El martes se realiza la conferencia industrial. La interna en la central fabril se profundiza. Silvio Zurzolo, el pyme bonaerense que reclama inversión pública.
La presencia de Toto Caputo en la apertura de la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) ratificó la sintonía del presidente de la entidad, Martín Rappallini, con el gobierno de Javier Milei, mientras en el interior de la central fabril se profundiza el conflicto con los sectores que reclaman un mayor apoyo a la producción nacional.
La actividad industrial argentina no para de caer. Según estimaciones preliminares del Centro de Estudios UIA, en el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 quedó un 11% por debajo de los niveles de 2023 y 2022 y un -2,8% en relación al mismo período de 2025.
Con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el informe industrial de la UIA detalló que 11 de los 16 sectores industriales cayeron respecto de agosto de 2025. El sector de mayor caída interanual es la producción de maquinaria y equipos (-24%), en el que se destaca la baja de la producción de maquinaria agrícola y de equipos e instrumentos eléctricos (-26%).
También cayó la producción de prendas de vestir, cuero y calzado (-15%), productos de metal (-10%), y productos textiles (-9%), producción de materiales para la construcción, el sector siderúrgico, petroquímico, caucho y plástico.
En ese contexto se desarrollará la Conferencia Industrial en el predio Golden Center de Parque Norte, en el barrio porteño de Belgrano.
La jornada llevará por título “Talento argentino, la fuerza que transforma” y será presidida por Silvio Zurzolo, el presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), que integra a las uniones industriales y a cinco parques industriales.
En el territorio bonaerense se siente el impacto negativo del modelo libertario: el índice manufacturero de PBA (ISIM) indica que la actividad industrial se ubica 9% por debajo de 2023. En ese período perdió casi 46.000 puestos de trabajo industriales registrados y 1600 empresas.
“Que el presidente de la Conferencia sea Zurzolo es un dato político también”, explicó a Letra E un empresario que integra una Unión Industrial del sur del conurbano.
Zurzolo es el tesorero de la UIA y en paralelo es un representante genuino de las pymes industriales y no ha dejado de advertir sobre la caída de las ventas, el aumento de los costos, la competencia importada y las dificultades para acceder al financiamiento en condiciones razonables.
En diálogo con Letra E, Zurzolo aseguró que “el Gobierno puede aportar mucho: impulsar una reducción coordinada de los impuestos entre Nación, provincias y municipios; facilitar crédito para inversión y modernización; mejorar infraestructura y garantizar una competencia con las mismas reglas para todos”.
“También necesitamos una política sostenida de educación, que conecte escuelas técnicas, universidades y empresas con las necesidades productivas de cada región. Y acompañar a las pymes para que puedan convertirse en proveedoras de los grandes proyectos de energía y minería, con capacitación, certificaciones y financiamiento”, aseguró.
Rappallini repite que la industria nacional es el “motor de la economía” con el 18% del producto bruto interno del país, aporta el 30% de la recaudación y genera el 20% del empleo directo del país.
El titular de la UIA pide, además, que el Gobierno extienda las condiciones de la promoción del RIGI a la industria nacional instalada. Reclama que le saquen “la mochila de piedras” para que puedan competir en igualdad de condiciones con las importaciones.
“A Rappallini no se lo ve en una situación de alerta, en representación de sectores que se están cayendo a pedazos”, aseguró un integrante de la Junta Directiva de la UIA. En abril hay elecciones en la Unión Industrial.
Zurzolo precisó que “hay empresarios que se le plantan y le reclaman" y enumeró: Guillermo Moretti, vice de la UIA y referente de industria santafesina; Claudio Drescher de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria; Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado; y Elio del Ré de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), entre otros.
Hay una grieta en la UIA, que es antigua, pero que se profundizó con el alineamiento de Rappallini con el administración libertaria porque las pymes golpeadas por el modelo no ven representados sus reclamos.
