Aumentaron un 612,5% el servicio desde enero de 2024. Controlan un mercado cautivo de 3,1 millones de vehículos. D'Onofrio y una licitación bajo sospecha.
Buenos Aires: los siete zares de la VTV provincial le ganan por goleada a la inflación
La VTV en Buenos Aires aumentó 612,5% desde enero de 2024, más del doble de la inflación medida por el INDEC en el mismo período. El salto tarifario beneficia a siete grupos que concentran un mercado cautivo de 3,1 millones de vehículos y que están bajo investigación judicial por presuntos pagos de coimas en la última licitación provincial.
Quienes llevan su automóvil a una planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) pagan actualmente $114.000 para una unidad de hasta 2500 kilos y, si la tarifa hubiera seguido la evolución del índice de precios al consumidor, el costo de obtener la oblea que se adhiere al parabrisas sería de menos de $56.000. A principios de 2024, la VTV para esa categoría de vehículos costaba $15.997.
Con el último incremento que se aplicó en octubre de 2026, la tarifa de la VTV registró un aumento del 43% en el año, que también supera la inflación acumulada de 2026, que registra un 23,6% hasta septiembre, último dato oficial disponible.
El negocio, que superó ampliamente la inflación y tiene un mercado cautivo de más de 3,1 millones de vehículos, está en manos de siete grupos o uniones transitorias de empresas. Todos están bajo investigación judicial: el fiscal de la causa los acusa de haber pagado coimas por u$s 4 millones al exministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio, quien organizó la última licitación del sistema.
En la investigación judicial figuran los empresarios vinculados de las plantas de VTV: Germán Jorge Neuss, titular de Neuss Capital; Martín Hernán Serrano, presidente de la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y ejecutivo de la multinacional Applus; Sebastián Andrés Desio, referente de la empresa Soluciones Tecnológicas; Germán Leandro Rebolo; Leonardo Sclafani; Aitor Retes Aguado; Juan Manuel Funes Bige; Juan Pablo Pesculich y Facundo Asencio.
El proceso de adjudicación que lideró D'Onofrio, quedó bajo investigación judicial y el fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, ya pidió que la causa fuese elevada a juicio oral.
“Pudimos determinar que el exministro D'Onofrio acordó con siete empresas la adjudicación por diez años de las zonas del servicio de VTV a cambio de dinero”, precisó Garganta en una entrevista en radio Mitre, y aseguró: “Se pudo comprobar la transferencia de unos cuatro millones de dólares”.
Según la hipótesis del fiscal, D'Onofrio tendría relación con la firma Soluciones Tecnológicas, que se creó en los meses previos al inicio de la licitación, y las empresas que resultaron adjudicatarias la aceptaron como proveedor exclusivo del sistema de emisión de turnos para la verificación.
La fiscalía también señaló que en el proceso licitatorio no hubo superposición de ofertas y constató que el proceso no registró competencia efectiva por las zonas.
En enero de 2024, el gobernador Axel Kicillof realizó una licitación pública que amplió de 11 a 16 las zonas de cobertura del sistema en los 135 partidos de la provincia y adjudicó las nuevas concesiones por diez años. De ese modo, regularizó un sistema cuyos contratos acumulaban una década de prórrogas provisorias, desde el gobierno de Daniel Scioli, pasando por la gestión de María Eugenia Vidal, hasta el primer mandato de Kicillof.
La VTV es un negocio de largo aliento. En ese período las empresas mantuvieron intacto el negocio que habían comenzado en 1995 y amortizaron la inversión. Incluso en 2022 el ex diputado provincial del peronismo Walter Abarca denunció que los concesionarios pagaban un canon de $500 millones por año y recaudaban una cifra cercana a $10.000 millones.
El cuadro tarifario de la verificación técnica se actualiza según las paritarias del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA): la tarifa básica equivale al 7% del salario básico de la categoría 1 del convenio.
Applus Iteuve Argentina S.A se quedó con las zonas 4, 6, 10 y 11. Es una multinacional cuyo titular es el español Retes Aguado y el vicepresidente es Ezequiel Martínez, quien también figura en la comisión directiva de CAVEA. Esa empresa administra el norte del conurbano, el sur de la provincia y los municipios de la costa atlántica.
