En abril de 2027 vencen las subvenciones. El organismo perdió casi 800 becarios y aún no se conoce el destino de los u$s 53 millones de financiamiento.
La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) perdió casi 800 personas becarias en tres años. Cuando asumió Javier Milei, la dependencia gestionaba 3000 Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y la mayoría fueron abandonados. En 2027 vencen las últimas becas vigentes y no hubo altas nuevas.
Los 400 científicos que permanecen en el sistema tienen el valor de la beca congelado desde mayo de 2024: cobran $786.000 quienes cursan doctorados y $950.000 quienes tienen trayectorias posdoctorales.
Luego que el León XIV remarcó la necesidad imperiosa de “robustecer la educación, la universidad y la investigación”, el Gobierno abandona la promoción científica en el país.
A partir de abril, por primera vez en 30 años, ya no quedará ningún investigador en la agencia porque se vencen las últimas becas que duran tres años, y no hubo ingresos porque se anularon los concursos públicos a los PICT y cada becario está directamente asociada a un PICT.
La otra vertiente de investigación de base en Argentina es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que es el organismo que más puestos de trabajo perdió en el complejo de ciencia y tecnología nacional, con 2965 personas menos hasta octubre.
En el Conicet, por ejemplo, el Gobierno no prorrogó las becas posdoctorales a 380 científicos y quedaron afuera del sistema hasta 2027, porque además se postergó la publicación de los resultados y las convocatorias para el ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT), que corresponden a la cohorte 2025.
Jorge Aliaga, integrante del directorio del Conicet en representación de las universidades nacionales, afirmó a Letra E que el organismo enfrenta un faltante de $120.000 millones para cubrir el pago de salarios y becas hasta fin de año. Ese déficit deberá ser compensado por el Ministerio de Economía, a cargo de Toto Caputo, en el corto plazo.
De la Agencia I+D+i surgieron desarrollos científicos como el trigo HB4, resistente a la sequía, liderado por Raquel Chan (Conicet-UNL); la vacuna terapéutica Vaccimel contra el melanoma, desarrollada por José Mordoh (Conicet-Fundación Leloir); la vacuna ARVAC Cecilia Grierson contra el COVID-19, impulsada por Conicet-UNSAM; y los nanoanticuerpos VHH contra el rotavirus, desarrollados por Lorena Garaicoechea (INTA-Conicet), entre otros.
También se descubrieron cultivos de maíz tardío, lo que permitió expandir la frontera agrícola. También surgieron estudios de largo plazo que permitieron diseñar políticas para reducir el embarazo infantil. Otro estudio logró evidencia biológica sobre la unicidad del ecosistema submarino, que aportó el argumento central para ganar un 37% más de territorio argentino sobre la plataforma atlántica.
Milei hizo cambios en la estructura que está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que encabeza Diego Santilli, al designar nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología a Ricardo Crespo, investigador del Conicet y ex vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral.
Crespo reemplazó a César Lencina, que renunció y acusó por “destrato y desconsideración al personal en el entorno de trabajo”. La apuntada es la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, la misma que presentó en su CV un doctorado a distancia en inteligencia artificial dictado por una entidad con sede en Honolulu, Hawái.
También asumió al frente de la Agencia I+D+i el abogado, especialista en propiedad intelectual y asesor del gremio Camioneros de Entre Ríos, Santiago Villa, que reemplazó a Natalia Avendaño, quien quedó señalada por las personas becarias como la responsable de los desmanejos en el organismo.
Villa es entrerriano y en el sector aseguran que llega recomendado por dos coterráneos, el gobernador Rogelio Frigerio y el exministro Lino Barañao. Villa fue director de Vinculación del Conicet entre 2010 y 2014, conoce el sistema. La incógnita es el margen de maniobra que le permitirá el Gobierno.
El colectivo de becarios y becarias doctorales y posdoctorales (Becarixs Agencia) le envió una carta a Villa mediante la plataforma oficial de Trámites a Distancia (TAD) de la Administración Pública Nacional.
