Joaquín de Grazia es el empresario que encabezó la expansión del sector avícola con créditos productivos del kirchnerismo, aportó a la campaña de reelección de Mauricio Macri y respaldó públicamente a Javier Milei. Ahora es investigado por la presunta quiebra fraudulenta de Granja Tres Arroyos (GTA), un proceso que dejó más de 1500 personas despidas.
El grupo GTA adeuda u$s 350 millones, tiene bienes inhibidos, cuatro pedidos de quiebra y mantiene paralizadas casi la totalidad de sus plantas en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Camina hacia la convocatoria de acreedores.
Fuentes del sector avícola y de los gobiernos entrerriano y bonaerense, que están en la búsqueda de una salida productiva para la empresa, advierten que “la justicia sospecha que De Grazia esté forzando una quiebra fraudulenta, y está investigando cómo se desencadenó semejante crisis financiera y económica”.
El colapso del grupo Granja Tres Arroyos quedó judicializado y según fuentes oficiales, eso postergó cualquier alternativa de venta de activos o el ingreso de un socio inversor que permita la continuidad operativa de la empresa; todo indica que se dirige a una convocatoria de acreedores y la posterior quiebra.
Los acreedores principales son los bancos a los que les pidió créditos, a las empresas de servicios públicos, a los estados provinciales y al fisco nacional.
Los que están al frente de la empresa son Joaquín De Grazia y su hermana Elba De Grazia y los hijos de ambos. Todos descendientes de Gaspar De Grazia, el inmigrante italiano que inició la actividad con la venta de pollos en un mercado comunitario, ubicado en la calle Tres Arroyos, en el barrio porteño de Villa Crespo.
Miguel Ángel Klenner, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de Concepción del Uruguay, le aseguró a Letra E que “Granja Tres Arroyos vació la empresa, se llevó el capital afuera del país. Por ejemplo, en Uruguay invirtió en granjas, molinos, infraestructura, firmó contratos con China, África y Europa y en Argentina dejó una caja chica”.
“Con la gripe aviar la empresa no pudo sostener la actividad, pagó sueldos en cuotas, entregó cheques de largo plazo a los proveedores, dejó créditos impagos, no mandó alimentos a las granjas de engorde y bajó la faena hasta no llegar a cubrir ningún costo operativo, fue un suicidio”.
Joaquín De Grazia fue el empresario más influyente de la industria avícola argentina, manejó el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), la cámara del sector, en la que todavía es vicepresidente. Empresarios que han mantenido reuniones con él aseguran que "en el CEPA se hace lo que dice De Grazia, él manda".
Desde allí gestionó para el sector avícola y para su propia empresa. Por ejemplo, los créditos a tasa negativa del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, que otorgó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2010, para paliar los efectos de la crisis global generada por el incumplimiento masivo de créditos hipotecarios.
En busca de ganar productividad, De Grazia aceleró la velocidad de la línea de producción y las cintas transportadoras por las que pasan los pollos que entran a la planta de faena. Quienes trabajan aseguran que esa es la clave de la suma de lesiones que sufren y que se vuelven crónicas con el transcurrir de los años.
En el telegrama de despido que le envió al personal, De Grazia argumentó que la crisis de su empresa comenzó con la gripe aviar que derivó en el cierre de las exportaciones del sector. También sostuvo que el gobierno de Milei generó una suba en los costos de producción, por ejemplo, con el aumento del precio de la energía y los combustibles.
Y mencionó que el cierre de las exportaciones generó una sobreproducción para el mercado interno que impactó en la caída del precio de comercialización del pollo. La crisis de la empresa se contradice con la actualidad del sector, en el que el consumo por persona de carne avícola alcanzó los 50 kg al año, por encima de la carne vacuna.
“A mí me van a sacar con los pies para adelante de esta planta, trabajen, no paren, que les voy a pagar”, les dijo De Grazia en 2024 a los trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay.
En paralelo, en una entrevista, apoyó el gobierno de Milei y planteó: “Veo un horizonte extraordinario con el litio y Vaca Muerta, y hay que tener un poco de paciencia".
