Las ofertas pasan al 15 de septiembre. Economía flexibilizó requisitos para captar al menos u$s 500 millones y sostuvo los ajustes automáticos.
La privatización de AySA en la era Javier Milei
La privatización de AySA sumó una nueva prórroga. Toto Caputo postergó hasta el 15 de septiembre la recepción de ofertas y modificó las condiciones de la licitación para ampliar el universo de interesados. El Gobierno apuesta a cerrar una operación de al menos u$s 500 millones sin resignar el esquema tarifario diseñado para la futura gestión privada.
La decisión quedó plasmada en la resolución 1386/26 del Ministerio de Economía, que además incorporó aclaraciones y cambios destinados a ofrecer mayores garantías operativas y contractuales a quien resulte adjudicataria.
El esquema diseñado por la gestión de Javier Milei prevé la venta directa del 90% del paquete accionario de AySA a una empresa o grupo inversor. El traspaso irá acompañado por un contrato de concesión de 30 años, con opción de prórroga por una década.
Inicialmente, el plan contemplaba vender primero el 51% a un operador estratégico y colocar luego el 39% restante en el mercado bursátil. Pero para hacer más atractivo el negocio y captar una mayor cantidad de fondos de una sola vez, Milei y Caputo resolvieron subastar directamente la participación mayoritaria sin fijar un precio base.
Aunque el Gobierno evitó difundir la valuación oficial de la empresa, en Economía esperan obtener entre u$s 500 millones y u$s 600 millones. Quienes trabajan en la empresa conservarán el 10% del capital y, cumplidos los primeros cinco años de operación, la futura operadora podrá avanzar con una apertura parcial del capital en la Bolsa.
La adjudicataria no recibirá, en principio, asistencia económica del Estado. Deberá financiar las inversiones obligatorias con ingresos tarifarios y recursos propios. Para el primer quinquenio, el contrato prevé inversiones por u$s 1940 millones y, para todo el período de concesión, desembolsos estimados en u$s 15.040 millones.
Las condiciones de la licitación exigen que los oferentes cuenten con un operador técnico con experiencia en la gestión de servicios de agua y saneamiento en ciudades de menor escala que AySA.
La empresa estatal es la segunda prestadora de saneamiento más grande de América Latina, con más de 3,8 millones de usuarios y cobertura sobre casi 15 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
El pliego exige acreditar experiencia en conglomerados urbanos de al menos 1,5 millones de habitantes y un piso de 500.000 usuarios atendidos.
Sin embargo, en los últimos cambios incorporados por Economía, también se reconocerá como operador a quien haya participado accionariamente en empresas del sector o haya prestado servicios mediante contratos de asistencia u operación técnica.
A esa flexibilización se sumó otra modificación: la experiencia en desagües cloacales podrá acreditarse mediante la gestión minorista o mayorista desarrollada por distintas empresas pertenecientes al mismo grupo económico.
En materia tarifaria, el Gobierno confirmó que las facturas de agua y cloacas tendrán ajustes mensuales cuando la inflación supere el 1%. Si el IPC queda por debajo de ese umbral, la actualización será trimestral.
La fórmula combinará tres variables: salarios (45%), precios mayoristas (44%) e inflación minorista (11%).
A esos incrementos podrán añadirse revisiones extraordinarias cuando decisiones administrativas, judiciales o cambios normativos alteren el equilibrio económico-financiero del contrato o dificulten el acceso al financiamiento.
Para competir, las empresas deberán acreditar un patrimonio neto consolidado superior a u$s 300 millones. En el caso de fondos o consorcios de capital privado, deberán demostrar activos bajo gestión por al menos u$s 1000 millones.
Entre los principales interesados locales aparecen Roggio, actual operador de Aguas Cordobesas; Transclor, de Mauricio Filiberti —accionista de Edenor junto a Daniel Vila y José Luis Manzano—, y el grupo Edison, de los hermanos Neuss.
También figuran las brasileñas Sabesp, concesionaria de San Pablo; Río + Saneamento, operadora de Río de Janeiro; y Agbar, del grupo francés Veolia, controlante de la chilena Aguas Andinas.
En la negociación previa, los representantes de Veolia pidieron trasladar a París la sede de los arbitrajes previstos para resolver futuros conflictos contractuales.
La empresa sostuvo que una sede neutral alinearía el contrato con los estándares de protección de inversiones previstos en la ley Bases y el RIGI.
A diferencia de lo ocurrido con la licitación del Belgrano Cargas, en la que el Gobierno aceptó que firmas extranjeras puedan recurrir a arbitrajes en Uruguay, la administración mileísta mantuvo —por ahora— la Ciudad de Buenos Aires como sede para resolver las controversias vinculadas con la futura concesión de AySA.
