Presentaron un amparo contra la limitación al movimiento comercial en la frontera. Buscan una cautelar que suspenda la resolución. El pedido de Gustavo Sáenz.
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, con Gustavo Subelza, uno de los intendentes rebeldes contra la medida de ARCA.
Dos intendentes de Salta presentaron un amparo contra ARCA para frenar la nueva normativa que modificó el Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo de Exportación. La medida limitó el movimiento comercial de pequeña escala entre ciudades fronterizas, afectó la actividad de los bagayeros y encendió las alarmas de la microeconomía en el Norte Grande.
Quienes encabezan el contraataque son el alcalde de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán. Los mandatarios municipales sumaron al amparo, además, un pedido de medida cautelar para suspender lo que llamaron “cepo aduanero” que produce “un serio daño patrimonial sobre el comercio local”, “asfixia los recursos” y compromete “la paz social del Municipio”.
Sin acudir a la Justicia para no romper nada, Sáenz pidió "la revisión a los cambios introducidos" al ARCA. "Entiendo la necesidad de fortalecer los mecanismos de control vigentes, pero esa reestructuración debe lograrse sin afectar el comercio que se desarrolla de forma legal en la zona de frontera", agregó.
La resolución de ARCA entró en funciones hace pocos días, luego de su publicación en el Boletín Oficial. Estableció un tope de u$s 150 al traslado de mercadería a través de la frontera, aplicable a cada residente fronterizo por jornada, independientemente de cuántos productos transporte. El topa ya existía, pero se aplicaba a cada operación de egreso.
La resolución, que lleva la firma del titular de ARCA Andrés Vazquez, también incorporó restricciones para el traslado de combustibles en bidones u otros recipientes; prohibió el traslado de trigo, soja y maíz en todas sus formas; como así también envases de 10 kilos o más. A su vez, incluyó de manera expresa las mercaderías cuya exportación estuviera prohibida o suspendida.
El alcance de la disposición comprende 65 pasos fronterizos habilitados para el Tráfico Vecinal Fronterizo de Exportación (TVFE). Del total, 38 corresponden a la frontera con Paraguay, 22 a Brasil y cinco a Bolivia, una distribución que refleja la extensión del sistema en el Norte Grande. En algunos de ellos, la actividad de los “bagayeros” es clave para sostener la economía local.
En el amparo, los municipios sostuvieron que la medida amenaza con destruir una estructura económica consolidada durante décadas. Advirtieron que la caída de la actividad golpea a comerciantes, pymes, transportistas y trabajadores informales, además de reducir los ingresos fiscales locales. “La disminución de la recaudación de los municipios por la paralización comercial agrava terminálmente su autonomía financiera”, afirmaron.
Los demandantes señalaron que el estado reconoció, promovió y toleró estas prácticas como respuesta a la falta de empleo formal en el norte. Por eso, consideran contradictorio que ahora imponga restricciones. “El estado no puede modificar de un plumazo una práctica social que él mismo indujo, propició, reguló y toleró durante más de cuarenta años”, argumentaron.
Por otro lado, Aguas Blancas y Salvador Mazza afirmaron que ARCA excedió sus facultades al establecer nuevas prohibiciones comerciales. Según dicen, el organismo tiene atribuciones para fiscalizar y controlar las operaciones aduaneras, pero no para crear restricciones económicas reservadas al Poder Ejecutivo Nacional.
La demanda también rechazó que el tráfico vecinal pueda asociarse automáticamente con actividades delictivas. Los municipios describen el denominado “bagayeo” como una forma de autoempleo adoptada por vecinos que no encuentran alternativas laborales en la economía formal. “No puede ser desconocida o considerarse predispuesta a conductas delictivas”, sostiene el escrito.
Por último, los municipios advirtieron que las restricciones podrían agravar la informalidad en lugar de resolverla ya que creen que limitar abruptamente el intercambio comercial, sin ofrecer alternativas laborales ni mecanismos de transición, profundizará la vulnerabilidad de cientos de familias. “Lejos de frenar el flujo de mercaderías, la norma simplemente convierte a las mismas en objeto de ilegalidad absoluta y contrabando por pasos clandestinos”, advirtieron.
No es la primera medida de resistencia que impulsaron los alcaldes. Subelza se había reunido con el jefe de Gabinete salteño, Sergio Camacho, para pedir que el gobierno provincial se involucre en el tema y lo incluya como un reclamo en el vínculo con la Casa Rosada. Tras ese encuentro, y una resolución del Concejo Deliberante de Aguas Blancas, Gustavo Sáenz informó que sumaría el tema a su agenda.