Fue el momento en que se aceleró la debacle y el Gobierno lo apoyó. La Secretaría de Trabajo le otorgó un procedimiento preventivo de crisis para la empresa que le permitió hacer los aportes patronales mínimos y dejar de pagar un premio por presentismo que otorgaba a trabajadores, por fuera del convenio del sector.
Ahora Granja Tres Arroyos tiene todas sus plantas de procesamiento en conflicto y se quedó sin productores de granjas integradas que engordan los pollos para sus frigoríficos.
Solo le quedó operativa una planta en Melilla, Montevideo, Uruguay; las granjas de gallinas reproductoras que sostienen la genética de los pollitos que se engordan para faena; una planta de alimentos deshidratados en Zárate; una procesadora de cerdos en Colón; y un tambo en Brandsen.
Los proveedores de GTA reclamaron ante la Justicia, que trabó embargos e inhibiciones sobre el personal ejecutivo de la firma: Elba De Grazia, Marcelo De Grazia, Inés Magallanes y Romina Pato.
Granja Tres Arroyos llegó a procesar 750.000 pollos diarios entre Argentina y Uruguay. Con integración vertical, fabrica alimento, tiene cría y faena propia; produce derivados, hasta harina de pluma. Y llegó a emplear a 7000 personas. Exporta a 67 países y es el proveedor principal de McDonald's.
GTA es socia del gigante estadounidense Tyson Food, que tiene el 34% del paquete accionario y le provee la genética avícola a nivel global con la marca Cobb.
GTA todavía busca una salida a través de una reestructuración de su deuda, a partir del plan que la empresa encargó a la consultora financiera VALO Columbus, que diseño un plan de pago con quitas de hasta el 75% de lo adeudado, a pagar en cuotas y con la exigencia de que le sigan proveyendo a la empresa. Eso no tuvo buena recepción entre acreedores.
En mayo, De Grazia cerró La China, en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. Esa planta trabajaban casi 1000 personas. De esa nómina, a 480 trabajadores les envió el telegrama de despido en dos tandas.
“Ningún trabajador, ni los despedidos, ni los que no recibieron el telegrama está cobrando su salario, ni nada, desde la segunda quincena de abril”, dijo a Letra E Julio Chamorro, actual secretario general de STIA en Concepción del Uruguay.
Solo para indemnizar al personal despedido, la empresa debe pagar u$s 10 millones en caso de que pague media indemnización, tal cual pretende la empresa, bajo el argumento de que los “tuvo que echar por fuerza mayor”, en alusión al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
A ese grupo de trabajadores se les cortó la obra social. El motivo: la empresa le debe $4000 millones a la Obra Social del Personal de la Industria de la Alimentación (OSPIA). Así, todas las familias se quedaron sin cobertura médica en momentos en que, por ejemplo, aumentó el uso de ansiolíticos o la cobertura del tratamiento de las enfermedades crónicas.
Todas las personas despedidos en Entre Ríos pertenecen al sindicato de la Alimentación. El dato no es menor, son trabajadores que tiene acuerdo salarial mejor que el de los afiliados al Sindicato de la Carne, que también trabajan ahí y de los cuales no despidieron a ninguno.
En Capitán Sarmiento, en la planta Cahuané, 500 personas recibieron telegrama de despido, sobre una dotación de mil trabajadores. El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, dictó la conciliación obligatoria. La empresa, en la sede de Trabajo, en La Plata, aseguró que va a despedir a 700 trabajadores de esa planta.
En la planta del barrio Pinazo, partido de Pilar, según fuentes gremiales, se produjeron 50 despidos.
También en Esteban Echeverría, en la localidad de El Jagüel, echaron a 450 trabajadores.
En Ezeiza cerró su planta de Tristán Suárez y afectó a 200 personas.
Y en el conjunto de las plantas de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos también se registraron 74 despidos afiliados a UATRE.
También GTA paralizó por tiempo indeterminado la planta Avex de Río Cuarto, en Córdoba, donde afectó a 350 trabajadores. GTA ya había vendido ese frigorífico a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), y luego se lo alquiló para seguir produciendo, ahora no funciona.
