La minería intenta encontrarle una salida a la retirada del Estado en las obras públicas: provincias y empresas adelantan regalías, crean fideicomisos y pactan mecanismos especiales para financiar rutas, líneas eléctricas e infraestructura clave. La estrategia busca sostener proyectos en marcha ante la falta de recursos nacionales y las restricciones para tomar deuda.
Para acelerar plazos, las empresas privadas optan por adelantar capital fiscal destinado a despejar los cuellos de botella. La alternativa no es nueva. Desde 2015, Catamarca tiene un fideicomiso financiado por la minera Livent para obras de infraestructura en el área de influencia del proyecto Fénix; Salta desarrolló infraestructura energética con aportes de varias empresas mineras; y en Jujuy, Cauchari-Olaroz incorporó a su inversión caminos, una línea eléctrica, gasoducto y acueducto.
El reciente acuerdo de Vicuña con el gobierno de San Juan aparece ahora como una versión más sofisticada de esa lógica.
La mina llega antes que la infraestructura. Los grandes proyectos tienen los permisos, el financiamiento y el mineral, pero todavía necesitan caminos capaces de soportar maquinaria pesada, electricidad para la construcción y la operación, agua, gas y corredores para trasladar insumos y posteriormente exportar la producción.
El antecedente que sienta jurisprudencia en la minería argentina lo encabeza el gobierno de Marcelo Orrego y el joint venture Vicuña Corp., integrado por Lundin Mining y BHP para desarrollar Josemaría y Filo del Sol. Mediante un convenio que fija compromisos en torno a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la empresa desembolsará u$s 250 millones fijos durante 2026 en concepto de adelanto no reembolsable.
El mecanismo contempla la creación de un fideicomiso mediante el cual la provincia licitará y ejecutará las obras viales, hídricas y de conectividad eléctrica. A su vez, el entendimiento contempla una contribución adicional del 1,5% de las ventas brutas a partir del sexto año de operación para obras de infraestructura y fija las regalías provinciales en un 3% sobre la facturación.
“Proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo. Este acuerdo representa un paso importante para seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo del Proyecto Vicuña, brindando mayor certeza tanto para la inversión como para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia”, afirmó Ron Hochstein, ceo de Vicuña Corp.
Para la compañía, la infraestructura es parte de las condiciones necesarias para movilizar maquinaria, trabajadores, insumos y posteriormente sacar la producción. Por eso el mecanismo permite que una parte del financiamiento aparezca antes de la etapa productiva, cuando todavía no existen regalías provenientes de la explotación.
El acuerdo todavía debe ser aprobado por la Legislatura provincial para convertirse en ley.
Uno de los destinos definidos por San Juan es la intervención de la ruta nacional 40 Norte entre Albardón y Jáchal. El proyecto contempla 143 kilómetros divididos en tres sectores, con soluciones diferentes según cada tramo.
Entre Albardón y Villicum se proyecta una doble calzada de 12 kilómetros, con dos carriles por sentido y divisor central. Entre Villicum y Talacasto, otros 39 kilómetros mantendrán calzada simple pero incorporarán terceras trochas en sectores estratégicos, además de alcantarillas y defensas. El tramo entre Talacasto y San Roque, de 92 kilómetros, tendrá alteos, nuevas alcantarillas y defensas.
La obra no está planteada exclusivamente para la minería. El propio gobierno provincial presentó la iniciativa como un corredor para producción, comercio, turismo, transporte y conexión con el Paso Internacional de Agua Negra.
El gobernador Orrego puso el foco en el deterioro actual del corredor: “Una de las obras más importantes es la ruta 40 Norte, fundamental para la producción. La ruta está destruida. Con esto avanzamos con el potencial de los departamentos más alejados”, aseguró.
Los grandes proyectos mineros de la Cordillera requieren importantes volúmenes de energía y, en algunos casos, nuevas líneas de transmisión.
La discusión por la línea de alta tensión Nueva San Juan-Rodeo expuso ese problema. Una resolución del organismo regulador eléctrico dejó asentado que Vicuña podía reservar capacidad mediante aportes o construcción de infraestructura propia. En el expediente también aparece el reclamo de Los Azules, de McEwen Copper, por la asignación de capacidad de esa línea.
Sin embargo, en el sector coinciden en la urgencia del problema de fondo: “Infraestructura hace falta. Mejoras en las rutas, líneas eléctricas, trenes, etcétera, porque se están viendo los cuellos de botella. Tener rutas en buen estado, suministro de energía, tren que pueda sacar la producción por el puerto favorece a todos los proyectos”, dijeron a este medio.
El caso de Los Azules se introduce una diferencia importante. Según la información que pudo obtener Letra E, la empresa no recibió hasta ahora una propuesta del gobierno de San Juan para replicar el esquema de Vicuña. Una contribución de ese tipo no está contemplada actualmente en su estudio de factibilidad ni en su proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La mayoría de los proyectos identifican como beneficios fundamentales las mejoras de rutas, líneas eléctricas y eventualmente ferrocarriles para sacar producción hacia los puertos.
La diferencia es que cada proyecto tiene una ingeniería, ubicación, escala, cronograma de producción y estructura de ingresos propia. Por eso, el acuerdo Vicuña no constituye automáticamente un mecanismo general aplicable a todas las compañías.
En 2015 la provincia de Catamarca y Minera del Altiplano —operadora de Fénix, entonces Livent— constituyeron el Fideicomiso Salar del Hombre Muerto para financiar infraestructura física en la provincia, especialmente en las comunidades vinculadas al área de influencia del proyecto.
El mecanismo permitió financiar, entre otras obras, los puentes sobre los ríos El Bolsón y Cura Quebrada. En 2022, la provincia informó que esas obras habían sido financiadas por Livent mediante el fideicomiso y que se había firmado además el contrato para la obra básica y pavimentación de la ruta provincial 43.
El modelo continúa vigente. En septiembre de 2026, el comité del fideicomiso informó que se ejecutan obras de energía y saneamiento y que se encuentran en preparación otros proyectos. Los fondos provienen de aportes de Livent equivalentes al 1,2% de su facturación.
En la Puna salteña aparece otra modalidad. En 2024, el gobierno provincial informó que Eramine, Bórax y Livent financiaban junto con REMSa la construcción de una planta compresora en Río Las Burras, destinada a aumentar la capacidad de transporte del Gasoducto de la Puna y mejorar las condiciones energéticas para los proyectos mineros.
La inversión informada fue de u$s 40 millones y la obra incorporó 11.000 metros de cañerías y unos 28.000 metros de cable.
El Gasoducto de la Puna, además, tiene una función que excede a una sola empresa: REMSa lo define como una infraestructura destinada a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de la Puna y, al mismo tiempo, generar las condiciones para el desarrollo minero y la radicación de nuevas industrias.
En Jujuy, Cauchari-Olaroz muestra otra variante. Un relevamiento oficial de infraestructura minera consignó que el proyecto incorporó dentro de su inversión obras de accesos y caminos internos, una línea y subestación eléctrica, un gasoducto y un acueducto.
Los montos informados para esas obras fueron de u$s 14,9 millones para accesos y caminos, u$s 16,4 millones para la línea y subestación eléctrica, u$s 7,3 millones para el gasoducto y u$s 22,1 millones para el acueducto.
No es un fideicomiso provincial como Catamarca ni el mecanismo de Vicuña. Es otra forma de resolver el mismo problema: la empresa incorpora infraestructura indispensable para hacer viable su proyecto dentro de su propia inversión.