Y grupos poderosos, que tienen peso propio, son los que imponen la línea editorial de Rappallini. En esa lista se anotan Paolo Rocca, emblemático de Techint; quienes integran la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA); Arcor de la familia Pagani; Ledesma de la familia Blaquier-Arrieta; y otras alimenticias como Molinos Río de la Plata, de Pérez Companc.
Fuentes industriales señalan que fue Alejandro Gentile, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y nuevo hombre fuerte de Techint, quien impulsó el nombre de Zurzolo al frente de la Conferencia, como "una forma de entregar protagonismo a quienes representan a los sectores más golpeados".
En los últimos días, el Gobierno y Rappallini apuraron tres medidas que son un principio de respuesta oficial a los reclamos que sostiene la industria nacional en los últimos años.
El primer gesto fue el convenio marco entre la UIA y la Secretaría de Industria de Pablo Lavigne para colaborar en el combate frente al contrabando, el fraude marcario, la falsificación y las demás formas de comercio ilegítimo.
Es un reclamo de 2024; según los empresarios, el comercio ilícito representa alrededor del 5% del PBI y genera una pérdida fiscal estimada en u$s 2300 millones al año.
Buscan que las plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, Meta y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) identifiquen posibles anuncios de productos que ingresaron de contrabando y los eliminen de su oferta.
La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) y cadenas de retail como Frávega, Cetrogar y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) también señalarán los posibles casos de ventas ilegales.
El segundo gesto se dio el jueves, cuando Caputo y Lavigne presentaron en Santa Fe la mesa de desarrollo de proveedores del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en la que se anotaron 1223 pymes de 19 provincias.
Incluso, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mencionó la sigla pymes: "Tenemos que lograr un win-win porque, acá tienen que ganar todos. Las grandes empresas y las pymes argentinas que tengan la oportunidad de integrarse a las cadena mineras, generar negocios, crecer y crear puestos de trabajo".
“Es un momento histórico para el desarrollo de la cadena de proveedores, porque para que los sectores de la minería y la energía asociados al RIGI sean competitivos, toda la cadena de valor debe ser competitiva”, dijo Rappallini en Santa Fe.
Rappallini tiene un frente interno adverso dentro de la central industrial: representantes de sectores golpeados se le plantan en reuniones de Junta Directiva y le piden que confronte con el Gobierno.
Un dirigente de una central empresaria del centro del país le aseguró a Letra E que “la Conferencia es casi un acto de la agenda del Gobierno” y advirtió que “sigue todo igual: una crisis terminal en muchos sectores y una parte de la dirigencia con afinidad ideológica para acompañar el relato oficial”.
Quizás sea una señal para calmar esos reproches la recreación del Consejo Académico de Economistas de la UIA, que fue presentado esta semana y que lidera Federico Poli, titular de la consultora Sistémica.
Poli reconoce el compromiso del Gobierno con el superávit fiscal, pero señala la desinversión en infraestructura, en ciencia, tecnología y educación superior. También advierte sobre el tipo de cambio bajo y la destrucción de las capacidades productivas que generan desempleo. Entre los economistas académicos figura Marina Dal Poggetto, de Eco Go, que fue destratada por el presidente Milei cuando marcó que con el RIGI, el Estado resigna u$s 8500 millones de recaudación.
Quienes conocen la dinámica interna de la UIA dudan de la efectividad del órgano de consulta: “En los 90, en el Consejo Académico estaba Marcelo Diamand, un economista muy industrialista, y elaboraban documentos en nombre de la UIA. No creo que estos economistas firmen un trabajo en conjunto, porque cada uno tiene su consultora independiente”.
El nuevo consejo está formado por Ricardo Delgado (Analytica), Eduardo Levy Yeyati (UTDT), Andrés López (IIEP-UBA), Carlos Pérez (Fundación Capital) y Rodolfo Santángelo (Macroviews). También participarán del consejo Ricardo Carciofi (Cippec), Juan Carlos Hallak (UBA), Matías Kulfas (UNSAM), Fernando Navajas (FIEL) y Martín Rapetti (Equilibra).
