Dos consorcios compiten por el 90% de la compañía, con socios locales y extranjeros. Rowing, de Walter Román, va con el dueño de Transclor.
La privatización de AySA que impulsa Javier Milei tuvo apenas dos consorcios interesados en quedarse con la empresa con la que el Gobierno espera recaudar unos u$S 500 millones. Uno es el grupo cordobés Roggio y el otro la sociedad integrada por la constructora local Rowing SA y Transclor, la proveedora de cloro manejada por Mauricio Filiberti.
La presentación de los sobres de antecedentes estuvo lejos de la mayor participación de empresas oferentes de Brasil y Francia que venía planteando la narrativa libertaria desde que puso en marcha el proceso licitatorio para vender el 90% de la compañía estatal.
El grupo Roggio se anotó en la pelea por AySA asociado con Aguas de Corrientes —del empresario Pablo Chamas— y el grupo japonés Marubeni como asistente técnico. Según la información difundida por Roggio, el consorcio nipón "controla y participa de operaciones de agua y saneamiento en varios países del mundo para más de 16 millones de personas".
A la sociedad oferente también suma el "respaldo tecnológico" de la compañía estatal israelí Mekorot, que abastece a diez millones de personas. Esta presencia podría ser objeto de impugnación por la cláusula "anti-China" del pliego, que prohíbe la participación de empresas controladas por estados soberanos.
Por medio de Aguas Cordobesas, Roggio tiene actualmente a cargo la prestación del servicio de agua potable en la capital mediterránea. Además de su histórico rol de constructor de obras públicas en el plano local y en países vecinos, el grupo opera el subte porteño a través de Emova y el tren de pasajeros de la línea Urquiza con Metrovías. Sus negocios también se extienden a la recolección de residuos y a la explotación de casinos y hoteles.
El otro competidor está conformado por la constructora Rowing —piloteada por Walter Román—, el fondo de inversión neerlandés PHX, la brasileña Arcos —operadora de Águas do Rio— y Transclor, de Filiberti.
Asociado con José Luis Manzano y Daniel Vila, Filiberti es uno de los dueños de Edenor y también de Metrogas, que compraron a fines de agosto. Desde 2009 se convirtió en el proveedor exclusivo del principal insumo que utiliza AySA para potabilizar el agua y pasó a ser conocido como el "rey del cloro".
La empresa estatal es la segunda prestadora de saneamiento más grande de América Latina, con más de 3,8 millones de usuarios y cobertura sobre casi 15 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
El pliego licitatorio exige que los oferentes cuenten con un operador técnico con experiencia en conglomerados urbanos de al menos 1,5 millones de habitantes y un piso de 500.000 usuarios atendidos. También reconoce como operador a quien haya participado accionariamente en empresas del sector o haya prestado servicios mediante contratos de asistencia u operación técnica.
En materia económica, los oferentes deben poseer un patrimonio neto consolidado superior a u$s 300 millones. En el caso de fondos o consorcios de capital privado, deberán demostrar activos bajo gestión por al menos u$s 1000 millones.
En la red social Twitter, el ministro de Economía, Toto Caputo, salió a celebrar el "avance de la privatización de AySA", que —según sostuvo— "implicará más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos".
Tras indicar que la venta contempla "un exigente plan obligatorio de inversiones y expansión del servicio", Caputo reconoció que las boletas de AySA seguirán aumentando periódicamente al precisar que "durante el primer ciclo de cinco años, el nivel tarifario vigente se mantendrá constante en términos reales".
Las reglas licitatorias establecen que las facturas de agua y cloacas tendrán ajustes mensuales cuando la inflación supere el 1%. Si el IPC queda por debajo de ese umbral, la actualización será trimestral mediante una fórmula que combina salarios (45%), precios mayoristas (44%) e inflación minorista (11%).
A esos incrementos podrán añadirse revisiones extraordinarias cuando decisiones administrativas, judiciales o cambios normativos alteren el equilibrio económico-financiero del contrato o dificulten el acceso al financiamiento.
Pese al entusiasmo oficial, el avance de la privatización está condicionado por un fallo judicial promovido por Axel Kicillof que frenó los cambios introducidos en los niveles de calidad del servicio y los estándares ambientales del nuevo contrato de concesión.
La semana pasada, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó la medida cautelar que le impide a AySA "modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones sobre el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano".
Tras rechazar la apelación presentada por los abogados de la empresa estatal y ratificar la cautelar solicitada por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez resolvieron remitir la causa a un juzgado federal de La Plata.
En la práctica, el fallo impediría concretar el traspaso de AySA a manos privadas hasta que se resuelva la cuestión de fondo referida a los alcances del nuevo contrato de concesión y a los pasivos ambientales generados por la "motosierra mileísta", que paralizó las obras de nuevas plantas de tratamiento.
Según la denuncia de Lorenzino, el contrato aprobado para la futura operadora privada implica una marcada reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios en la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloacales.
El fallo de los camaristas establece que AySA debe abstenerse de "realizar cualquier acto que modifique, reduzca, limite, altere, suspenda o disminuya sus obligaciones vinculadas al acceso al agua potable, a la salud pública, a un ambiente sano y a la prestación adecuada de ese servicio público esencial, mientras no se produzca una evaluación integral de los aspectos ambientales, sanitarios e institucionales en juego".
