Phoenix Global Fund financió la salida de Cargill del país sudamericano en tiempos de Nicolás Maduro y estuvo implicado en un escándalo con un gigante asiático.
La privatización de AySA, un paraíso para inversores sin rostro.
Walter Román y Mauricio Filiberti incorporaron a la privatización de AySA, como socio mayoritario, a Phoenix Global Fund, un fondo radicado en Curazao sin experiencia en servicios públicos. PHX deja pocos rastros. Uno: participó en la compra de los activos que Cargill remató para salir de la Venezuela de Nicolás Maduro. Otro: una operación muy discutida de un gigante indio.
El ingreso de esta misteriosa estructura alojada en un paraíso fiscal en la gestión de la empresa de agua y saneamiento que da servicios a casi 11 millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires y debería expandirse a casi 15 millones genera bastantes interrogantes y sigue debajo del radar.
Hace dos semanas, Letra E contó que, el 18 de agosto, se registró en Londres la sociedad PHX AQUA, con un capital simbólico de una libra y bajo control de Phoenix Global Fund, un fondo que gestiona u$s 708 millones en acciones y bonos de empresas de “países emergentes de alto crecimiento”.
Esta sociedad se presentó como un vehículo a partir del cual “inversores extranjeros interesados en la oportunidad”, indeterminados, aportarán fondos a AySA. Al radicarse en Londres, la sociedad cuenta con beneficios fiscales y el paraguas legal del tratado de protección de inversiones que Argentina y Gran Bretaña firmaron en los 90.
En principio, PHX debería poner u$s 187 millones para pagar su parte de los u$s 340 millones de la concesión. También debería ser el vehículo para conseguir los u$s 2000 millones de inversiones pautadas para los próximos cinco años.
PHX es un vehículo de inversión que vuela lejos de los radares, aunque a veces se expone. Un par de operaciones permiten tener idea de cómo se emplean estos instrumentos alojados en paraísos fiscales.
Las operaciones del futuro accionista mayoritario de AySA son complejas y opacas, y este medio no pudo dar con ninguna fuente oficial ni del sector privado que se las explicara.
En 2020, Maduro adelantó la Navidad al 15 de octubre. El 10 de noviembre de ese año, Cargill anunció la venta de todas sus operaciones en Venezuela a un holding local, el Grupo Puig, y a Phoenix Global Investment Fund.
No hubo demasiados detalles. Cargill comunicó que la venta buscaba “asegurar la continuidad de las operaciones en el país, el acceso a los productos y servicios de calidad que la compañía ha brindado a lo largo de 34 años en Venezuela". Apenas un cable de Reuters de un minuto de lectura.
El Grupo Puig, una empresa alimenticia con más de cien años en ese país asociada a la fabricación de galletas, dio un salto para integrar su cadena productiva -con la provisión de la harina- y ampliarla, con marcas de harinas y fideos como Blanca Flor y Ronco.
Actualmente, se desconocen los montos de la operación. En su menú de inversiones, PHX detalló que, en marzo, el 1,41% de sus u$s 708 millones estaban invertidos en Venezuela. Son apenas u$s 5 millones. Una fichita.
En enero de 2023, la firma estadounidense Hindenburg Research, especializada en buscar chanchullos financieros, publicó una investigación contra el conglomerado indio Adani Group, al que acusó de manipulación bursátil, evasión fiscal y triangulación de capitales a través de una red de sociedades offshore.
Adani es un gigante valuado en u$s 215.000 millones con negocios en energías fósiles y limpias, infraestructura, puertos y aeropuertos. Su fundador, Gautam Adani, dejó la universidad en 1988 y creció a partir del comercio de diamantes y sus contactos políticos. Se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta. En mayo de este año, anunció su llegada a Argentina, con la compra del 51% de Meridian Transportes Marítimos.
Hindenburg denunció una estructura de fondos de inversión y fideicomisos que le permitían a Adani mantener en su poder capital accionario superior al permitido por el regulador bursátil indio y eludir impuestos. Eran vehículos de inversión, dice el informe, que funcionaban como testaferros de familiares del grupo de control.
Cada fondo manejaba relativamente poco capital, pero el conjunto constituía un enjambre voluminoso. Uno de esos fondos se llama New Leania, está radicado en Chipre y, al momento de la investigación, mantenía una posición de u$s 420 millones, que representaba poco más del 1% de Adani Green Energy, la rama de energías renovables del grupo. El tercer principal accionista de New Leania es otro fondo: PHX.
PHX informó que, a marzo, mantenía 33,67% de su cartera de inversión en India. Son unos u$s 238 millones.
El regulador bursátil indio cerró la investigación sin sanciones a Adani, pero el informe dejó expuesto a PHX como un vehículo de inversión a través del cual personas ocultas mueven dinero para eludir impuestos. Hindenburg Research también puso en papel, o en un largo pdf, otro nombre que vuelve con AySA: Amicorp.
Amicorp y PHX Aqua comparten domicilio legal en Londres, Chipre y Curazao. El neerlandés Willem Anton Smit, director fiduciario de la estructura que controlará AySA, desempeña un papel similar en al menos una decena de otras sociedades, según registros públicos británicos que Letra E pudo relevar con ayuda de la inteligencia artificial.
Son sociedades que sirven para trasladar las ganancias desde su lugar de origen a otros destinos con marcos normativos y fiscales más benévolos.
Amicorp es la madre de estas operaciones. En su sede de Curazao aloja dos fondos de inversión: Phoenix y Absolute Global Investment Fund. Las tres estructuras comparten los mismos directores: Paul Parker, Alex Lynford, Edvar Lotman y Priscilla Lotman.
Amicorp opera en los cinco continentes. A veces, pareciera no hacer muchas preguntas. Quedó involucrado en más de un escándalo. Alguno, más grande que el de Adani Group. Su nombre apareció como originador de fondos de inversión en Caimán, Corazón e Islas Vírgenes a través de los cuales se desviaron más de u$s 4500 millones del fondo soberano de Malasia 1MDB entre 2009 y 2015, en una trama de empresas fantasma.
Amicorp tiene oficinas en Puerto Madero y en países vecinos desde hace más de 20 años. Quizás hayan pasado por ahí los verdaderos futuros dueños de AySA. No lo sabemos.
La estructura de “fondo de fondos” permite armar vehículos con destino específico. Abrevan a la cartera, pero el inversor pone el dinero para un fin determinado. Por ejemplo, PHX AQUA.
Consultadas por este medio, fuentes del consorcio ganador no respondieron quiénes aportarán dinero a este vehículo inversor.
Formalmente, Roaming SA, de Walter Román, tendrá el 20% de la compañía. Transclor, de Mauricio Filiberti, un 10%, y la brasileña Arcos, que operará el servicio, un 15%. El resto estará alojado en este “vehículo de inversión de inversores extranjeros interesados en la oportunidad”.
El uso de estructuras radicadas en paraísos fiscales o sedes tributarias laxas no es novedoso. Techint es una red de sociedades con sede legal en Luxemburgo. El Grupo Petersen entró a YPF en 2008 con una estructura societaria radicada en Australia y en Madrid, que luego terminó siendo el vehículo para la demanda contra el Estado argentino del fondo Burford.
Lo llamativo es que esos accionistas permanezcan en el anonimato. Serán los dueños de la mayoría accionaria de la empresa que controla un servicio público clave.
Los nuevos dueños entrarán a la compañía con un flujo de caja adicional. Este lunes, la audiencia pública dio el paso legal necesario para actualizar los coeficientes zonales.
Alejo Maxit, presidente de la compañía, dijo que “cambiaron las ciudades, cambiaron los barrios, cambió la realidad socioeconómica de millones de personas, pero el sistema siguió respondiendo, en gran medida, a criterios de los años 60 y 80”.
La rezonificación significará un aumento de 22,6% promedio en las facturas del 60% de la población, una reducción de tarifas para el 20% y no implicaría cambios para otro 20% de los usuarios. En el neto, AySA facturaría unos $140.000 millones al año adicionales, o unos u$s 93 millones al tipo de cambio actual. Es el 26% del precio que pagó el consorcio ganador.
Según Maxit, ese dinero se destinará íntegramente a financiar tarifas sociales y no irá a la ganancia de la compañía.
Walter Martello, defensor adjunto del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, sostiene que las tarifas sociales se cubrirían con mucho menos dinero. “Los cálculos nos dan u$s 23 millones. Ellos sostienen que el excedente se destinaría a obras, pero no están incluidas en el pliego”, le dijo a Letra E. “Claramente, es una mejora en el flujo de caja que se da una vez conocido el oferente”, añadió.
