El régimen fija un umbral de proveedores nacionales, pero las provincias buscan que sus pymes tengan participación en los proyectos de litio y cobre.
Los gobernadores exigen que las grandes operadoras otorguen prioridad absoluta a sus proveedores locales y adecuen sus compras a la legislación provincial. Con leyes, registros y metas de contratación, buscan ampliar la participación de las pymes provinciales en una industria que promete empleo y actividad. El conflicto pasa por compatibilizar ese interés con el RIGI.
El conflicto de fondo radica en la diferencia de criterios jurídicos y políticos entre la escala nacional y la provincial. Por un lado, la ley 27.742 que creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establece en su artículo 176, inciso l, que los proyectos adheridos deben comprometerse a contratar bienes y obras locales por un monto equivalente, como mínimo, al 20% de la inversión destinada al pago de proveedores, sujeto a condiciones de precio y calidad de mercado.
Sin embargo, para la norma nacional, un proveedor de Córdoba o Buenos Aires califica como "local" en una obra en Salta o San Juan. En contraste, las leyes provinciales buscan fijar pisos mucho más exigentes —que van del 50% al 70% de las contrataciones anuales— y exigen que las firmas tengan domicilio real, fiscal y personal nativo en la jurisdicción.
Fuentes del Poder Ejecutivo Nacional defienden la mirada federal amplia y advierten sobre los riesgos de fragmentar el mercado. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, argumentó: “Si en cada provincia vamos a acotar la provisión a pequeñas empresas locales, no vamos a poder desarrollar una escala y vamos a hacer que los beneficios de energía y minería no se distribuyan con equidad”.
Los gobernadores de la Mesa del Litio y la región minera respaldan la llegada de inversiones, pero advierten que la actividad no puede desarrollarse de forma aislada a las economías regionales.
"Entendemos que hay que acompañar al sector privado porque son los que hacen grande a la minería, pero los recursos son de las provincias y el desarrollo debe quedarse en nuestra gente. No vamos a permitir que los proyectos operen como islas aisladas del tejido productivo local", afirmó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
En la misma línea, el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, remarcó la necesidad de consolidar la cadena de valor en su territorio: "Apoyamos las herramientas nacionales de inversión porque generan empleo, pero la condición es clara: consolidar la cadena de valor local. Queremos que el compre local no sea solo un compromiso de palabra, sino una integración real de las pymes catamarqueñas en cada fase del proyecto".
Desde Jujuy, el vicegobernador Alberto Bernis advirtió públicamente sobre las consecuencias de no proteger la industria local, al señalar que, sin políticas de compre local, las licitaciones pueden terminar en manos de empresas de otras provincias o del exterior.
Por su parte, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, impulsó en 2026 la Ley de Desarrollo Local Minero, que fija metas del 60% de compras provinciales y 80% de empleo local, amparándose en el artículo 193 del RIGI, el cual preserva las facultades provinciales para fomentar la contratación en sus territorios.
El anuncio reciente de la multinacional Rio Tinto, que reportó más de u$s 1800 millones en contratos adjudicados a proveedores argentinos, funciona como el disparador directo de este debate. La firma detalló que, en el proyecto Rincón (Salta), u$s 428 millones de los u$s 941 millones adjudicados a firmas nacionales correspondieron a proveedores salteños, mientras que en Fénix 1B (Catamarca) destinó u$s 153,6 millones a proveedores locales sobre un total de u$s 310,7 millones.
La ley 8164 de Salta contempla la contratación preferente de proveedores locales por un porcentaje no inferior al 70% del monto anual contratado. Para ser considerada local, una empresa debe cumplir requisitos de domicilio, empleo y composición societaria. Entre ellos, que al menos el 80% del personal contratado tenga domicilio en Salta y que, en las sociedades, al menos el 51% del capital corresponda a socios domiciliados en la provincia.
El gobernador Sáenz llevó ese reclamo a la relación con Rio Tinto. En agosto de 2025, la provincia firmó un convenio con Rincón Mining, subsidiaria de la compañía, y la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa) para promover las contrataciones locales, anticipar necesidades de compras y establecer mecanismos de seguimiento.
Pese a estas cifras, las provincias y las cámaras empresarias advierten por las zonas grises del sistema. Apuntan a la radicación de sucursales de conveniencia por parte de grandes multinacionales que solo abren oficinas para calificar en las licitaciones y derivan el trabajo pesado a otras regiones.
A esto se suma la complejidad propia del sector industrial y los tiempos reales de desarrollo de proveedores. Como advirtió Roberto Cacciola, presidente de Minera Santa Cruz y representante de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). "Las provincias quieren ser protagonistas de los proyectos, pero eso no va alcanzar. No es tan sencillo el proceso. Hay una ansiedad terrible con la minería, y los tiempos reales no van con esa ansiedad. Lo cierto es que es una industria que genera empleo", planteó.
La definición de la ley 27.742 abre una diferencia central para los gobiernos provinciales: ese proveedor puede estar radicado en cualquier punto del país. Una firma de Córdoba o Buenos Aires puede computar para el objetivo nacional sin ser una empresa de la provincia donde se desarrolla el proyecto.
El artículo 193 de la misma norma, en tanto, preserva la facultad provincial de fomentar políticas de contratación de proveedores locales en condiciones de mercado. San Juan invocó ese artículo para defender su política de desarrollo de proveedores.
El desafío jurídico y económico es determinar hasta dónde pueden avanzar las provincias con sus preferencias y metas de contratación sin entrar en conflicto con las condiciones del RIGI.
El gobernador Orrego impulsó en San Juan una política de desarrollo local minero con dos objetivos: orientar el 60% de las contrataciones anuales de bienes, obras y servicios a proveedores sanjuaninos y alcanzar el 80% de empleo provincial.
El planteo busca que los grandes proyectos de cobre incorporen empresas locales a medida que crece la actividad. Pero la capacidad de respuesta de las pymes es una de las principales limitaciones.
En Calingasta, donde se desarrolla Los Azules, señalaron a Letra E que predominan las proveedoras de servicios básicos, como hotelería y catering. Hay pocas empresas capaces de ofrecer prestaciones más especializadas, por lo que ampliar su participación requiere capacitación, financiamiento y mejoras en sus estándares técnicos.
La propia organización de la construcción también condiciona el alcance del compre local. A medida que avanza un proyecto, aparecen bienes y servicios que no siempre pueden conseguirse en la provincia. La discusión pasa por identificar qué contratos pueden quedar en manos de empresas sanjuaninas y cuáles requieren proveedores externos.
