Productores y empresas del sector esperan una propuesta del Gobierno. Javier Milei evalúa cómo cumplir con EE.UU. y cerrar filas en torno a las regalías.
El futuro de la Ley de Semillas quedó en manos del gobierno de Javier Milei, con Federico Sturzenegger como protagonista de la negociación. Sin consensos sobre los puntos críticos, el último acuerdo entre las entidades del agro y las semilleras fue aguardar a una propuesta oficial.
La ventana de tiempo en el Congreso es acotada pero, mientras se prioriza el tratamiento del Presupuesto 2027 y la eventual eliminación de las PASO, apuran la llegada al recinto antes de fin de año. El compromiso con Estados Unidos apunta al año electoral, pero en la Casa Rosada no quieren correr riesgos.
Quien toma la posta es el propio Sturzenegger que presiona para apurar las diligencias, a través de su secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el titular del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari.
La Mesa de Enlace, los grupos CREA, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y los semilleros se pusieron de acuerdo en avanzar en el cobro de soja, trigo, arroz y otras autógamas, pero sigue en discusión quién conservará la gratuidad y qué límites tendrá el pago de las regalías.
Días atrás, trascendidos periodísticos apuntaron a un supuesto altercado entre Cacace y productores, a quienes, aparentemente, habría “amenazado” con armar su propio proyecto de ley asesorado por Bayer. Todos los actores en juego desmienten que haya habido un desplante de ese tenor en una reunión que, de hecho, aseguran que no tuvo lugar.
“Eso no sucedió. Estamos trabajando igual que siempre, en buenos términos, sin gritarnos y sin pelear”, señaló a Letra E una fuente gubernamental, que insiste en que “no se rompieron códigos” luego del encuentro celebrado hace dos semanas.
“Fue una operación berreta en medio de una negociación que intentamos resolver hace años”, le dijo a este medio el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro. “Es todo verso”, ratificó un miembro de una de las entidades del agro.
La modificación de la ley 20.247 es una propuesta que naufraga hace décadas y tuvo su último intento durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se había alcanzado a presentar un dictamen en la Cámara de Diputados. El futuro de la ley reposa en Sturzenegger, que aprovechará a elevar su perfil luego del cimbronazo de la discusión por la Ley de Tierras.
Por estas horas, Cacace acelera los llamados en la mesa de negociación y define el contenido del proyecto, quién lo presentará y en qué momento.
El punto sensible es el “uso propio”, la posibilidad de reservar parte de la cosecha para volver a sembrarla en la propia explotación. Es un derecho reconocido por la ley de 1973, pero actualmente renegociado por semilleros y productores, en búsqueda de un esquema de pago de regalías que incentive la inversión en biotecnología.
“Lo que estuvimos discutiendo es qué hacer con el uso propio. De nuestra parte, consideramos que tiene que estar resguardado y por eso proponemos uno gratuito y uno oneroso”, explicó a Letra E Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA).
“Mantenemos nuestra posición de defender el derecho al uso propio de semillas, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de incentivar la investigación y el mejoramiento genético”, expresó Tomás Palazón, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
En ese punto lograron un acuerdo con los semilleros, aunque resta definir cuál será la línea de corte entre un uso y el otro, el quid de la cuestión.
Inicialmente, la propuesta de las entidades contemplaba un umbral de 500 hectáreas y el pago sobre la superficie excedente. Lo que se impuso luego fue la división por deciles de acuerdo a los registros del INASE.
“La producción propuso que estén exceptuados los deciles 1, 2 y 3. Desde ASA, proponemos que sean el 7, 8, 9 y 10. Las entidades quieren que esos deciles sean los más grandes y nosotros queremos ir por los que realmente lo necesitan”, señaló a Letra E Paseyro, respecto a la propuesta de la industria.
“Nosotros proponemos que quede exento del pago un 80% de los productores, que significa solo el 20% de la producción agrícola. ASA propone casi lo opuesto: que el 80% pague regalías por el uso propio”, contrapuso Sarnari.
Lógicamente, las firmas quieren ampliar el universo del “uso oneroso”, mientras que la producción puja por recortarlo lo más posible. Estará en manos del equipo de Sturzenegger definir cuál renglón de la tabla definirá el corte.
La negociación también incluye el límite temporal para el cobro de las regalías extendidas. Mientras la Mesa de Enlace sostiene como criterio general tres años para los cultivos de soja y trigo, los semilleros insisten en elevar ese plazo.
En el sector hay expectativas de que el Gobierno logre cerrar posiciones aunque, por fuera de la letra chica, hay un punto aún irresoluto: el paraguas sobre el cual funcionará la nueva Ley de Semillas.
Las entidades del agro proponen mantenerse dentro del Acta UPOV 78, un protocolo global que Argentina comparte con otros países de la región y resguarda el “uso propio”. La industria impulsa la UPOV 91, que amplía los derechos de los obtentores y fija claros límites a la reutilización de las semillas.
La posición de Milei es sabida: respetar el acuerdo bilateral con Estados Unidos, que compromete al país a presentar ese convenio al Congreso antes de terminar 2027.
“Ahí no hay posibilidades de llegar a ningún acuerdo y eso lo dejamos siempre en claro: nuestra propuesta de modificación de la Ley de Semillas va siempre en el marco de UPOV 78”, advirtió Sarnari. “Hay voluntad de avanzar, pero todavía existen diferencias importantes en los puntos centrales”, expresó Palazón.
Tampoco la industria cede sobre ese punto, aunque insiste en ir un paso a la vez y avanzar sobre el acuerdo básico, la modificación de la ley. “Si Argentina continúa demorando esto, no hay nadie que se beneficie”, concluyó Paseyro.
