El secretario coordinador de Toto Caputo sorprendió en el streaming oficialista. Conflicto de intereses, sorpresa y continuidad operativa.
Daniel González renunció frustrado porque el súper-RIGI está trabado
Tras dos años como secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González renunció al gobierno de Javier Milei. El funcionario que lideró la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI) se fue con denuncias penales en su contra y frustrado porque la oposición trabó el súper-RIGI en el Congreso.
Una semana antes de irse, González admitió ante un grupo de empresarios que “Argentina va a seguir perdiendo puestos de trabajo en el mediano plazo, porque la oposición nunca va a aprobar el súper-RIGI, que es la herramienta que pensamos para generar valor agregado a la extracción de recursos naturales que aceleramos con la aplicación del RIGI”.
Fuentes del sector consultadas por Letra E no encuentran pistas claras que expliquen la salida de González, se menciona que el jueves a la mañana mantuvo un encuentro con Toto Caputo que no terminó bien, aunque el ministro lo saludó muy afectuosamente en redes sociales.
A Caputo se le fue un funcionario el mismo día que el presidente Milei admitió que la foto de la economía "es horrible".
En la lista de las posibles causas de la renuncia del funcionario se señala una serie de roces con el ceo y presidente de YPF, Horacio Marín, una figura central de la política energética gubernamental.
Las fuentes también advirtieron que el desgaste de González está relacionado con la disputa que se generó entre el equipo económico y el asesor Santiago Caputo, respecto de qué funcionario ocupará el cargo aún vacante de presidente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege), que supervisa y sanciona a empresas de electricidad y gas y está facultado para intervenir en el tema tarifas.
El funcionario que renunció es el autor intelectual del súper-RIGI, aunque no estaba de acuerdo con que las nuevas exenciones impositivas y arancelarias que ese proyecto propone sean utilizadas para que se instalen data centers, "porque le dejan muy poco a la sociedad”.
González era el presidente del comité evaluador del RIGI y, antes de su salida, dejó aprobados 26 proyectos que suman casi u$s 69.779 millones de inversión: nueve de petróleo y gas, 12 de minería, dos de energía eléctrica y los tres restantes de infraestructura, siderurgia y tecnología.
Según las cifras oficiales las iniciativas -algunas a desarrollarse en 20 años- van a generar más de 124.000 empleos directos e indirectos.
González tiene todo el apoyo del sector petrolero -mayormente de capitales nacionales- de Vaca Muerta que le agradece el decreto 105/26 que habilitó el ingreso al RIGI de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos.
Esa medida duplicó la cantidad de iniciativas presentadas para obtener la promoción impositiva, aduanera y cambiaria de la administración libertaria. Al régimen le queda un año de ventana para presentar proyectos y es la bandera del Gobierno para explicar que "bajó los impuestos".
González arrastra una denuncia penal por la importación de electricidad desde Uruguay por un precio cercano a u$s 200 por MWh cuando el valor de la generación local rozaba los u$s 100 por MWh.
La causa la lleva el Juzgado Federal 5, a cargo transitoriamente de María Eugenia Capuchetti. Allí se investigan los posibles delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario.
Otra mancha que salpica a González es el conflicto de intereses que se habría registrado cuando Adecoagro le compró a YPF la mitad del paquete accionario de Profertil. Antes de ser funcionario había sido director de Adecoagro y ceo de YPF.
A eso se suma una reciente denuncia contra las autoridades de Energía –radicada en el Juzgado Federal 11 que subroga Ariel Lijo- por las autorizaciones y aprobación del RIGI del proyecto de exportación GNL de Southern Energy, que tiene a la británica Harbour Energy entre sus accionistas.
Esa empresa es la dueña de Premier Oil, compañía que fue sancionada en la Argentina por desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización en la plataforma continental próxima a las Islas Malvinas, por lo cual no podría haber sido beneficiaria del RIGI.
“Nos pareció con el ministro que este era un buen momento. Se lo planteé hace unos meses y a él no le pareció un buen momento. Y tuvo razón: teníamos varias iniciativas legislativas dando vueltas y teníamos que sacar la Ley de Zona Fría, la Ley de Combustibles -que ya tiene media sanción- y el súper-RIGI -que ya tiene media sanción-”, enumeró González en el streaming Carajo, la tribuna libertaria que eligió para irse de la Secretaría de Energía y Minería.
