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Toto Caputo, bajo presión: Herrmann acumula reclamos y el ajuste en infraestructura amenaza con judicializarse

Fondos viales y saneamiento alimentan críticas al coordinador de un área clave. Denuncian subejecución de obras y uso de recursos en instrumentos financieros.

Toto Caputo enfrenta un nuevo foco de desgaste por el ajuste en infraestructura que coordina Fernando Herrmann. Las denuncias por el destino de fondos viales, la caída de las frecuencias ferroviarias y la discontinuidad de tareas de saneamiento acumulan cuestionamientos de gobernadores, legisladores y organismos provinciales. La política de recorte del gasto amenaza con sumar conflictos y complicar al Gobierno.

La controversia más delicada está vinculada con el Sistema de Infraestructura de Seguridad Vial (Sisvial). Entre 2024 y mayo de 2026, el fondo recaudó más de $1,5 billones, pero, según los cuestionamientos presentados, apenas el 26,2% habría sido aplicado a su destino específico.

El resto quedó bajo observación por la subejecución de obras y el presunto uso de los recursos en instrumentos financieros.

El interrogante ya no pasa solamente por cuánto invierte el Estado, sino por qué se recaudan fondos con una finalidad determinada y qué sucede con ellos cuando esa finalidad no se cumple.

Las denuncias contra Toto Caputo

La diputada Victoria Tolosa Paz y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, impulsaron denuncias contra Caputo por el manejo de esos recursos. Las presentaciones plantearon posibles delitos de malversación, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La discusión tuvo un recorrido judicial: el juez Ariel Lijo había admitido a los denunciantes como querellantes y dispuesto medidas de prueba, pero el 5 de noviembre la Cámara Federal revocó esas decisiones. El revés procesal para las querellas no despejó los cuestionamientos políticos sobre el destino de los fondos.

Herrmann quedó bajo la lupa por su responsabilidad en la coordinación de las áreas de infraestructura. Su desembarco, en abril de 2026, sucedió a la gestión de Carlos Frugoni y se sumó a los antecedentes de su paso por Transporte, función en la que también enfrentó reparos gremiales.

Las críticas que circulan en sectores del oficialismo apuntan al desgaste que genera la conducción del área. Sin embargo, no hay elementos que permitan atribuirle personalmente los delitos denunciados en las presentaciones vinculadas con el Sisvial).

Trenes: menos frecuencias y vías deterioradas

El frente ferroviario agrega presión. El gremio La Fraternidad denunció una caída del 33% en las frecuencias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además de restricciones de velocidad, menor disponibilidad de formaciones y deterioro de las vías.

El ajuste sobre la infraestructura condiciona la prestación de un servicio utilizado por millones de pasajeros y expone una tensión difícil de resolver: la reducción de costos puede aliviar las cuentas públicas en el corto plazo, pero también agravar las necesidades de mantenimiento y elevar los riesgos operativos si no se sostiene la inversión.

El Fondo Hídrico, bajo cuestionamiento

La política hídrica tampoco queda afuera. Los cuestionamientos sobre la ejecución de recursos destinados a prevenir inundaciones adquieren mayor relevancia ante las advertencias por los efectos potenciales de El Niño y la necesidad de obras que reduzcan la vulnerabilidad de distintas regiones.

La prevención, a diferencia de la respuesta ante una emergencia, requiere planificación, continuidad presupuestaria y ejecución anticipada. La subejecución en ese rubro puede convertirse en otro punto de conflicto entre Nación y las administraciones provinciales.

El caso de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) suma una dimensión ambiental e institucional. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, denunció una caída del 74% del presupuesto real respecto de 2023 y unos 350 despidos en el organismo encargado del saneamiento de la cuenca. También cuestionó la discontinuidad de tareas de limpieza en el cauce principal, las riberas de Lanús y Lomas de Zamora y 35 puntos de arrojo de residuos en Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora.

El gobierno de Axel Kicillof sostiene que la Nación dejó de financiar la limpieza de arroyos y trasladó esa responsabilidad a los municipios y a la administración bonaerense.

Ahora, el conflicto alcanza al mantenimiento del cauce principal y amenaza con reabrir discusiones sobre las obligaciones fijadas por el fallo Mendoza de la Corte Suprema en 2008. No hay una nueva intervención del máximo tribunal confirmada por estos hechos, pero la controversia plantea un escenario de potencial litigiosidad por el cumplimiento de las responsabilidades ambientales.

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A ese panorama se suman las discusiones sobre la privatización de AySA y las metas de expansión cloacal previstas para 2031, con una cobertura proyectada del 63,9%. La insuficiencia de infraestructura en municipios y barrios de menores recursos y los cuestionamientos administrativos y judiciales sobre el proceso completan un mapa de conflictos.

Caputo enfrenta así una dificultad que excede el equilibrio fiscal: administrar las consecuencias de un ajuste que atraviesa servicios, obras y responsabilidades estatales.

Herrmann concentra parte de las críticas, pero el problema alcanza al diseño de la política económica. La reducción del gasto puede ser una decisión deliberada; el destino de los fondos específicos, la continuidad de servicios esenciales y el cumplimiento de obligaciones legales, en cambio, abren interrogantes que el Gobierno no puede resolver únicamente con una planilla de ahorro.

Toto Caputo, apuntado por frenar las obras para sostener el equilibrio fiscal.
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