El máximo tribunal repuso los límites a la extranjerización con un fallo que revierte uno que había dictado antes y ayuda al oficialismo en el Congreso.
Ley de Tierras: la Corte Suprema se desdice con una cautelar "interina"
A través de una cautelar "interina" que celebra el Gobierno, la Corte Suprema suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales, mediante una medida cautelar interina dictada en el marco de una causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie.
La resolución fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
La suspensión se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido de medida cautelar presentado por la asociación.
El máximo tribunal consideró necesario adoptar una decisión provisoria para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar posibles daños irreparables al ambiente, debido a que los tribunales inferiores no habían resuelto los planteos formulados por los demandantes.
La Corte Suprema de Justicia se reunió este viernes en un acuerdo extraordinario para resolver un nuevo planteo contra la derogación de la Ley de Tierras, incluida en el DNU 70/23 del presidente Javier Milei. El fallo responde a las expectativas del Gobierno, porque le permite descomprimir la negociación con sus aliados en el Congreso y evitar que la oposición avanzara contra el decreto.
El encuentro fue convocado después de que el máximo tribunal designara a dos conjueces para destrabar la discusión sobre el artículo 154 del decreto, que eliminó las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Los magistrados elegidos fueron Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos se sumaron a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes no habían logrado alcanzar un acuerdo para resolver el expediente.
La controversia judicial se originó a partir de una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. La organización sostiene que la eliminación de los límites a la extranjerización afecta la protección del territorio, el medioambiente, los recursos naturales y los derechos colectivos de los pueblos originarios.
La demanda fue presentada en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche y posteriormente pasó por la Cámara Federal de La Plata. El nuevo planteo llegó a la Corte Suprema después de otro fallo que favoreció al Gobierno y volvió a dejar sin efecto las restricciones establecidas por la norma.
En aquella resolución, el máximo tribunal rechazó un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) porque consideró que la entidad no tenía legitimación para impulsar el reclamo. Sin embargo, esa decisión no resolvió la constitucionalidad de la derogación, por lo que el nuevo expediente mantiene abierta la disputa.
La definición judicial llega en medio de una negociación política que tiene al Gobierno en alerta. Como contó Mauricio Cantando en Letra P, La Libertad Avanza (LLA) aceptó abrir el debate sobre las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros para evitar que sus aliados facilitaran el tratamiento del DNU 70/23 en la Cámara de Diputados.
El oficialismo convocó para el miércoles 14 a un plenario de comisiones con la intención de incorporar un capítulo sobre tierras al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya cuenta aprobación del Senado. La iniciativa surgió tras un reclamo de bloques aliados al presidente de la cámara baja, Martín Menem.
El objetivo político es bloquear la sesión que la oposición convocó para el jueves 15, en la que buscará avanzar con el rechazo del decreto. Los bloques dialoguistas reclaman recuperar límites a la extranjerización: algunos proponen restablecer el tope del 15% que establecía la legislación derogada y otros analizan elevarlo al 25%.
En ese escenario, un fallo de la Corte que mantuviera vigente la derogación hubiese fortalecido la posición del Gobierno en el frente judicial, aunque no habría resuelto por sí solo las diferencias con sus aliados. La decisión finalmente adoptada, que restablece las restricciones, en cambio, modifica el escenario de las negociaciones parlamentarias.
La disputa excede a la Ley de Tierras. El DNU 70/23 eliminó o modificó más de 70 normas, entre ellas las de alquileres, abastecimiento y góndolas. Por eso, el oficialismo intenta evitar que el desacuerdo por la extranjerización termine por facilitar el rechazo de la totalidad del decreto en Diputados.