Los becarios advierten a Villa de la “grave crisis e incertidumbre institucional de la agencia, marcada por el proceso sostenido de deterioro presupuestario y financiero”.
Letra E consultó a Agustín Ormazábal, que está cursando una beca posdoctoral en biotecnología en la Universidad Nacional de Quilmes.
Ormazábal explicó que “hay dos responsables principales del desastre: Natalia Avendaño, que fue la presidenta durante todo el último tiempo hasta su renuncia, y Rita Cuevas, que sigue como directora del Foncyt y responsable directa del pago de becas y administración de los PICT”.
“Los PICT eran el principal instrumento de promoción científica del país. Los trabajados irradiaban a todos los demás organismos, había investigadores del Conicet, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del Instituto Balseiro, y discontinuarlos es atacar al corazón de las capacidades científicas del país”, dijo Ormazábal.
La agencia participó de la constitución de empresas de base tecnológica, y colaboró con 1700 pymes en sus líneas de promoción.
En diálogo con Letra E, el economista Fernando Peirano, que presidió la Agencia I+D+i en el gobierno de Alberto Fernández, explicó que “parece que quieren asegurar el récord de completar cuatro años sin otorgar ni un solo apoyo. Así quedan becarios sin becas e investigaciones sin continuidad”.
“Argentina se convirtió en un exportador de científicos. Por goteo, los más jóvenes son empujados a desarrollar sus vocaciones por la ciencia en otros países, en un mundo donde se generalizaron los programas de 'atracción de talentos'”, dijo Peirano.
El Gobierno ignoró las convocatorias a concurso público de proyectos de 2022, que tenían ganadores adjudicados. Y en 2023 también las anuló, luego de prorrogar 13 veces el cierre de la convocatoria.
Son investigaciones de todas las áreas del conocimiento: estudios sobre distintos tipos de cáncer, estudios en fisiología y patología celular, ciencias exactas, tecnología de materiales, reciclado avanzado de plásticos, purificación y desinfección de aire, tratamientos de aguas contaminadas con plaguicidas, creación de hidrogeles y nanomateriales capaces de purificar el agua de desecho generada por el procesamiento industrial de alimentos.
La agencia tenía financiamiento en cuatro líneas específicas de organismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Hay un escándalo por los u$s 53 millones que nunca llegaron a nuestros laboratorios. Las autoridades no dieron información oficial sobre qué pasó con esos fondos”, reclamó Ormazábal.
Incluso no prosperó aún el llamado a concurso de proyectos por u$s 10 millones que diseñó la agencia bajo la administración libertaria en 2026 y que denominó Apoyos a la Investigación Científica (AIC).
Allí, el Gobierno impuso condiciones muy restrictivas. Entre ellas, estableció que cada proyecto de investigación debía contar con aportes del sector privado y delimitó de antemano las áreas prioritarias de estudio: salud, agroindustria, energía y minería.
Hubo postulación de proyectos, pero aún no se evaluaron y tampoco se informó al respecto. La línea AIC tenía financiamiento previsto en un contrato con el BID, que originalmente había sido asignado a los PICT.
Los cargos de investigador en la agencia, exigen dedicación exclusiva, ya que sólo pueden anexar un cargo de docente con dedicación simple.
Desde febrero de 2025 el Gobierno dejó de emitir el recibo por el dinero que les entrega mensualmente, que se denomina “estipendio”. Tampoco funciona la obra social y en buena parte del país los investigadores de la agencia ya no cuentan con cobertura médica.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología eliminó el 45% del personal y la Agencia I+D+i, el 44,4%. En términos relativos, son los dos organismos del sistema científico en los que pegó más fuerte el ajuste de investigadores y trabajadores.
En 2025, la Agencia fue el organismo científico que menos ejecutó su presupuesto, apenas el 12% del crédito que le habían asignado.
La agencia es una parte del ajuste que el Gobierno aplicó al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI); por caso, los salarios de los trabajadores perdieron un 40% del poder adquisitivo.
