministro de Planificación federal, Julio De Vido, criticó “la presión” que ejerce el Gobierno sobre los jueces para que su defendido no sea liberado en el marco de la causa por los Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
“En democracia nunca hemos vivido esta presión sobre la Justicia. Hay una actuación vergonzosa, partidista e inmoral presionando jueces", afirmó el abogado Emiliano Rusconi en declaraciones a Radio Cooperativa.
Además, el letrado recordó que el ex funcionario del gobierno kirchnerista “fue detenido antes de ser indagado" y aseveró que eso "es algo que no sucede casi nunca en la Justicia".
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"El desafuero se votó a ciegas. La sensación es de un abandono selectivo", subrayó el letrado.
Por otra parte, se quejó de que la Oficina Anticorrupción en lugar de "controlar la transparencia del Gobierno en tiempo real" está "trabajando como nunca a tono con el Gobierno".
De esta manera, se refirió a la decisión de la OA de apelar el apartamiento del fiscal federal Carlos Stornelli de la causa por Yacimientos Carboníferos Río Turbio y sostuvo que el juez del caso, Luis Rodríguez, debe dejar la investigación.
En un escrito presentado ante este magistrado, la querellante en la causa cuestionó la decisión del juez de desplazar al fiscal y pidió que se aparte, según anunció su titular, Laura Alonso, a través de la red social Twitter.
Stornelli fue apartado de la causa en la que está detenido el ex ministro de Planificación a pedido de otro de los acusados, el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta.
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La recusación de un fiscal no es apelable, por lo cual si Rodríguez rechaza las presentaciones sólo quedará presentarse con un recurso de queja directo ante la sala II de la Cámara Federal porteña.
Esa sala del Tribunal de Apelaciones fue la que ordenó a Rodríguez detener a De Vido cuando el magistrado rechazó un pedido al respecto que le había hecho Stornelli.
Ahora sus integrantes, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tienen a estudio las apelaciones presentadas por los demás procesados del caso, entre ellos Baratta, contra sus procesamientos por el multimillonario fraude en el uso de fondos públicos que debían destinarse a reconvertir YCRT y fueron desviados, según la acusación fiscal.