Se palpitaba una elección caliente, pero lo que finalmente sucedió en Tucumán superó cualquier desenlace previsible. Juan Manzur, del Frente para la Victoria (FPV) y José Cano, del frente Acuerdo para el Bicentenario (APB), se disputaban la sucesión de José Alperovich. A tres semanas de los comicios y 34 días hábiles del vencimiento del mandato del gobernador, el proceso político se encuentra judicializado y el nombre del próximo jefe del Ejecutivo provincial sigue siendo una incógnita.
Los primeros carpetazos que sacudieron la veda fueron el viernes anterior a la apertura de los comicios. A través de dos fallos, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo golpeó al FPV al separar a dos funcionarios de la Junta Electoral, Edmundo Jiménez y Beatriz Bordinaro de Peluffo, e impugnar la candidatura del senador kirchnerista Sergio Mansilla por considerarla contraria a la Constitución provincial.
El 23 de agosto estaba todo listo para que más de un millón de tucumanos eligieran a su próximo gobernador, 49 legisladores, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados rurales. Pero lo que se suponía debía ser una jornada tranquila, terminó en escándalo. 42 urnas quemadas y completamente destruidas, un camarógrafo que terminó hospitalizado luego de sufrir un ataque por parte de supuestos punteros políticos, un gendarme herido y varios focos de conflicto que requirieron el uso de balas de goma y gases lacrimógenos, fueron el saldo de unos comicios escandalosos. Y la antesala de un conflicto cuya escalada todavía no termina.
El día después de la elección, el escrutinio provisorio daba como ganador al candidato oficialista Juan Manzur por 14 puntos de diferencia respecto de José Cano. El candidato radical pidió la impugnación del recuento provisorio y convocó a una marcha en la Plaza Independencia con el fin de rechazar el resultado y denunciar un supuesto fraude. Poco después de las 22 un grupo de manifestantes intentó ingresar a la Casa de Gobierno de la provincia y la policía respondió con balas de goma y gases lacrimógenos. El saldo fue de doce personas hospitalizadas y varios heridos con balas de goma, además de cuatro detenidos.
“Esto no puede volver a suceder en la próxima elección. Tenemos una profunda preocupación por lo sucedido”, dijo Mauricio Macri el 26 de agosto. A su lado estaba José Cano, pero también Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Ernesto Sanz. Fue la primera –y hasta ahora única– foto conjunta de los principales candidatos presidenciales opositores. La elección ya estaba nacionalizada y el oficialismo no lograba elaborar una respuesta que le permitiera tomar el centro del ring.
Un nuevo elemento se sumó a las denuncias de fraude de la oposición: los telegramas enviados desde el Correo Argentino a la Justicia Electoral. José Cano aseguró en aquel entonces que contaba con el testimonio de dos funcionarios que habían sido testigos de “una serie de estrategias y anormalidades y planificación de modificar los resultados”. Esa denuncia terminó sumada al pedido de nulidad de los comicios que el dirigente radical presentó cuatro días más tarde.
Curiosamente, la primera fuerza en presentarse formalmente a la justicia tucumana para pedir la nulidad de todo el acto eleccionario no fue el Acuerdo para el Bicentenario, sino los partidos MST-Nueva Izquierda y el frente Alternativa Popular de Tucumán. Si bien ninguna de las dos fuerzas superó el uno por ciento de los votos y la denuncia tuvo escasa repercusión, las fuerzas de izquierda se adelantaron por varios días a la principal fuerza opositora y el 1 de septiembre sentaron el primer precedente judicial. “Consideramos que la Junta Electoral ha manifestado parcialidad y ha sido en parte encubridora del fraude”, dijo la candidata a concejal Lita Alberstein.
El Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), que mandó veedores a supervisar la elección en Tucumán, hizo público un lapidario informe sobre cómo se desarrollaron los comicios. Aunque, como dijo Lisandro Sabanés a Letra P, no pudieron verificar un fraude “en el sentido estricto del término”, sí dieron testimonio de gran cantidad de irregularidades. Cuartos oscuros que no cumplían su función, acarreo de votantes en vehículos con identificación partidaria y falta de fajas de seguridad oficiales para las urnas fueron algunas de las observaciones del informe.
El 4 de septiembre el Acuerdo para el Bicentenario finalmente fue a la justicia y presentó un amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán para pedir la nulidad completa de las elecciones. Además, intentó suspender el escrutinio definitivo a través de una medida cautelar. “Hay elementos contundentes para demostrar que hubo un proceso fraudulento tendiente a violentar la voluntad popular expresada en las urnas”, sostuvo el candidato a gobernador radical.
En el primer fallo relativo a las denuncias sobre los comicios, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó a la Junta Electoral que se abstenga de proclamar un ganador al finalizar el escrutinio definitivo, y que preserve las urnas hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Si bien la medida no suspendió el recuento, tal como solicitó el Acuerdo para el Bicentenario, la situación institucional quedó comprometida dada la cercanía del vencimiento del mandato de José Alperovich.
Como elemento de prueba para agregar a su denuncia, la oposición solicitó los videos de las cámaras de seguridad que controlaban el ingreso de urnas a la Junta Electoral. En un informe, la empresa prestadora advirtió que una gran parte de los archivos de video se encuentran dañados debido a las “numerosas reconexiones que tuvo el disco [rígido], por los cortes de corriente sufridos”. Ante esa información, José Cano anunció durante el mediodía del jueves que su fuerza retiraba a los fiscales del escrutinio definitivo por considerar que la Junta Electoral “no garantiza en absoluto la transparencia”.