SGS Argentina, multinacional de origen francés que opera con la empresa Verauto La Plata S.A., se quedó con las zonas 1, 8, 13 y 14. Abarca regiones del norte provincial y del conurbano como La Matanza.
VTV Norte se quedó con las zonas 2 y 3. Tiene los talleres en los municipios del norte del conurbano provincial: Vicente López, San Fernando, San Isidro, La Matanza y Merlo. VTV Norte es una filial del grupo sueco Opus Inspection, cuyo representante es el contador y abogado Martín Hernán Serrano.
VTV SUD se quedó con la zona 7, que incluye los partidos del sur del conurbano: Avellaneda, Berazategui y Quilmes. Es la empresa que preside Neuss, ceo del fondo de inversión Neuss Capital.
Carpes All se quedó con zona 12 que cubre distritos del centro y de la región atlántica de la provincia. Es una empresa constituida en enero de 2023, y en mayo tuvo un incremento accionario de $500.000 a $14,5 millones. En el directorio figuran Alberto Rafael Olmedo, Juan Pablo Pesculich y Daniel Oreste Carraro.
Sistema Integral del Automóvil UTE (SIA-UTE) obtuvo la concesión de las zonas 5, 9 y 16. Esa sociedad está conformada por las empresas Checkcar, Selaf S.A., Carpiaf, Castelaf, Car Retec y Franutec. Son seis sociedades anónimas que comparten a las mismas personas en sus directorios. Por ejemplo, figuran en más de una de ellas Juan Manuel Funes Bige, Carlos Adrián Fernández, Claudia Adriana Aguirre y Anabella Mariana Tejera, que rotan cargos.
VTV Noroeste se quedó con la zona 15 del sistema de verificación. Allí figuran como titulares Ariel Giudici y Leonardo Sclafani. Esos talleres verifican vehículos de distritos del noroeste como Bragado, Chivilcoy, Chacabuco, Suipacha y 25 de Mayo.
El gobierno bonaerense resiste la desregulación de la VTV impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que busca reemplazar el esquema de empresas habilitadas para prestar el servicio en forma exclusiva por otro que permita a talleres mecánicos y concesionarias realizar las verificaciones. La reforma también libera las tarifas.
A través del decreto 196/25, el Gobierno nacimodificó la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito, habilitó el registro para nuevos prestadores y extendió los plazos de vigencia; entre ellos, fijó en cinco años el margen para que los vehículos 0 km realicen su primera inspección y también estableció que para los vehículos de entre 5 y 2 años el período para hacer la siguiente revisión es de dos años y para los autos de más de 10 años, la revisión para a ser anual.
Por el contrario, el alcalde Jorge Macri adhirió a la reforma nacional mediante una ley de la Legislatura porteña. Y comenzó un traspaso gradual hacia el sistema abierto. En octubre se vencen los contratos de concesión de las siete plantas oficiales que operaban con exclusividad en la Ciudad, entre ellas, las pertenecientes al Grupo Neuss.
En la Legislatura bonaerense no avanzaron dos proyectos de ley: uno para eliminar directamente el sistema y el otro para traspasarlo a las administraciones municipales.
El jefe del bloque de diputados bonaerenses de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, presentó una iniciativa para eliminar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia. “La VTV no salva vidas, solo busca recaudar y ser un negocio para pocos”, advirtió.
“Más del 99% de los accidentes están causados por fallas humanas y deficiencia en la infraestructura vial. Allí el Estado debe invertir y poner énfasis en las políticas viales”, remarcó De Leo.
El exlegislador Abarca presentó en dos oportunidades el mismo proyecto para estatizar y municipalizar la VTV y reemplazar el sistema de concesiones privadas por una gestión conjunta entre la provincia y los municipios.
“La idea es que un recurso que actualmente se están llevando empresas privadas quede en manos del Estado. Son más de $10.000 millones que recaudan y pagan un canon de $500 millones”, argumentó Abarca en 2022.
