Un fallo judicial frena la reducción de estándares operativos y ambientales que prevé el nuevo contrato de concesión. La apertura de sobres, en la mira.
Impulsada por Javier Milei, la privatización de AySA quedó bajo presión por un fallo judicial promovido por Axel Kicillof, que frenó cambios en las obligaciones de la empresa sobre agua potable, salud pública y ambiente. La decisión jaquea el cronograma de apertura de sobres y complica una operación con la que el Gobierno espera recaudar unos u$s 500 millones.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó la medida cautelar que le impide a AySA "modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones sobre el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano".
Tras rechazar la apelación presentada por AySA y ratificar la cautelar solicitada por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, los camaristas resolvieron remitir la causa a un juzgado federal de La Plata.
Si bien no cancela formalmente el proceso licitatorio en trámite, en la práctica el fallo impediría que la gestión libertaria avance con la transferencia de AySA a manos privadas hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo referida a los alcances del nuevo contrato de concesión y a los pasivos ambientales generados tras la paralización de las obras de nuevas plantas de tratamiento que estaba realizando la empresa estatal.
Lorenzino denunció que el contrato de concesión aprobado para la futura operadora privada implica una marcada reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios en la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloacales.
El fallo —firmado por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez— establece que AySA debe abstenerse de "realizar cualquier acto que modifique, reduzca, limite, altere, suspenda o disminuya sus obligaciones vinculadas al acceso al agua potable, a la salud pública, a un ambiente sano y a la prestación adecuada de ese servicio público esencial, mientras no se produzca una evaluación integral de los aspectos ambientales, sanitarios e institucionales en juego".
Hasta ahora, la posición del ministro de Economía, Toto Caputo, es seguir adelante con la apertura de los sobres de antecedentes, prevista para el martes.
Según el análisis de los abogados oficiales, la resolución judicial no ordena expresamente la cancelación de la licitación y, mientras no se concrete el traspaso de la empresa a una nueva operadora, no habría incumplimiento de la orden judicial.
El esquema diseñado para la privatización de AySA prevé la venta directa del 90% del paquete accionario a una empresa o grupo inversor. Aunque el Gobierno evitó difundir la valuación oficial de la compañía, en Economía esperan recaudar, como mínimo, unos u$s 500 millones.
Quienes trabajan en la empresa conservarán el 10% del capital y, cumplidos los primeros cinco años de operación, la futura concesionaria podrá avanzar con una apertura parcial del capital en la Bolsa.
La futura operadora no recibirá, en principio, asistencia económica del Estado. Deberá financiar las inversiones obligatorias con ingresos tarifarios y recursos propios. Para el primer quinquenio, el contrato prevé desembolsos por u$s 1940 millones y, para todo el período de concesión, inversiones estimadas en u$s 15.040 millones.
Con un extenso y fundamentado informe, la Sindicatura de Usuarios del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) —integrada por 28 asociaciones de consumidores— salió a rechazar el esquema de privatización, que contempla, entre otros puntos, una limitada expansión de los servicios y una renta garantizada en dólares para la nueva operadora.
El documento sostuvo que "el nuevo modelo de AySA no constituye solamente una privatización de la gestión, sino una transferencia estructural del riesgo económico, financiero y cambiario desde el Estado hacia los usuarios. El concesionario obtiene mecanismos de protección de su rentabilidad, mientras que los usuarios asumen con la tarifa los costos de capital, la expansión, parte de los incobrables y las contingencias macroeconómicas".
Según el informe, "el núcleo económico del nuevo régimen es la creación de una Base de Activos Regulatorios (BAR), sobre la cual se reconoce a la operadora una tasa de rentabilidad —WACC— del 8,9% real en dólares y libre de impuestos, que implica una ganancia anual estimada de u$s 44,56 millones".
Entre otros cuestionamientos, las entidades de usuarios pusieron la lupa sobre estos aspectos:
