Tras la desregulación de la forma de pago del transporte público, la disputa es entre Mercado Pago y las asociadas en ADEBA. Tarjetas o código QR, la opción.
Marcos Galperin va por el negocio de la SUBE
Endeavor Argentina Marcos Galperin va por el negocio de la SUBE
El decreto de Javier Milei que desregula el pago del pasaje del transporte público y habilita métodos alternativos al sistema SUBE como tarjetas de crédito, débito, billeteras virtuales, códigos QR, desató una disputa de intereses por la letra chica y la implementación. Pujan Mercado Pago, bancos privados nucleados en ADEBA, Nación Servicios, las empresas del sector transporte y las telco.
El decreto 698/2024, que impone la "interoperabilidad" y rompe el monopolio de la SUBE, genera una clientela potencial de millones de pasajeros para quienes integran la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y las fintech que presentan sistemas distintos de cobro del pasaje.
Letra P consultó a las partes que pujan con quedarse con el negocio. Los bancos aseguran que “el contactless de las tarjetas de crédito y débito es el método más ágil y eficiente para el pago de pasajes y se usa en los sistemas de transporte de las ciudades más importantes del mundo”.
Fuentes de la empresa de Galperin sostienen que el sistema de código QR “se usa en los países con los medios de transporte más masivos del mundo”.
Un experto del sector dijo a este medio que el QR es más lento y entorpece la subida de los usuarios al colectivo y recordó que, en la práctica, sólo se usa en líneas de larga distancia.
Otro frente de la pelea es quién se hará cargo de la adecuación tecnológica de las máquinas lectoras de la tarjeta SUBE instaladas en casi 30.000 colectivos en el país, 18.500 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); nueve líneas de trenes y siete de subterráneos.
Las fuentes consultadas estiman que quien ponga la plata, impondrá su sistema de pago y dejará al resto afuera.
El sistema oficial seguirá vigente y sólo con la tarjeta SUBE se accederá a los descuentos especiales para personas jubiladas, estudiantes y beneficiadas con planes sociales.
El secretario de Transporte, Franco Mogetta, aseguró que “la implementación de los nuevos medios de pago será a cargo de los sectores privados”.
El Estado ya compró las antenas para instalar en los colectivos y las telco se preparan para brindarles el servicio de internet.
“Los bancos no están dispuestos a poner un peso y quieren que la adecuación tecnológica la haga Nación Servicios”, aseguró una fuente que participó de la negociación.
Referentes del sistema bancario consultados por Letra P relativizan esa afirmación: “Podríamos invertir, pero hay que evaluar todas las características técnicas y que quede claro cuál es el negocio para nosotros”. Por eso, consideran "fundamental" conocer desde el vamos la solución tecnológica que se implementará.
“La plata la tiene que poner el Estado mediante Nación Servicios, los bancos y las fintech, los interesados en el negocio”, coincidieron dos empresarios importantes del transporte en el AMBA. También exigen que los nuevos jugadores les envíen la plata de cada pasaje cobrado en el término de las 24 horas, tal como lo hace actualmente Nación Servicios. Para esto, recuerdan, hay que modificar normativas del Banco Central.
“También tienen que dejar las comisiones en 0%, esa es la postura del sector”, afirmó un empresario colectivero. Las comisiones actuales de las tarjetas bancarias con los comercios varían entre el 0,8% y 1,5%. Los desembolsos son cada 20 días, aunque en algunos rubros los plazos se acortan.
Actualmente Nación Servicios les cobra a cada empresa de transporte una comisión del 7% de la tarifa de cada viaje, pero el Estado reembolsa ese dinero cuando les envía los subsidios mensualmente. Por eso los empresarios de colectivos dicen: “Tenemos costo cero”.
El investigador José Barbero, especialista en Transporte de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), dijo a Letra P que “es un sistema prepago, la gente carga la SUBE y esa plata la administra Nación Servicios y recién después del viaje le paga a la empresa. Con ese colchón se arma un negocio financiero, que además es cada vez más importante por el aumento del precio de los pasajes. Eso ahora se va a compartir con otras empresas”.
La administración libertaria realizó lo que considera un "sinceramiento" de tarifas: llevó de $80 a $470 el boleto mínimo y generó una "distribución eficiente" de subsidios a las empresas de transporte, que se tradujo en un recorte millonario de fondos para compensar las tarifas a todas las provincias y municipios.
Por caso, la motosierra de Milei pasó por $8.500 millones anuales que iban a la Ciudad para subsidiar el costo de los boletos de las 31 líneas que circulan exclusivamente por el territorio porteño. También recortó otros $6.500 millones que iban al transporte de la provincia de Buenos Aires.
Actualmente la administración nacional paga subsidios a las 103 líneas de colectivos que circulan por el AMBA y otras diez líneas en el interior del país.
“La pregunta es a quiénes subsidia el Estado y qué jurisdicción pone la plata. El gobierno parece inclinarse porque la gente pague el costo pleno del boleto, que es un modelo muy difícil de sostener en países en desarrollo con sueldos bajos. Igual era necesario reducir subsidios, que alcanzaron cifras escandalosas", evaluó Romero.