Golpes. Sometimiento a excesivo esfuerzo físico. Sobreexposición al frío, al viento y al agua helada. Insultos y maltrato psicológico. Estaqueamientos. Enterramientos. Simulacros de fusilamiento. Estas son las torturas, vejaciones y abusos que más de 100 ex soldados conscriptos sufrieron de parte de superiores durante la Guerra de Malvinas. Violaciones a los derechos humanos que, de a poco, hace 15 años, comenzaron a denunciar ante la Justicia federal que aún no ha podido sentar en el banquillo de los acusados a ninguno de los 130 miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada que figuran en el expediente.
“El terrorismo de Estado se trasladó a Malvinas”, asegura Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, una de las instituciones querellantes en la causa que nació en 2007 en el Juzgado Federal de Instrucción de Río Grande, Tierra del Fuego, y que busca que las torturas y vejámenes que ex soldados conscriptos sufrieron en la guerra que Argentina le declaró a Gran Bretaña en 1982 se investiguen como delitos de lesa humanidad y que, por lo tanto, sean imprescriptibles.
“¿Qué me vienen a hablar de héroes? Quiero justicia”
Silvio Katz tenía 18 años cuando fue convocado a hacer el Servicio Militar Obligatorio. Era 1981, lo destinaron al Regimiento de Infantería 3 (RI3) de La Tablada. El 11 de abril del año siguiente, junto a varios otros soldados conscriptos, lo subieron a un avión con destino a Comodoro Rivadavia. “Nos habían dicho que ahí nos quedaríamos. De hecho, nos fuimos con un bolsito con dos mudas de ropa. Pero no fue así. En Comodoro nos cambiaron de avión y ahí nos enteramos de que nuestro destino real era Malvinas”, cuenta a Letra P. Armaron trinchera en la costa frente al Aeropuerto.
La misma edad de Silvio, y de la gran mayoría de los soldados rasos que fueron cuerpo y escudo del manotazo de ahogado en la salida de la última dictadura cívico militar, tenía Carlos Rodas cuando, el 1 de mayo de 1982, pisó las Malvinas. Integraba el Regimiento de Infantería 5 (RI5), en el litoral argentino. Aterrizó en Puerto Argentino y de allí fue a Puerto Howard, como el resto del RI5. Quedaron aislados por los ataques que ya se sucedían a sus alrededores y “faltaban víveres”, recuerda Rodas.
Algunos de sus compañeros robaron una oveja para comer y fueron todos castigados: “Fuimos torturados por nuestros propios jefes”, corrige el ex combatiente que hoy vive en Chaco. Sus superiores ordenaron enterrarlos hasta el cuello a él y a otros ocho compañeros en los mismos pozos que habían cavado para protegerse del fuego enemigo. Allí, en pleno campo abierto, a la intemperie, fueron enterrados “de a dos, parados, espalda con espalda, vestidos con el uniforme, los borceguíes inclusive”, describe. Se congelaron rápidamente ya que “allí la tierra es barro escarchado, si llueve o nieva constantemente”. Los mantuvieron bajo ese barro helado durante 11 horas.
Los golpes y maltratos a Katz y al resto de los jóvenes que estaban con él fueron variados porque también fueron “constantes desde que comenzó el enfrentamiento”, a principios de mayo: había trompadas y golpes con las escopetas, patadas, insultos, los obligaban a meter las manos y los pies en el agua congelada que se juntaba en los pozos que dejaban las bombas enemigas. Pero hubo una ocasión en la que en la que escaló el sadismo de los superiores. Coincidió con el día en que lo descubrieron llevando comida después de haberse escapado de su lugar en la trinchera. “Me estaban esperando el subteniente, el sargento y el cabo. Ahí mismo cuando me ven venir (...) me hacen tirar la comida que traía, la mezclan con mierda humana y me hacen comerla, me pegan, me hacen caminar por la zona minada ida y vuelta dos veces, me mandan a pegar por la tropa”, describe. Luego, lo estaquearon desnudo y con una granada en la boca. Del frío, perdió el conocimiento.
Katz estuvo estaqueado casi la misma cantidad de tiempo que Rodas enterrado. “Pedía a Dios para que no vengan los ingleses”, recuerda el chaqueño, al que las bengalas del Ejército británico le pasaron cerca. Ambos, como muchos otros soldados, regresaron de las Islas desnutridos, golpeados, “destrozados”, subraya el primero. Ninguno de los dos contó nada durante décadas. “El regreso fue peor que la guerra misma porque los militares estuvieron un año y medio más en el poder así que mientras ellos tapaban el desastre que había sido aquello con relatos de esta patriótica y heroica, ahí estábamos nosotros, que habíamos sufrido y visto todo, comiéndonos el sufrimiento”, asegura el porteño, que recién en 2001 empezó a ejercitar la memoria sobre lo que le había pasado.
