La Casa Rosada desconfía de una propuesta para sumar autoridades del Congreso al organismo. La tensión con la vicepresidenta y el silencio de su entorno.
El Gobierno sospecha que la vicepresidenta Victoria Villarruel busca asegurarse un lugar en el futuro Consejo de Seguridad Nacional a través de una modificación de su integración. La versión surge en medio de las negociaciones por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei.
La desconfianza oficialista se originó a partir de las conversaciones parlamentarias en las que se planteó la posibilidad de incorporar a las autoridades del Congreso al nuevo organismo. Esa modificación permitiría que la titular del Senado tuviera participación permanente en un espacio estratégico para la toma de decisiones del Ejecutivo.
En la Casa Rosada hay funcionarios que rechazan esa alternativa y advierten que el Consejo de Seguridad Nacional fue concebido como un órgano del Ejecutivo, por lo que consideran que la incorporación de autoridades legislativas podría vulnerar la división de poderes. Por el momento, el entorno de Villarruel mantiene silencio sobre las sospechas del oficialismo.
El proyecto original enviado por el Presidente establece que el Consejo de Seguridad estará presidido por el jefe de Estado e integrado por funcionarios del Ejecutivo, sin participación permanente de representantes del Congreso.
Sin embargo, durante las últimas negociaciones legislativas comenzó a discutirse una modificación para sumar a las autoridades de ambas cámaras. En el oficialismo interpretan que ese cambio podría beneficiar directamente a Villarruel, quien por su condición de vicepresidenta también ejerce la presidencia de la cámara alta.
La sospecha se produce en un contexto de fuerte distanciamiento político entre Milei y Villarruel. La vicepresidenta permanece al margen de las decisiones de la Casa Rosada y perdió protagonismo dentro del esquema de poder libertario. Su eventual incorporación al nuevo consejo representaría una vía para recuperar participación institucional en asuntos estratégicos.
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional contempla la creación de un organismo destinado a coordinar políticas vinculadas con la defensa, la inteligencia y la protección de los intereses estratégicos del país. De acuerdo con la propuesta original, su conducción quedaría bajo la órbita del Presidente y de los funcionarios designados por el Ejecutivo.
La creación del Consejo forma parte de un proyecto más amplio que el Ejecutivo presentó después de que Milei incorporara la causa Malvinas a su batalla cultural. Villarruel, por su parte, siempre estuvo embanderada en el reclamo de soberanía sobre las islas.
En ese escenario, la posibilidad de incorporar a las autoridades parlamentarias generó reparos entre los representantes del oficialismo que participan de las negociaciones. Para el Gobierno, el cambio alteraría la naturaleza del organismo y abriría una discusión institucional sobre las competencias de cada poder del Estado.
Por ahora, la propuesta no reúne el consenso necesario para avanzar y el oficialismo continúa las conversaciones para introducir modificaciones al texto legislativo. Mientras tanto, las sospechas sobre las intenciones de Villarruel suman un nuevo capítulo a su enfrentamiento con Milei, sin que el entorno de la vicepresidenta haya fijado posición pública sobre la controversia.
