La administración de Javier Milei avanza con la concesión del dragado y balizamiento hasta 2056. Restan abrir las ofertas económicas. La tarifa será decisiva.
La licitación de la hidrovía impulsada por Javier Milei avanzó con la precalificación técnica, que dejó a Jan de Nul por encima de DEME en la compulsa por la privatización de la vía navegable troncal. La definición de la concesión de dragado y balizamiento hasta 2056 dependerá ahora del peaje que cada empresa proponga en las ofertas económicas.
En la precalificación del Sobre 2 —que abarcó la planificación de las obras, las dragas disponibles y la coordinación técnica de los trabajos—, la empresa belga Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos. DEME, también de Bélgica, quedó en segundo lugar con 42,14 puntos.
Aunque la diferencia técnica es significativa, la definición aún permanece abierta porque resta la apertura de los sobres económicos, en los que DEME podría imponerse si presenta una propuesta de peaje más baja.
Según el sistema de puntuación definido por el Gobierno, la evaluación del Sobre 3 representará el 60% de la calificación total, con un máximo de 120 puntos para la empresa que ofrezca la menor tarifa de peaje.
Tanto Jan de Nul como DEME tienen un plazo de siete días para impugnar la calificación técnica. Si no hay cuestionamientos, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), a cargo de Iñaki Arreseygor, podrá abrir las propuestas económicas en la última semana de mayo.
Asociada con la local Emepa, Jan de Nul ganó la primera licitación durante el gobierno de Carlos Menem. Tras el vencimiento de esa concesión en 2021, continuó a cargo del dragado como contratista del Estado, primero bajo la Administración General de Puertos (AGP) y luego con la ANPyN.
Por su parte, DEME es otra compañía global con presencia en Europa y Asia que desde 2025 busca ampliar su operación en Sudamérica. Fue la única oferente en la licitación de febrero del año pasado, que finalmente quedó sin efecto.
La licitación en disputa constituye la privatización más relevante que tiene en curso la administración libertaria. Definirá quién administrará durante las próximas tres décadas el principal corredor navegable del país, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones agropecuarias y el 90% del tráfico de contenedores.
Lo que está en juego es una concesión de obra pública para el dragado y balizamiento con cobro de peaje, sin aval estatal y a riesgo empresario, de la vía navegable troncal (VNT), que se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná hasta el Río de la Plata exterior.
Con el asesoramiento técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), los funcionarios de la ANPyN diseñaron un esquema de presentación dividido en tres instancias.
El primer sobre correspondió a los antecedentes legales, financieros y técnicos. El segundo abarcó los planes de acción elaborados por las empresas para cumplir con las exigencias de los pliegos y las capacidades técnicas del personal a cargo de las obras. El tercer y último sobre, aún pendiente de apertura, contendrá las tarifas de peaje que las oferentes pretenden cobrar para cubrir costos operativos, ejecutar las obras y obtener rentabilidad.
En los primeros meses de la concesión —la denominada “Etapa 0”—, el nuevo concesionario deberá realizar tareas de mantenimiento pendientes y mejoras esenciales para la VNT. Para ese período deberá cotizar un peaje de entre u$s 3,80 y u$s 4,20 por Tonelada de Registro Neto (TRN), por debajo de la tarifa actual de u$s 4,30.
En la “Etapa 1”, deberá garantizar un dragado de 36 pies en el tramo principal con una tarifa de entre u$s 4,65 y u$s 5,05 por TRN.
En la “Etapa 2”, la profundidad de la VNT deberá alcanzar los 40 pies, con una tarifa de entre u$s 5,78 y u$s 6,18, hasta un 44% superior al peaje actual.
Con los estudios de ampliación del dragado a 42 y 44 pies que deberán presentarse en el quinto año del contrato, el futuro concesionario tendrá que definir un nuevo esquema tarifario. En el sector estiman que ese peaje podría ubicarse entre un 100% y un 150% por encima de la tarifa vigente.
Hasta ahora, el proceso licitatorio cuenta con respaldo de entidades empresariales vinculadas a la hidrovía, entre ellas la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de la Industria Aceitera.
Los principales cuestionamientos llegaron desde el Consejo Portuario Argentino y desde sectores de la oposición. El titular del organismo, José María Lojo, advirtió ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre el impacto de las futuras tarifas y reclamó estudios ambientales vinculados al aumento del calado del río Paraná.
Por su parte, el diputado Jorge Taiana pidió la suspensión del proceso hasta que se esclarezcan las denuncias presentadas ante la PIA y cuestionó el esquema de bandas tarifarias previsto en los pliegos.
