El gobierno mantiene el lobby con la cadena de valor y busca una ley para la tasa vial. Resistencia de los intendentes y presión por el estado de las rutas.
El gobierno de Maximiliano Pullaro ubica en 2028 la implementación de un cobro único para los camiones que ingresan a los puertos del corredor agroexportador del Gran Rosario. Mientras mantiene el lobby para conseguir los consensos, la Casa Gris deja una advertencia sobre la mesa: si fracasa el fideicomiso, habrá más peajes en las rutas provinciales.
La definición estira los tiempos de una iniciativa que lleva buena parte de la gestión entre negociaciones, resistencias y anuncios. Según pudo saber Letra P, el Ejecutivo descarta ponerla en funcionamiento el año próximo y apunta a preparar antes el terreno con los sectores involucrados. El calendario se extiende, pero el asunto sigue entre las prioridades que el gobernador conversa casi semanalmente con su ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.
Como contó este medio, la administración provincial ya había resuelto dejar la aplicación del nuevo esquema para después de las elecciones de 2027, para evitar que la discusión por los costos del transporte de granos abriera un conflicto con el campo en plena campaña. El horizonte que ahora transmiten en la Casa Gris es 2028.
En la administración Pullaro explican que ese margen permitirá organizar el sistema y darles tiempo a los distintos actores para adaptarse. La condición política sigue siendo la misma: primero debe haber una ley que respalde el fideicomiso. El gobierno descarta crearlo por decreto y busca que su funcionamiento tenga un acuerdo que exceda a la Casa Gris.
La postergación expone, también, la dificultad para cerrar una discusión en la que todos reconocen el deterioro de la infraestructura, pero no coinciden sobre quién debe pagar su recuperación. El monto del cobro, la administración de los fondos y su distribución siguen siendo parte del delicado equilibrio que intenta construir el gobierno.
La ronda de conversaciones continúa. El ministro Enrico y su equipo se reunieron hace poco más de una semana con la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) y preparan encuentros con las asociaciones que nuclean a transportistas y camioneros. La intención es trabajar con cada interlocutor antes de llevar la discusión a una instancia definitiva.
“Es un tema hiper delicado”, reconocen en el área. Aun así, la lectura oficial es que las resistencias no conforman un bloque uniforme y que, especialmente entre los privados, existe margen para negociar. “Hay que lograr consensos con los sectores de la cadena de valor. Hay acuerdos logrados”, sostienen fuentes del gobierno. Para defender esa interpretación, apelan a una comparación con otras disputas: “Cuando no están de acuerdo incendian todo; acá fueron todos prudentes”.
La prudencia que destacan no significa un cheque en blanco. La Sociedad Rural Argentina ya había advertido que una nueva carga sobre el transporte podía terminar trasladándose a los productores y reclamó participación en las definiciones.
En Obras Públicas argumentan que la dimensión del complejo agroexportador obliga a pensar una solución de otra escala. “No es un puertito como antes, es más grande que el de Nueva Orleans”, grafican. La comparación apunta a reforzar la necesidad de planificar las obras y administrar los recursos entre los actores involucrados.
El frente municipal sigue aportando los mayores decibeles. Carlos De Grandis, intendente de Puerto General San Martín, volvió a endurecer su posición durante el acto por el Día de la Lealtad. “Si es necesario voy a arar todos los caminos”, advirtió, según publicó el portal SL24, en rechazo a una intervención provincial sobre los recursos que recauda su ciudad por el tránsito pesado.
El conflicto tiene historia. Como reconstruyó Letra P, el reparto de la recaudación y la preservación de los ingresos municipales fueron puntos centrales de los sucesivos acercamientos entre la provincia y las localidades portuarias. Las reuniones permitieron bajar tensiones, pero nunca terminaron de despejar la desconfianza.
Las nuevas declaraciones de De Grandis muestran que ese frente continúa abierto. En la Casa Gris, sin embargo, evitan extender su posición al conjunto de los interlocutores. Apuestan a que los acuerdos parciales y la necesidad de obras les permitan sostener la negociación, incluso con los intendentes más resistentes.
La presión oficial tiene otro componente. En Obras Públicas advierten que el esquema de concesiones dispuesto por la Nación, con sus correspondientes peajes, puede empujar a los transportistas hacia las rutas provinciales para abaratar costos. El resultado, según ese diagnóstico, sería un mayor deterioro de caminos que Santa Fe deberá mantener con recursos propios. “Nos van a hacer mierda las rutas en diez minutos y estamos invirtiendo una fortuna”, dicen sin medias tintas.
La conclusión que trasladan a la mesa es que, si no se acuerda un mecanismo integral para recuperar esa inversión, llegará el turno de incorporar peajes provinciales. “El gobernador pidió armar el fideicomiso. Si no, habrá un peaje en cada ruta”, afirman en el área. Y remachan: “Un peaje lo ponemos en diez minutos, pero no es la idea”.
La frase funciona como una advertencia política, aunque en el Ejecutivo insisten en que la búsqueda sigue siendo el fideicomiso como solución integral. “Ningún puerto se maneja así; acá la idea es manejarlo entre todos”, sostienen.
