Un nuevo decreto deja bajo reserva una operación millonaria. F-16, Stryker, submarinos y fragatas, en el menú de Defensa. Tensión por Malvinas, en el centro.
Las Fuerzas Armadas atraviesan un proceso de reequipamiento que Javier Milei decidió mantener, en parte, bajo secreto militar. En plena tensión por Malvinas, el Gobierno no informa qué material comprará, cuánto pagará ni quién será el proveedor de una nueva operación. El decreto 1205/2026 vuelve a cerrar una puerta clave sobre el gasto de Defensa.
El decreto firmado por Milei y el ministro Carlos Presti, declaró secreto militar las operaciones contractuales vinculadas con una adquisición identificada en un expediente de la cartera de Defensa. La norma invoca la disposición 9390/1963, que permite clasificar como secretos asuntos vinculados con adquisiciones, fabricaciones y construcciones de importancia para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.
La consecuencia es que los organismos contratantes quedan exceptuados de las disposiciones sobre publicidad y difusión de las actuaciones del proceso. El texto no identifica el material, el monto, el proveedor ni la fuerza que recibirá el equipamiento. Solo establece que la información será conocida por personas autorizadas porque su divulgación podría comprometer la seguridad nacional.
El decreto no permite saber qué necesita comprar el Gobierno con esta operación. Para reconstruir el mapa del reequipamiento hay que mirar las adquisiciones ya conocidas y los proyectos que Defensa puso sobre la mesa.
Fuentes castrenses consultadas por Letra P coincidieron en mantener la movida bajo "secreto militar", pero destacaron que "es importante para 'pertrechar' a las Fuerzas Armadas". A modo de justificación, agregaron: "El contexto regional y la conflictividad internacional lo ameritan".
La principal apuesta de la gestión libertaria fue la compra de 24 cazas F-16 a Dinamarca por u$s 301,2 millones. Los primeros seis llegaron en diciembre de 2025 y otros seis arribaron en septiembre de 2026. La Fuerza Aérea espera completar la incorporación de las 12 unidades restantes antes de diciembre de 2027.
El Ejército también inició su renovación con los vehículos blindados Stryker 8x8. El Gobierno acordó inicialmente la compra de ocho unidades por u$s 20 millones y dejó abierta la posibilidad de llegar a 235 vehículos en distintas configuraciones.
La Armada recibió cuatro aviones P-3 Orion de patrulla marítima adquiridos a Noruega y sumó otros sistemas, entre ellos, helicópteros Bell 407GXi. A eso se agregan 48 camiones Unimog U4000 para logística terrestre.
El próximo salto, sin embargo, es mucho más costoso. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla autorización para tomar deuda por u$s 2300 millones destinada a la compra de tres submarinos convencionales y otros u$s 1200 millones para adquirir dos fragatas multimisión.
Tal como contó Letra E, la Armada evaluó propuestas de Naval Group para los submarinos Scorpène Evolved y de ThyssenKrupp Marine Systems para los Type 209NG, pero no hay contratos cerrados. La eventual recuperación de la capacidad submarina perdida tras el hundimiento del ARA San Juan depende de la aprobación legislativa y de las negociaciones de financiamiento.
El proceso de modernización no se limita a grandes sistemas de armas. En Ushuaia, Defensa autorizó una licitación por $189.321 millones para construir un muelle militar de 585 metros en la Base Naval Integrada. La obra busca ampliar la capacidad logística de la Armada y sostener las campañas antárticas.
La Marina abrió, además, licitaciones para adquirir visores nocturnos, equipos de observación térmica y sistemas de designación infrarroja. El Comando de Fuerzas de Operaciones Navales Especiales (COFE) aparece entre los potenciales destinatarios, aunque la documentación disponible no confirma qué unidades recibirán el material.
Otro expediente apunta a modernizar el puente de navegación del destructor ARA Sarandí, con un presupuesto estimado de $1929 millones. El proyecto incorpora cámaras, sistemas de comunicaciones, radar, ecosonda, correderas y equipos digitales para una nave con más de cuatro décadas de servicio.
El Gobierno presenta el reequipamiento como parte de una recuperación de capacidades militares y de un reposicionamiento internacional de la Argentina. Presti lo vinculó con la necesidad de contar con Fuerzas Armadas preparadas para defender la soberanía y los intereses estratégicos del país.
El problema para el control público aparece cuando esa política se combina con el secreto militar. Desde la llegada de Milei, el Ejecutivo ya utilizó esa herramienta para operaciones vinculadas con los F-16 y su infraestructura. Ahora vuelve a hacerlo con una adquisición cuyo contenido permanece fuera del alcance público.
En paralelo, el contexto político le agrega una dimensión sensible. La disputa con el Reino Unido por Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda oficial y el Gobierno ordenó avanzar con infraestructura militar en Tierra del Fuego.
El rearme libertario, entonces, tiene una hoja de ruta visible: aviones, blindados, helicópteros, patrulleros, infraestructura naval y proyectos de submarinos y fragatas. Lo que no queda visible es el detalle de algunas operaciones, justamente allí donde se cruzan las compras militares, el presupuesto y el control sobre los recursos públicos.
