Alcaldes de todas las fuerzas advierten que no tienen recursos para alimentos, remedios ni patrulleros. Piden auxilio a Milei, Kicillof y la Legislatura.
La situación económica en los municipios de Buenos Aires es caótica. Intendentes de distintas fuerzas políticas advierten que no pueden pagar los sueldos de abril y no planifican más allá del corto plazo. Debieron recortar en áreas sensibles, reconocen que es el peor momento de los últimos años y piden auxilio a la Nación, la provincia y la Legislatura bonaerense.
La semana que viene más de 60 jefes comunales se reunirán con legisladores para avanzar en la desafectación de los fondos provinciales que les corresponden y están fijados para áreas determinadas. Dicen que precisan pagar sueldos, gastos corrientes y atender urgencias. La crisis va desde la entrega de alimentos, nafta para patrulleros y el mantenimiento de hospitales, hasta los medicamentos y la seguridad.
En las últimas horas, el gobierno provincial anunció el recorte por 90 días del programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) y el aumento del 30% en partidas para el Servicio Alimentario Escolar. Intendentes del peronismo marcharán este miércoles al ministerio de Capital Humano para reclamar fondos, mientras que el senador kirchnerista Mario Ishii presentó hace quince días un proyecto para declarar la emergencia económica en Buenos Aires.
Un intendente peronista del interior le admitió a Letra P que este es el peor momento de los siete años que lleva al frente de su municipio. Como algunos de sus colegas, incluso de otros partidos políticos, reconoció que no podrá pagar los sueldos de abril la semana próxima sin un rescate urgente. El Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo nuclea a decenas de jefes comunales que están en esa misma situación. Ni siquiera llegan a pensar en los aguinaldos que deberán afrontar dentro de dos meses.
Ese espacio nació en febrero de este año en la ciudad de Chascomús, gobernada por el massista Javier Gastón. Se nuclean allí intendentes de distintas fuerzas de pueblos pequeños o ciudades intermedias que transitan la misma realidad. Tuvieron un segundo encuentro en Ayacucho, el distrito que conduce el radical Emilio Cordonnier. El viernes pasado emitieron un comunicado en el que manifestaron la situación crítica y en la que exhortaron a la Legislatura a liberar los fondos que están restringidos a las áreas de Infraestructura, Transporte y Cultura.
Esperan que diputados y senadores los reciban la semana que viene. La Legislatura aún no constituyó la comisión bicameral que debe controlar el funcionamiento del 30% del Fondo de Fortalecimiento Municipal que emite la provincia. Eso se desprende del acuerdo al que, en diciembre, llegaron las distintas fuerzas para aprobar el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof. Les pedirán celeridad y consideración para liberar el destino de esas partidas a las áreas que cada alcalde defina, según las necesidades en cada distrito.
La crisis, aunque de distinta manera, afecta a municipios populosos y a pueblos de pocos habitantes. En un municipio grande del conurbano, por ejemplo, hay más de 80 mil familias ligadas a planes sociales y pedidos de alimentos. En otro del interior costero, los complementos del programa MESA son cerca de 5 mil. El intendente de un distrito del centro de la provincia debe afrontar este mes 650 millones en sueldos, más gastos, y por coparticipación solo recibirá 350 millones.
Un intendente radical sostuvo que tiene cada vez más demanda de comida y que el recorte del programa MESA repercutirá en su secretaría de Desarrollo. Lo mismo ocurre con otro jefe comunal de un municipio del interior profundo, que reconoce que debe afrontar gastos corrientes como la atención hospitalaria y el combustible para patrulleros con desfasaje. La última licitación que hizo fue con el litro de nafta a 1.600 pesos, por lo que está perdiendo entre 12 y 14 millones de pesos mensuales.
Hay varios jefes comunales que ya solicitaron un adelanto de la coparticipación y que vienen haciendo recortes obligados. Quitaron horas extra, bonificaciones, no reemplazan personal, redistribuyen empleados y hasta cerraron algún turno de jardines maternales municipales. Describen el panorama como caótico, en algunos casos como nunca antes. No dudan en responder que es el peor año de sus gestiones y ni siquiera pueden pensar en el pago de aguinaldos de julio.
El miércoles a las 11 de la mañana, intendentes bonaerenses pedirán en la puerta del ministerio de Capital Humano que el Gobierno nacional restituya los fondos para atender la demanda alimentaria. Allí irá el gobernador Kicillof y la tropa intendentista de la Federación Argentina de Municipios (FAM) que encabeza el matancero Fernando Espinoza. Es un reclamo que el gobierno provincial viene haciendo desde que Milei subió al poder. La asfixia sobre las provincias es real, sobre todo en Buenos Aires.
No obstante, hay quienes le endilgan a Kicillof haberse jactado en su campaña electoral de ser el escudo ante las políticas de ajuste de la Casa Rosada. Advierten que tarde o temprano esa narrativa caería, porque la provincia no iba a poder sostener en el tiempo las demandas de los municipios. Entienden que no es incapacidad del gobernador, sino que era previsible no poder cubrir todas las necesidades por las que habitualmente responde el Gobierno nacional y que ahora quedaron expuestas.
