Ahora sí, el Gobierno pudo pasar el beneficio a las distribuidoras que había buscado en dos ocasiones previas, junto con el recorte de subsidios gasíferos.
El Gobierno finalmente consiguió aprobar un mecanismo que había intentado incorporar dos veces sin éxito: primero en la Revisión Quinquenal Tarifaria de Edenor y Edesur, después en el Presupuesto. La nueva norma de energía convirtió ese reconocimiento en una compensación de deudas por más de u$s 1800 millones y sumó a las distribuidoras del interior.
Eclipsada por la polémica que generó el recorte de los subsidios gasíferos para las zonas frías, la norma sancionada por el Senado contiene una medida clave para las distribuidoras eléctricas que mantienen deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa).
Junto con la reducción de subsidios al gas que alcanzará a 3,3 millones de hogares, la ley introdujo un mecanismo de compensación mediante el reconocimiento de los llamados "activos regulatorios", que permitirá cancelar obligaciones reprogramadas con Cammesa.
La diferencia respecto de los intentos anteriores es política además de técnica. Antes de quedar plasmado en esta ley, el beneficio había sido rechazado cuando se buscó incorporarlo a la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) aprobada a principios de 2025 para Edenor y Edesur, y tampoco prosperó en el proyecto de Presupuesto. Ahora el Gobierno amplió el alcance del mecanismo a las distribuidoras del interior, una incorporación que ayudó a conseguir el respaldo de varias provincias.
La letra chica despejó el camino para que las distribuidoras del AMBA y del resto del país compensen las diferencias entre los ingresos que habrían obtenido si se hubieran aplicado plenamente sus contratos de concesión y lo que efectivamente percibieron durante los años de congelamientos y ajustes parciales impuestos por las leyes de emergencia desde 2001.
La Secretaría de Energía deberá determinar esas diferencias actualizadas y, una vez fijados los montos, Cammesa aplicará el crédito exclusivamente a la cancelación de las obligaciones que las distribuidoras mantienen por la compra de energía en el mercado mayorista.
Para acceder al beneficio, las empresas deberán tener sus deudas dentro del régimen de regularización vigente y renunciar a cualquier reclamo judicial o administrativo vinculado con las emergencias tarifarias.
El esquema también alcanza a las transportistas eléctricas, que podrán utilizar esos créditos para cancelar multas y penalidades derivadas de incumplimientos en la prestación del servicio.
Según el último informe de la Jefatura de Gabinete al Congreso, las deudas alcanzadas por la compensación suman u$s 1842 millones.
La principal beneficiaria sería Edenor, controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, con una deuda reprogramada de u$s 438 millones. Ese monto equivale a casi el 60% de los u$s 780 millones que la empresa acordó pagar para quedarse con el control de Metrogas.
La segunda beneficiaria es Edesur, del grupo italiano Enel, con una deuda de u$s 343 millones.
En tercer lugar aparecen las distribuidoras Eden, Edes y Edea, del grupo DESA que encabeza Rogelio Pagano, con una deuda conjunta de u$s 304 millones.
Luego siguen Secheep, la empresa estatal chaqueña, con u$s 125 millones; Edelap, con casi u$s 121 millones; la riojana Edelar, con u$s 119 millones; la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, con u$s 63 millones; la misionera EMSA, con u$s 58 millones; la salteña EDESA, con u$s 50 millones; y la mendocina Edemsa, controlada por Manzano y los hermanos Vila, con u$s 23 millones.
La compensación también alcanza a unas veinte cooperativas eléctricas bonaerenses, que adeudan cerca de u$s 60 millones.
Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde la Comisión de Usuarios Residenciales del Ente Regulador Eléctrico (Cuenre).
Las diez entidades que integran ese espacio sostienen que la medida "va camino a consolidar una transferencia multimillonaria de recursos públicos hacia empresas concesionarias privadas sin un proceso judicial pleno que determine la existencia, magnitud y legitimidad del supuesto daño económico alegado".
También advierten que resultaría "muy grave" reconocer compensaciones retroactivas a empresas que acumularon cortes de suministro, deterioro de infraestructura, incumplimientos de inversión y deudas con Cammesa mientras continuaban cobrando la totalidad de las facturas a los usuarios.
Las entidades recordaron que todavía sigue en trámite la acción judicial de lesividad impulsada por el Estado contra el acuerdo de regularización de deudas firmado con Edenor y Edesur en 2019.
Además remarcaron que los llamados activos regulatorios "no constituyen actualmente una obligación cierta ni definitiva del Estado", ya que su legitimidad continúa siendo discutida en la causa 1049/2026.
Entre sus principales objeciones también sostienen que los ingresos de las distribuidoras forman parte de una remuneración regulada vinculada a la calidad efectiva del servicio y que no pueden transformarse retroactivamente en un crédito indemnizable por períodos en los que la prestación fue deficiente.
Finalmente, alertan sobre un posible efecto dominó: si prospera este reconocimiento, otros sectores regulados podrían reclamar compensaciones similares por ingresos no percibidos durante los años de vigencia de las leyes de emergencia económica.
