El Vaticano y la Iglesia local anunciaron este martes que concluyó la catalogación de los archivos vinculados a la última dictadura militar (1976-1983) que están guardados en la secretaría de Estado de la Santa Sede, en la nunciatura apostólica en Buenos Aires y en la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Se trata de 3.000 piezas, “en su mayoría cartas, algunas con las respuestas de la persona que pide” por sus familiares, detalló su titular José María Arancedo en una conferencia posterior al anuncio oficial. Según detalló el arzobispo de Santa Fe, hay “un poco más” en la Secretaría de Estado vaticana, pero no aportó detalles sobre el posible acceso a las actas de los plenarios episcopales realizados en esos años, un material clave para las investigaciones judiciales aún en marcha.
Dos horas después de la confirmación del anuncio en Roma y en Buenos Aires, la comisión ejecutiva de la CEA ofreció una rueda de prensa, convocada el día anterior en referencia a un comunicado conjunto cuyo contenido era desconocido. "La apertura de los archivos es una contribución para la reconciliación", explicó el cardenal y arzobispo porteño Mario Poli, a cargo de la vicepresidente primera del episcopado. A su lado estaban Arancedo; Mario Cargnello, vice segundo de la CEA y Carlos Malfa, obispo de Chascomús y secretario general de la comisión ejecutiva del organismo, que el 19 de marzo pasado había revelado en Roma los trabajos de catalogación.
El anuncio, y la conferencia, giraron en torno a la finalización del proceso de ordenamiento de las piezas documentales que habría en el Vaticano, en el Palacio Duhau y en sede episcopal porteña, pero ninguno de los prelados presentes aportó detalles ni listados sobre el material que será puesto a disposición de familiares de detenidos desaparecidos y de los superiores religiosos de los sacerdotes asesinados por la última dictadura.
El comunicado oficial data del sábado 15 de octubre pasado, es decir, que la reunión que mantuvo el Papa con funcionarios de la secretaria de Estado y del episcopado se concretó luego de la segunda audiencia que le concedió al presidente Mauricio Macri un día antes de la canonización del cura Brochero.
“El acceso será por expresa solicitud de las víctimas y los familiares de las víctimas”, detalló Malfa y se escudó en la restricción al público y a la prensa porque “se trata de material sensible”. “Hemos privilegiado la relación entre la documentación que se dispone y el material de archivo, con las víctimas, con un sentido de reparación. Esto tiene un alto sentido de reparación, para la búsqueda de su verdad y de su historia, además de la historia nacional”, dijo el obispo de Chascomús sin explicar si la documentación puede tener alguna implicancia judicial en las causas por delitos de lesa humanidad donde están involucrados sacerdotes.
En materia de cooperación penal el Papa Francisco firmó un decreto cuatro meses después de ser electo pontífice para aceitar los mecanismos de colaboración de los archivos vaticanos con los tribunales argentinos. El proceso implicó una serie de gestiones entre la Santa Sede, la cancillería y la titular del Ministerio Público Fiscal Alejandra Gils Carbó, sin embargo hasta ahora se registran muy pocos magistrados que hayan solicitado la remisión de información, aunque el acceso al material que atesora el Episcopado podría ser tan determinante como las piezas que el Vaticano decidió ventilar, especialmente porque en las actas de los plenarios de la CEA existiría constancia de los debates internos y las denuncias y pedidos de auxilio recibidos, especialmente a partir de la desaparición y asesinato de distintos prelados, como el obispo de La Rioja Enrique Angellelli o su par de San Nicolás, Carlos Ponce de León. La lista de víctimas incluye a los sacerdotes palotinos Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, secuestrados en la capital en julio de 1976.
También se desconoce si la "catalogación" incluye documentación del obispado castrense, donde actuaron al menos diez prelados que tuvieron una activa complicidad con la dictadura. Entre ellos se destacan Victorio Bonamín, vicario castrense y jefe de los confesores militares, Antonio Plaza, arzobispo platense y capellán mayor de la policía bonaerense y Adolfo Servando Tórtolo, ex arzobispo de Paraná, dos veces presidente de la CEA y vicario general de las fuerzas armadas en 1975.
"Tendremos que ver cómo se presentan", opinó con cautela Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. "Es una buena noticia, esperada muchos años, y es un modo de ir desandando la historia desde la verdad", evaluó la mujer, en un tono similar al que adoptó Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). "Es un viejo pedido de las organizaciones de derechos humanos argentinas, algo que habíamos hecho hace mucho tiempo al Vaticano. Me parece algo muy importante, algo muy bueno. Ahora hay que ver si se brindará en un informe general o de acuerdo a la necesidad de los jueces y si los jueces pedirán la información a través de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación o de las organizaciones de la Iglesia Católica que puedan colaborar con las causas jurídicas ya iniciadas", destacó el Esquivel sin mencionar el acuerdo judicial entre Roma y Buenos Aires que rige hace 3 años.
Hasta ahora no hubo pronunciamientos de Abuelas de Plaza de Mayo, cuya titular, Estela de Carlotto había reclamado la desclasificación y la entrega de las actas de nacimientos que están en cada diócesis. Tampoco de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, ni del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se pronunció el año pasado cuando el Vaticano y la CEA aportaron documentación sobre el asesinato del obispo Angelelli. Para el organismo de derechos humanos, Roma recién entonces "aportó documentación conservada en sus archivos durante 39 años" y advirtió que "resulta imprescindible que la Iglesia católica de la Argentina se posicione al respecto y se comprometa con una colaboración permanente y sustantiva con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad", teniendo en cuenta que "30 años después de la Conadep y del Juicio a las Juntas Militares, el proceso de justicia por los crímenes de la dictadura tiene el respaldo de todos los poderes del Estado".
El texto conjunto difundido por la Santa Sede y por la CEA
El sábado 15 de octubre de 2016, en el Vaticano, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, compuesta por el Presidente, S.E. Mons. Jose María Arancedo, Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz; el Vicepresidente Primero, S.Em.R el Card. Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de Argentina; el Vicepresidente Segundo, S.E. Mons. Mario Antonio Cargnello, Arzobispo de Salta; y el Secretario General, S.E. Mons. Carlos Humberto Malfa, Obispo de Chascomus, se ha reunido con S.Em.R. el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de Su Santidad; S.E.R. Mons. Richard Paul Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados, y algunos Oficiales de la Secretaría de Estado, para una valoración de los trabajos de catalogación y digitalización del material de archivo del periodo de la Dictadura Militar (1976-1983), conservado en los Archivos de la Conferencia Episcopal Argentina, de la Secretaría de Estado y de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.
Se ha constatado que este proceso de organización y digitalización, llevado a cabo en conformidad con las decisiones e indicaciones del Santo Padre y que supone la continuación de un trabajo ya iniciado años atrás por la Conferencia Episcopal Argentina, ha terminado.
De acuerdo a un protocolo que se establecerá próximamente, podrán acceder a la consulta de los documentos referidos las víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus Superiores mayores.
Se desea subrayar que este trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro en el pueblo argentino.
El Santo Padre y el Episcopado argentino encomiendan la Patria a la protección misericordiosa de Nuestra Señora de Luján, confiados en la intercesión del querido San José Gabriel del Rosario Brochero.
Buenos Aires / Vaticano, 25 de octubre de 2016 +