Rodas empezó a hablar en 2005. No lo hizo antes porque le ordenaron que “tenía que ocultarlo”. “Un día me dije ‘no me puedo ir de este mundo sin contar las torturas que nos hicieron. Yo sufrí en Malvinas el frío y la soledad, conocí el hambre. ¿Qué me vienen hablar de héroes? Quiero que se haga justicia”, expresa.
Una causa cajoneada en la Corte Suprema
En 2007, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, presentó los relatos de unos 22 ex combatientes de ese territorio ante la justicia. Durante los años siguientes, las denuncias se multiplicaron en el expediente con las experiencias de ex soldados conscriptos de otros puntos del país y presentaciones radicadas en otros juzgados antes y después de ese año.
Con el correr del tiempo, el Cecim pidió varias veces la indagatoria a los militares señalados, pedidos que “fueron desoídos”, dice el abogado del colectivo Jerónimo Guerrero Iraola. Recién en 2015, ante un requerimiento de la Fiscalía para que fueran indagados 25 militares sobre los delitos denunciados por los integrantes del RI5, se movió un poco. Sin embargo, había una traba.
Años antes, Jorge Taranto, uno de los superiores denunciados, había logrado un virtual sobreseimiento en la Cámara Nacional de Casación Penal: en 2009 llegó con un recurso que arrastraba dos fallos en su contra en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y el Juzgado de Instrucción de Río Grande. Intentaba hacer caer todo el expediente y lo logró: Casación determinó que los hechos habían prescrito.
El mismo camino siguió Jorge Ferrante. Como Taranto, Ferrante integra el requerimiento a indagatoria de la Fiscalía por las denuncias del RI5. Como Taranto, también logró, en 2021, un fallo a favor de su impunidad en la Casación. Las circunstancias, sin embargo, no eran las mismas. Porque los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña de la Sala I de la alzada se remitieron al fallo que había beneficiado a Taranto para determinar la prescripción de las denuncias, pero no tuvieron en cuenta que entre 2009 y 2021 el expediente sumó mucha prueba. Entre ella, archivos de la Inteligencia del Ejército, desclasificados por el Ministerio de Defensa en 2015, que muestran la estrategia para ocultar los crímenes que los soldados quisieron denunciar desde que pisaron el continente.
El fiscal Javier De Luca y las querellas presentaron recursos extraordinarios para que la cuestión fuera dirimida en la Corte Suprema, y fueron admitidos. Y allí espera el expediente. Un día antes del 46° aniversario del golpe de Estado un grupo de ex combatientes se movilizaron al Palacio de Tribunales para reclamar su tratamiento, que consideran urgente. En Río Grande hay tres militares procesados, 20 con pedido de indagatoria de aproximadamente 130 denunciados, y “las cosas no avanzarán más hasta que la Corte no defina la cuestión de fondo: si los abusos cometidos por superiores contra la propia tropa son o no crímenes de lesa humanidad”, concluye Alonso.
Unos días antes del 40° aniversario de la Guerra, la Fiscalía de Río Grande encabezada por Marcelo Rapoport y la titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, presentaron un nuevo requerimiento en la causa: 22 casos nuevos de torturas, entre los que se destacan hechos de discriminación y antisemitismo, y dos casos de abuso deshonesto.
Los testimonios de Katz y Rodas integran el informe sobre la deuda del Estado para con los ex combatientes resumen que la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, querellante en la causa judicial –la otra querella es de la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense–, elaboró para difundir, a 40 años del conflicto, la deuda del Estado para con los ex combatientes como Katz y Rodas. El documento, de una veintena de páginas, es un breve extracto de los alrededor de 180 testimonios que reúne el expediente judicial radicado en Río Grande, en manos de la jueza Mariel Borruto. “Si recorrés cada declaración queda claro que los militares en las Islas usaron la misma metodología de terror que aplicaban en los centros clandestinos. A nosotros nos llevaron a la guerra los mismos militares que hicieron desaparecer gente, no fue el Ejército de San Martín”, dice Alonso, excombatiente y quien aportó su testimonio como testigo.
