La Justicia en lo Contencioso Administrativa anuló una ordenanza que permitía la venta de 4,3 hectáreas del Hipódromo de dicha ciudad para la construcción de un complejo comercial y de viviendas. El amparo atendido había sido presentado por la concejal Marcela Durrieu, suegra del líder del Frente Renovador.
El fallo es otro capítulo de la eterna pulseada entre los Galmarini y los Posse en San Isidro. Hace unas semanas atrás la Justicia rechazó un pedido de indagatoria al intendente, también impulsado por la concejal Durrieu, por supuesta defraudación contra la administración pública por irregularidades en la construcción de viviendas sociales. En esa ocasión el juez Sebastián Ramos rechazó la medida por faltas de pruebas.
Ahora, el juez José Abelardo Servín hizo lugar a una medida de amparo presentada por la massista contra un proyecto respaldado por el Ejecutivo local, en el que avanzaba con la venta de 4,3 hectáreas del Hipódromo para construir un complejo comercial y de viviendas. En rigor, la institución propietaria del hipódromo proyectaba desprenderse de un terreno situado en la esquina de las avenidas Bernabé Márquez y Santa Fe, lindantes con el hospital Melchor Posse, para dar paso a un proyecto inmobiliario del sector privado.
Según se indicó el fallo afirma que “no se cumplió con lo que la ley prescribe para la protección del medio ambiente, no se generaron los mecanismos para convocar a los vecinos para que participen en un proyecto de esta envergadura”. Además, señala que “tampoco se cumplió con la realización de todos los estudios de impacto previo que necesita una obra de esta naturaleza”.
La decisión judicial fue celebrada por el massismo de San isidro. “De a poco la Justicia va tomando conciencia del cuidado medio ambiental. Más de diez mil firmas en papel, más las que se juntaron por Internet de los vecinos, fueron parte importante para que el juez decidiera preservar el lugar. Cuando realmente los vecinos participan, se logran estas cosas”, señaló la suegra de Sergio Massa.
Por su parte, el senador Sebastián Galmarini, expresó: “Estamos felices por el fallo de la Justicia. Logramos frenar la mayor agresión a la historia de nuestro partido, contra el patrimonio de los vecinos, la defensa ambiental, la defensa de nuestra identidad. Construir torres gigantescas en este predio, también hubiera complicado aún más el problema del tránsito, iba a provocar una explosión demográfica y a afectar la provisión de servicios básicos, como luz y agua”.
La ordenanza que anuló la Justicia, la 8745/2013, fue sancionada en diciembre de 2013 por el Concejo Deliberante y permitía la venta de 4,3 hectáreas de espacios verdes para avanzar en la construcción de edificios de viviendas y oficinas.