Creen que las grandes aceiteras perdieron poder de lobby con la salida del secretario de Energía. El PRO reclama modificaciones en los cupos.
Biocombustibles: pymes regionales quieren cambios al proyecto de ley por tratarse en Diputados
Las pymes de biocombustibles eligen creer. Fuentes del sector aseguran que la renuncia de Daniel González a la Secretaría de Energía generó una chance para cambiar en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley 27.640 que proviene del Senado y así preservar 1500 puestos de trabajo directos y 8000 indirectos.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) -que agrupa a 25 compañías que fabrican biodiésel en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis- reclama que les garanticen el abastecimiento hasta 2041 del 7,5 % del corte obligatorio que se integral al gasoil que se vende en el país. Por eso se oponen al proyecto que fue aprobado en el Senado y que se comienza a tratar mañana en un plenario de comisiones de la cámara baja.
Esas empresas aseguran se trata de "seguir trabajando o desaparecer". El texto con media sanción indica que las pymes van a perder gradualmente hasta llegar a cero su participación garantizada en el abastecimiento de biodiésel en el corte obligatorio del gasoil: hasta el final de 2028 podrán abastecer el 6,5%; luego, el 5,5% hasta 2030 y el 5% hasta 2036; 4% hasta 2037 y luego el mercado se libera.
La ley nacional que se busca reformar les otorga a las pymes de Cepreb la exclusividad para abastecer el biodiésel que actualmente se mezcla en un 7,5% en el gasoil que se vende en el país. Representantes de esas empresas afirman que en la cámara baja hay posibilidades de generar consensos políticos para cambiar el proyecto que llegó aprobado desde el Senado.
Afirman que la salida del secretario de Energía recorta el poder de lobby de las grandes aceiteras que impulsan el proyecto tal como está: "González era el socio de las grandes aceiteras, fue el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo más amplio, que incluya los pedidos de las pymes".
La disputa es por quién produce y abastece el biodiésel para las refinerías. Una pelea por un negocio de u$s 700 millones anuales que hasta ahora tenían las pymes del biodiésel y al que quieren entrar las grandes aceiteras que antes exportaban su producción, pero perdieron mercados de exportación y se quedaron con mucha capacidad de producción ociosa.
La redacción del proyecto que se discute en Diputados amplia el negocio del biocombustible. Establece que las naftas que fabrican las petroleras del país deben estar compuestas por un 15 % de bioetanol y que el gasoil debe contener un 10% de biodiésel.
El presidente de la comisión de Energía en la Cámara de Diputados es el mendocino Facundo Correa Llano; el ex del Partido Demócrata, ahora en La Libertad Avanza, busca que la ley se apruebe tal cual fue redactada en el Senado.
"Nosotros vamos a pedir cambios en la redacción y que vuelva al Senado", le adelantó a Letra E el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. Fuentes del Congreso indicaron que el PRO va a pedir que "se reserve un cupo del 6% del corte obligatorio para las pymes hasta 2041 y además subir el corte obligatorio de biodiésel hasta el 11%".
La provincia de Buenos Aires es la más perjudicada por el proyecto que llegó del Senado: son diez plantas, ubicadas en Pilar, Daireaux, Saladillo, Junín, Ramallo y Bahía Blanca.
El diputado pampeano del PRO, Martín Ardohain se opone al proyecto tal como está y el gobernador Sergio Ziliotto también reclamó por el peligro que corren las dos plantas de su provincia: Pampa Bio en General Pico y Enresa en Catriló.
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, también está en contra del proyecto oficialista. En esa provincia está instalada Diaser, una empresa agroindustrial con 250 personas empleadas que produce biodiésel, bioetanol y derivados. En Diputados, la mayoría de los representantes puntanos van a votar en contra.
El Gobierno lo propone como una desregulación y que finalmente las refinerías le compran a quien les ofrezca el biodiésel más barato, con la paridad de importación como precio de referencia.
Sin embargo, el proyecto actual tal como está redactado preserva el negocio para las empresas que producen bioetanol, que surge de caña de azúcar como materia prima en los ingenios de Tucumán, Salta y Jujuy. Y a partir del maíz en destilerías ubicadas principalmente en Santa Fe y Córdoba.
La letra que llegó a la Cámara de Diputados eleva al 15% el corte obligatorio en las naftas y mantiene el cupo dividido en dos segmentos: el 6% para bioetanol de maíz y 6% para bioetanol de caña de azúcar hasta 2041. Los tres puntos adicionales se negocian libremente entre las refinerías y los productores.
Así ninguna de las dos industrias pierde: la caña conserva su segmento y el maíz crece. Por eso en bioetanol hay consenso total entre empresas, provincias y bloques legislativos.
Las que se sienten amenazadas son las 25 pymes ubicadas en cinco provincias, que generan 1500 puestos de trabajo directos y 8000 indirectos. Esas empresas, además, le compran el 20% del aceite a unas 400 pequeñas extrusoras de soja del interior del país, son emprendimientos de productores agrarios que buscan agregar valor a su producción, generan aceite y harina de soja.
Si las pymes de biodiésel pierden el negocio, las extrusoras quedan mano a mano con los gigantes aceiteros. El mercado interno, de alrededor de 1,2 millones de toneladas con el corte del 10%, es la única salida para esa capacidad ociosa. Pero ese mercado ya tiene dueño: las 25 pymes que lo construyeron en el interior del país, por mandato de la ley actual.
"Para que las aceiteras se queden con el mercado interno, las pymes tienen que desaparecer", advirtió un empresario bonaerense.
La ley 27.640 prohíbe que las grandes aceiteras nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) abastezcan al mercado interno y exige que solo se dediquen al mercado exportador.
Sin embargo, Argentina perdió gran parte de los mercados externos a los que exportaba combustibles de origen vegetal. Durante el primer gobierno de Donald Trump, Estados Unidos impuso aranceles antidumping que clausuraron un negocio de u$s 1200 millones y la Unión Europea también restringió las compras.
Los gigantes del complejo oleaginoso-aceitero como Bunge, Cargill, Viterra, Syngenta, Aceitera General Dehesa (AGD), se quedaron con gran capacidad ociosa, prácticamente con las plantas paradas.
