Una helada puso en crisis a las economías regionales. El gobernador busca que la Casa Rosada sume beneficios a los afectados. Las negociaciones paralelas.
Gustavo Sáenz busca en la Casa Rosada apoyo para paliar la crisis agropecuaria en Salta, tras las heladas tardías que afectaron a economías regionales. El mandatario declaró la emergencia provincial, pero ahora busca que Javier Milei se sume a los beneficios, presionado por los productores afectados. Sin embargo, a su lado son realistas y no esperan mucho.
“Seguramente fondos de asistencia, subsidios, no va a haber”, anticipó a Letra P el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, sobre las expectativas del Ejecutivo provincial en sus demandas al Gobierno. La administración salteña buscará que la Nación declare también la emergencia para extender los beneficios a nivel nacional, aunque el horizonte más probable son los diferimientos impositivos y las prórrogas de vencimientos.
La emergencia agropecuaria abre una nueva instancia de negociación entre Salta y el Gobierno. El decreto provincial representa el primer paso administrativo, pero no garantiza la obtención de fondos nacionales ni una solución a todas las demandas del sector. Sáenz busca el aval de Milei bajó el asedio de los productores que presionan para que la declaración no se convierta en un mero trámite burocrático.
Dorigato reconoció que buscarán alternativas con las autoridades nacionales, aunque admitió que las expectativas de asistencia directa son bajas. Esta cautela contrasta con la urgencia de los productores en esa provincia del Norte Grande, quienes llevan años de dificultades en la vitivinicultura y advierten sobre el impacto negativo en el empleo rural.
"Las provincias como Salta, donde casi todas son pymes, excepto las mineras, estamos realmente desamparadas", cuestionó el productor vitivinícola de Cafayate, Miguel Ángel Lovaglio, quien también integra la Cámara Regional de la Producción y la Industria. El productor planteó la situación en una reunión con representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y legisladores.
El reclamo trasciende la pérdida de esta temporada, ya que los productores buscan diferimientos de impuestos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y Rentas provincial. También solicitan prórrogas para los créditos que tomaron para financiar la cosecha anterior, incluyendo aquellos del Banco Nación, cuya resolución depende de autoridades nacionales.
Sáenz ha sido uno de los gobernadores más dialoguistas con la Casa Rosada, pero su vínculo viene atravesando obstáculos impuestos por la propia coyuntura. Sucedió, por ejemplo, con la privatización del Belgrano Cargas. El salteño pidió públicamente que el pliego incluyera como obligatorias obras en dos ramales que atraviesan su provincia. Toto Caputo se comprometió a hacerlo, justo en la previa de la sesión en la que la Cámara de Diputados sostuvo el DNU 70/23.
Antes, había aparecido la crisis de los bagayeros. ARCA cambió el Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo de Exportación y complicó el movimiento comercial de pequeña escala en las ciudades limítrofes, claves en la economía local. Dos intendentes salteños incluso presentaron un amparo contra la agencia recaudadora. Sáenz logró que la medida se difiera por 180 días.
De fondo, lo que aparece es la negociación por lo que más le importa a la Casa Rosada: la eliminación de las PASO. El Gobierno quiere que no se celebren primarias para complicar al peronismo y mejorar las chances de reelección de Milei. Para eso, necesita los votos en el Congreso que controlan los gobernadores dialoguistas, un grupo en el que Sáenz es uno de los líderes y al que reportan con idas y vueltas Raúl Jalil, Osvaldo Jalil y Hugo Passalacqua.
El decreto 705, publicado el jueves en el Boletín Oficial de Salta, declara la emergencia agropecuaria para productores vitivinícolas y frutihortícolas de Cafayate, San Carlos, Molinos y Cachi. Estos sectores fueron severamente afectados por las heladas que comenzaron el 12 de septiembre. La vigencia de la emergencia se extenderá hasta el 31 de marzo de 2028, cubriendo una campaña productiva completa.
Los productores que hayan sufrido daños superiores al 50% deberán presentar una declaración jurada. Este trámite, a realizarse dentro de los 20 días hábiles posteriores a la publicación del decreto, permitirá que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario verifique los perjuicios y emita las certificaciones necesarias para acceder a los beneficios provinciales.
La urgencia por declarar la emergencia se explica por el daño directo en las plantaciones y las graves consecuencias que acarreará sobre la próxima cosecha. Dorigato señaló que el relevamiento inicial se realizó en conjunto con el Senasa y el INTA, pero advirtió que el impacto definitivo solo podrá ser conocido cuando avance la recolección.
El funcionario detalló que un invierno benigno adelantó la brotación de las plantas. Las heladas tardías, que se prolongaron durante varias horas, afectaron los nuevos brotes. La evolución de los cultivos determinará si logran recuperarse y si la producción alcanza para cubrir los costos de la cosecha.
