Las Fuerzas Armadas vuelven a figurar entre las áreas más favorecidas en el proyecto de Presupuesto 2027 de Javier Milei y Toto Caputo. En plena tensión por Malvinas, el Gobierno aumenta los recursos para Defensa, habilita endeudamiento por u$s 3500 millones para reequipamiento naval y sostiene la modernización del sistema militar como una de sus prioridades.
Mientras mantiene el ajuste sobre buena parte del Estado, la Casa Rosada volvió a darle un tratamiento diferencial a Defensa. La función recibirá $3,78 billones, un incremento cercano al 24% respecto de 2026, acompañado por una hoja de ruta para incorporar armamento, reforzar infraestructura y sostener el reequipamiento iniciado durante esta gestión.
El esquema combina partidas presupuestarias, autorizaciones para tomar deuda y recursos del Plan ARMA, que destina parte de los ingresos por venta de activos estatales a financiar compras militares.
La apuesta naval de u$s 3500 millones
El artículo 42 del proyecto habilita al Poder Ejecutivo a buscar financiamiento por u$s 3500 millones. La mayor parte corresponde a la Armada: u$s 2300 millones para tres submarinos convencionales con destino a Mar del Plata y u$s 1200 millones para dos fragatas multimisión en Puerto Belgrano.
La autorización no implica una compra inmediata. El Congreso habilita la posibilidad de contraer deuda, pero la operación dependerá de que aparezca financiamiento y de que el Presupuesto sea aprobado.
Presupuesto y Fuerzas Amadas: u$s 3500 millones para fragatas y submarinos
Aun con esa salvedad, la cifra marca una escala inédita para la recuperación de capacidades navales desde la pérdida del ARA San Juan.
F-16, radares y obras en bases aéreas
Las partidas ejecutables aparecen concentradas en la Fuerza Aérea. El proyecto de Presupuesto financia la adaptación de la VI Brigada Aérea de Tandil y del Área Material Río Cuarto para recibir los 24 F-16 comprados a Dinamarca. Para 2027 fija como meta incorporar seis cazas, completar treinta ejercicios y alcanzar 98.300 horas de operación.
También asigna recursos para recuperar pistas, helipuertos y servicios de rampa en quince brigadas, bases y destacamentos.
La Armada seguirá incorporando cuatro helicópteros navales livianos y modernizará un Sea King. El Ejército continuará renovando su flota táctica con los Stryker y los Unimog ya incorporados.
El proyecto también reserva fondos para ciberdefensa, radares desarrollados por la empresa estatal INVAP y equipamiento destinado a fuerzas especiales.
Ushuaia, todavía sin partida propia
La Base Naval Integrada de Ushuaia quedó en una situación distinta a la que había anticipado el Gobierno.
Tras la cadena nacional de Milei, la Casa Rosada había hablado de partidas cercanas a los $300.000 millones para reiniciar la obra. El texto enviado al Congreso no identifica una asignación con ese nombre.
Sí aparecen $30.433 millones para el nuevo muelle de la Base Antártica Conjunta Petrel y referencias al corredor logístico Ushuaia-Petrel.
Javier Milei con efectivos de las Fuerzas Armadas en Ushuaia.
Por ahora, el respaldo financiero del proyecto descansa sobre el DNU 867/2026, que reasignó $217.954 millones al Ministerio de Defensa bajo el rubro "adelantos a proveedores y contratistas".
El ministro de Defensa, Carlos Presti, ratificó que las obras comenzarán en enero de 2027. El cronograma oficial prevé arrancar con los obradores, avanzar luego sobre un muelle de 580 metros y completar la obra hacia 2029.
El mapa del gasto militar
El reparto interno mantiene la estructura tradicional: el Ejército concentra la mayor parte de los recursos, seguido por la Armada y la Fuerza Aérea. Sin embargo, una porción considerable del presupuesto sigue destinada a salarios y seguridad social.
El Gobierno busca sostener el reequipamiento mediante el Plan ARMA, que reinvierte parte de los ingresos obtenidos por privatizaciones y por la venta de activos militares.
En paralelo, la Cancillería conserva partidas específicas para el reclamo por Malvinas ante organismos internacionales, mientras Defensa continúa ampliando capacidades operativas.
El proyecto vuelve a ubicar al área entre las excepciones del ajuste: mientras otras funciones del Estado siguen bajo la lógica de la motosierra, Defensa mantiene una trayectoria ascendente en recursos y equipamiento.