La candidata a senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner esquivó referirse a la tragedia ferroviaria de Once, en pleno juicio oral contra el ex ministro de Planificación Federal de su gestión, Julio De Vido. Tras haber asegurado en una entrevista que el Estado no tuvo la culpa del siniestro ocurrido en 2012, la ex presidenta se limitó a decir que “las responsabilidades penales, civiles y administrativas serán determinadas por la Justicia”.
Cristina fue consultada sobre el tema durante una conferencia de prensa que tuvo lugar este martes en el Instituto Patria, a metros del Congreso. La convocatoria tuvo como blanco al Gobierno y, por sobre todo, al juez federal Claudio Bonadio, quien citó a la ex mandataria a indagatoria para después de las elecciones, en la causa por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA .
Respaldada por un video donde repasó todo el prontuario de Bonadio, Cristina acusó al presidente Mauricio Macri de “permitir que el juez más desprestigiado de la Argentina pretenda manipular el proceso electoral creando un clima de persecución política intolerable e inaceptable”.
La postulante a senadora denunció que el Gobierno, en connivencia con la Justicia, “cruzó todos los límites democráticos”, ya que además “el requerimiento judicial es un texto que vulnera todas las garantías constitucionales”.
“El primer acto de campaña electoral (de Cambiemos) fue este lunes, donde junto con otras 13 personas el juez Bonadio nos llama a indagatoria sobre un hecho que no es judiciable, y sobre el cual él tuvo participación como juez, y fue apartado por encubrimiento de ese hecho”, advirtió Cristina ante la prensa.
La ex mandataria insistió: “Como ciudadana y ex presidenta quiero tener los mismos derechos y deberes frente a cualquier acto judicial. Pero no puedo soslayar, como dirigente de la fuerza política más votada en la provincia de Buenos Aires, que es inaceptable este cronograma judicial en paralelo al cronograma electoral. Es algo nunca visto”.
“LISTAS NEGRAS”. Cristina también se refirió a la supuesta existencia de una lista negra donde Macri habría incluido a dirigentes, sindicalistas, periodistas y empresarios a quienes desearía correr del mapa. “Él interpreta que si esas personas no estuvieran, si las mandan en un cohete a la Luna, se acabarían los problemas en Argentina”, señaló la ex presidenta, y sugirió: “Sé que debo encabezar esa lista”.
Pero, en tono duro, observó: “Si me meten en un cohete a la Luna me moriría, porque en la Luna no hay vida. Es un eufemismo: los que tendríamos que desaparecer en Argentina para que no haya problemas”.
En cambio, dijo que le “interesaría conocer la lista de los funcionarios que blanquearon” dinero no declarado en violación a la ley aprobada en el Congreso.
“DETERIOROS”. “Venimos denunciando un grave deterioro de la calidad democrática de nuestra Argentina. Un deterioro que no es descuido, no es dejadez o desidia institucional: es la consecuencia de una política deliberada de debilitamiento y en algunos casos, destrucción de garantías básicas del Estado de Derecho”, arrancó Cristina al dar inicio a la conferencia, para proseguir con una catarata de críticas al Gobierno.
En primer lugar, habló del “deterioro de las garantías electorales” por la demora en la carga de datos en las PASO del 13 de agosto pasado y otras maniobras que denunció Unidad Ciudadana, como la imposibilidad de auditar el sistema del escrutinio provisorio. Denuncias que no tuvieron respuestas por parte del Gobierno ni del Poder Judicial, según informaron este lunes candidatos y representantes legales de esa fuerza, también en el Instituto Patria.
Por otra parte, Cristina se refirió al “deterioro de las libertades públicas”, al mencionar a “las personas privadas de su libertad porque escriben un tuit, porque estaban cerca de una manifestación, o por besarse”. Del mismo modo, advirtió sobre “el deterioro de las garantías jurídicas de la oposición política”, y puso como ejemplo a Milagro Sala, a quien volvió a calificar como “presa política”.
La candidata a senadora también alertó sobre un “deterioro de la intimidad y de la protección de los datos personales” por el DNU “donde se remite a la Jefatura de Gabinete todo el manejo de la big data de los argentinos”. Y denunció a su vez el “ataque, criminalización y estigmatización a las organizaciones sociales”, como el gremio de Canillitas, que fue intervenido.
Por último, advirtió sobre el “deterioro de la seguridad ciudadana, simbolizado en el caso de Santiago Maldonado”, y sobre ese tema consideró que “lo grave es la reacción del Estado y sus distintos organismos”.
