Los ingresos tributarios cayeron 3,7% real en ocho meses. El Gobierno debe llegar al 1,4% de superávit para cumplir con el objetivo acordado con el organismo.
Kristalina Georgieva, titular del FMI, y Javier Milei
Javier Milei y Toto Caputo enfrentan una prueba clave con la revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI): la recaudación tributaria cayó 3,7% real en ocho meses y reduce el margen para profundizar el ajuste sin afectar más la actividad. El Gobierno debe alcanzar una meta fiscal equivalente al 1,4% del PBI para cumplir con lo acordado.
La misión técnica del Fondo, encabezada por Joyce Wong, inició este lunes en Buenos Aires la auditoría de la tercera revisión del programa bajo el Servicio Ampliado (SAF), pero ni el Gobierno ni los representantes del organismo dieron detalles de lo actuado.
Durante el primer semestre del año, el superávit primario se ubicó en el 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI), quedando levemente por debajo del andarivel proyectado del 0,7%. Sin embargo, la aceleración del recorte en los meses posteriores permitió que en agosto el saldo primario acumulado alcanzara el 1,1% del PBI ($1,99 billones en el mes).
Con ese número, el Gobierno quedó a 0,3 puntos porcentuales de la meta anual acordada con el FMI, fijada en 1,4% del PBI (unos $16,2 billones).
Con el Presupuesto 2027 proyectando 1,3% de resultado primario para 2026, la meta de 1,4% pactada con el FMI queda bajo presión. La consultora LCG, advirtió que los ingresos tributarios acumularon una caída real de 3,7% en ocho meses y "el escenario no muestra una mejora clara hacia fin de año".
Estos resultados se alcanzaron con un recorte del gasto. Los ingresos del Sector Público Nacional cayeron de 10,4% a 9,8% del PBI en la primera mitad del año. Para compensar esta pérdida de recursos reales, la Secretaría de Hacienda aplicó una reducción en las erogaciones primarias, que pasaron a representar el 8,7% del PBI.
La consultora Max Capital detalló la dinámica detrás de estas cifras: "A pesar de la menor recaudación tributaria, producto de las reducciones impositivas y de una actividad económica más débil, el Gobierno logró ajustar el gasto para mantener los resultados fiscales encaminados hacia sus objetivos. Esperamos que el superávit primario alcance el 1,1% del PIB en 2026, una cifra saludable, aunque inferior a la meta original del Gobierno".
En agosto, la recaudación alcanzó $20 billones y registró una caída de 0,2% interanual en términos reales. En el acumulado de enero-agosto llegó a $153 billones, con una baja real de 3,7% frente al mismo período de 2025.
El dato es central para las cuentas públicas porque los ingresos asociados al consumo siguen retrocediendo. En agosto, el IVA DGI cayó 3% interanual real, en línea con el promedio de los siete meses anteriores, mientras que el impuesto a los Créditos y Débitos se desplomó 9%, después de haber caído 11% en julio.
La recaudación de la Seguridad Social también bajó 1% interanual. Para LCG, la explicación "estaría más vinculada con una reducción del empleo formal que con el impacto de la rebaja de alícuotas del RIFL (Régimen de Formalización Laboral)".
La dinámica de ingresos ayuda a explicar cómo el Gobierno consiguió mantener el superávit primario pese a la menor recaudación. En agosto, el gasto primario cayó 0,5% interanual real, con una fuerte reducción de las transferencias a provincias (-15,2%) y de los gastos operativos (-12,3%).
En contraste, las prestaciones sociales prácticamente no variaron en términos reales, mientras que los subsidios crecieron 2,4%. Los gastos de capital aumentaron 42,5% y las transferencias a universidades, 9,7%.
La ecuación muestra que la recaudación no genera suficiente margen adicional y el resultado fiscal se preserva mediante la administración del gasto.
El antecedente inmediato muestra que el Fondo no observa únicamente el número final del resultado primario. En su última revisión y en el informe del Artículo IV, el organismo planteó que la continuidad del ancla fiscal requiere reducir subsidios energéticos, mejorar la focalización de las transferencias sociales y contener el gasto discrecional. También señaló que, en el mediano plazo, serán necesarias reformas para mejorar la eficiencia y equidad del sistema tributario y previsional, de modo de preservar espacio para prioridades sociales.
El propio Fondo planteó que las políticas fiscales deben combinar la estabilidad con crecimiento y sostenibilidad social. En mayo, el organismo sostuvo que una asistencia social bien focalizada sería "crítica" para consolidar la reducción de la pobreza y que una comunicación clara y apoyos sociales dirigidos serían importantes para sostener la continuidad del programa.
La discusión no se limita entonces a comprobar si existe superávit. El Fondo viene señalando en sus documentos sobre Argentina la necesidad de preservar la sostenibilidad social y de mediano plazo del programa.
El momento elegido por el organismo internacional para la inspección en Buenos Aires no pasó desapercibido para algunos analistas. Consultado por Letra E, el director de la consultora Vectorial, Haroldo Montagu, advirtió que "si bien es normal que haya misiones y visitas técnicas a países que tienen acuerdos con el Fondo, llama la atención que a menos de una semana de la presentación del presupuesto, que debería despejar dudas respecto a la evolución de las cuentas fiscales y externas del país, llegue una delegación. El cuadro fiscal empeoró y la acumulación de reservas se ralentizó, y tal vez esas sean señales de alerta para el FMI".
En ese marco, la dependencia absoluta del equilibrio fiscal genera reparos. El analista Alfredo Romano criticó la falta de estímulo a la producción microeconómica y la visión estrictamente fiscalista del programa: "Frente a una economía sin crédito, con alta carga impositiva y sin inversión en tecnología para aumentar productividad, ¿Qué debería hacer el Gobierno?. Pero es tan dogmático el tema fiscal para el gobierno que el mismo Fondo Monetario Internacional también llamado IMF o 'Its Mostly Fiscal' ha remarcado en sus informes de Argentina que no es necesario ir tan a fondo con el superavit".
Romano concluyó sobre los riesgos de esta estrategia: "El peor escenario es tener que hacer más ajuste porque la recaudación no levanta. Y el gobierno parece empecinado en ir a esa dirección, matando los huevos de oro que te votaron".
Por su parte, LCG remarcó la encrucijada del consumo y la actividad en un entorno de baja recaudación real: "El gasto público tiene que ir acompañando la caída de la recaudación (en términos reales) para mantener el superávit primario, lo cual tiene un efecto contractivo. Lo único que sube son las exportaciones netas... Vemos difícil esperar una dinámica muy diferente hasta las elecciones".
