Nadie quiso comprar las acciones de la textil de Reconquista en el salvataje y la Justicia deberá resolver si la fábrica puede seguir produciendo.
Algodonera Avellaneda, la histórica textil del norte de Santa Fe perteneciente al Grupo Vicentin, se encamina a la quiebra después de que venciera el plazo judicial para adquirir sus acciones. La definición deja en vilo a una planta de 350 personas y vuelve a poner bajo incertidumbre el futuro de la fábrica.
La empresa atravesaba desde septiembre la instancia de salvataje o cramdown, el último mecanismo previsto antes de la quiebra. El juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, abrió un registro para que acreedores, trabajadores organizados o terceros pudieran presentarse e intentar quedarse con las acciones de la compañía.
El plazo venció este lunes 5 de octubre y no se presentó ningún interesado. Agotada esa vía, el expediente quedó a las puertas de la quiebra.
La crisis de Algodonera Avellaneda lleva más de un año y achicó fuerte la estructura de la compañía. Llegó a tener alrededor de 530 trabajadores, pero el plantel se redujo entre retiros voluntarios, acuerdos indemnizatorios y otras desvinculaciones.
El golpe más duro llegó en septiembre de 2025, cuando la producción se frenó por completo. La planta pasó varios meses apagada hasta que, en marzo de este año, consiguió reactivar una parte de la actividad mediante contratos a fasón: otras empresas ponen la materia prima y pagan por el procesamiento.
Ese esquema volvió a mover las máquinas, aunque lejos del ritmo habitual. En contacto con RTS, el abogado de los trabajadores, Mauro Casella, explicó que actualmente quedan unos 350 trabajadores vinculados a la empresa: alrededor de 200 están dentro de la planta y otros 150 quedaron afuera de la reactivación.
La fábrica funciona hoy a cerca del 60% de su capacidad instalada. El fasón alcanza para pagar salarios y sostener la producción, pero no para cubrir el rojo financiero que arrastra la compañía.
Con el salvataje agotado, el Sindicato de Trabajadores Textiles mira ahora la próxima decisión de Lorenzini. La expectativa es que la quiebra sea declarada con continuidad de la explotación.
La figura implicaría que la producción puede seguir mientras se administra el proceso y se resuelve qué hacer con los activos. De esa resolución depende que los cerca de 200 empleos que hoy siguen activos tengan una chance de sostenerse.
Para los alrededor de 150 trabajadores que quedaron afuera de la reactivación, el escenario es distinto: deberán continuar sus reclamos por salarios, indemnizaciones y otras acreencias laborales dentro del proceso.
Una de las cartas para hacer frente a esas obligaciones es la venta del inmueble que el conglomerado empresario posee en Buenos Aires, tasado en casi US$4,3 millones. La operación, sin embargo, quedó frenada por medidas cautelares vinculadas a la causa federal que investiga a la agroexportadora dueña de la textil.
El agujero financiero está directamente ligado a Vicentin. Según reconstruyó la propia Justicia, ambas compañías se endeudaron de manera conjunta y asumieron garantías cruzadas para respaldar operaciones financieras destinadas principalmente a la agroexportadora. Ese esquema terminó dejando fuertemente comprometido el patrimonio de la textil.
El principal acreedor es el Banco Nación, que concentra más del 80% del pasivo computable y tiene reconocido en el concurso un crédito por 1.585 millones de pesos y US$260 millones.
La resolución judicial que habilitó el salvataje también consignó que la compañía tiene patrimonio neto negativo y un pasivo superior al valor de sus activos. Casella lo resumió sin vueltas: “La que paga los platos rotos es la Algodonera”.
