Solicitó autorización para hacer hasta el 18% de las colocaciones de títulos en dólares bajo ley extranjera y tomar u$s 1030 millones para pagar juicios.
Toto Caputo pide permiso en el Presupuesto 2027 para emitir deuda en dólares
Toto Caputo solicitó al Congreso autorización para realizar operaciones de crédito público por hasta u$s 36.000 millones en moneda y jurisdicción extranjera dentro del proyecto de Presupuesto 2027. Aunque la norma establece ese margen legal, desde el Palacio de Hacienda quieren contar con “opcionalidades” de financiamiento.
La cifra surge del desglose del proyecto de Ley de Presupuesto, en el que se fija el esquema de financiamiento para el año próximo. Allí se faculta a la Administración Central y entes del Sector Público a realizar operaciones de crédito.
Caputo incluyó una pedido para poder emitir una cifra considerable en el exterior. "El dieciocho por ciento (18%) del monto total destinado a la emisión de títulos públicos podrá colocarse en moneda y bajo jurisdicción extranjera”, propone.
Mientras tanto, el frente externo se endurece. La Reserva Federal volvió a subir la tasa de referencia por primera vez desde 2023, la llevó a 3,9% y anticipó otro aumento este año hasta 4,1%.
La decisión encareció el costo del dinero a nivel global y volvió más exigente el escenario para los mercados emergentes: en ese contexto, el riesgo país argentino escaló por encima de los 500 puntos, una señal de que el financiamiento externo vuelve a ponerse cuesta arriba.
El artículo 42 establece un límite legal para esas operaciones y permite al Ministerio de Economía adecuar las características del financiamiento a las condiciones de mercado, siempre dentro de los montos y destinos aprobados. Además, obliga a informar trimestralmente al Congreso el uso de esas autorizaciones.
Al aplicar el tope del 18% sobre el equivalente a u$s 54.180 millones previstos en colocaciones de deuda —convertidos al tipo de cambio promedio proyectado en la pauta macroeconómica para 2027 ($1728 por dólar)—, la autorización para colocar bonos bajo tribunales arbitrales internacionales alcanzaría los u$s 31.354 millones.
A este cupo se suman tres operaciones de crédito aprobadas de manera directa en la planilla anexa en dólares estadounidenses por un total de u$s 3750 millones.
Esos préstamos tienen destinos específicos. Se contemplan u$s 250 millones para las plantas solares Cauchari IV y V, en Jujuy; u$s 1200 millones para la incorporación de dos fragatas multimisión para la Base Naval Puerto Belgrano, y u$s 2300 millones para la adquisición de tres submarinos convencionales destinados a la Base Naval Mar del Plata.
Asimismo, el Artículo 49 faculta a Economía a concretar emisiones adicionales por hasta u$s 1030 millones “con destino exclusivo a la cancelación de obligaciones derivadas de decisiones y/o laudos firmes dictados en arbitrajes internacionales contra el Estado Nacional”, lo que redondea el esquema en u$s 36.000 millones.
Asimismo, el Artículo 43 fija un límite en circulación para Letras del Tesoro de hasta $72 billones de pesos (o su equivalente en otras monedas) para la cobertura de flujos "intra-año".
El proyecto cita el Programa Financiero presentado por Caputo, y señala que “la ausencia de una emisión soberana en los mercados internacionales no constituye en sí misma una restricción, sino que forma parte de una opción y una estrategia de optimización del costo de financiamiento evaluando todas las alternativas disponibles”.
"Opcionalidades", como dijo el ministro de Economía en la presentación del programa financiero 2026-2027.
En esa línea, las planillas detalladas sobre las fuentes de financiamiento del presupuesto exhiben que el programa para cubrir vencimientos de capital e intereses se volcará principalmente al mercado interno en pesos y al crédito de organismos multilaterales.
De hecho, para el ejercicio 2027 el Ministerio de Economía prevé apoyarse en instrumentos en moneda local. En el análisis de Portfolio Personal Inversiones (PPI), señalan que "no figura ninguna emisión de bonos Globales, en línea con lo contemplado en el programa financiero".
El financiamiento en pesos, provendría de Boncer, Boncap, LECAP y Bonares, por un total de $19,1 billones, equivalentes a unos u$s 12.600 millones al tipo de cambio oficial utilizado por la consultora.
Del lado del financiamiento en dólares, según ese análisis, aparecen unos u$s 6270 millones provenientes de organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BID y el BIRF, sin que el programa asuma un regreso al mercado voluntario internacional.
Como es habitual en las emisiones bajo legislación extranjera, el texto autoriza la inclusión de “cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales judiciales extranjeros o arbitrales”. No obstante, para evitar eventuales embargos en litigios judiciales o arbitrajes, el Artículo 42 detalla una rigurosa lista de bienes inembargables sobre los cuales Argentina no renuncia a la inmunidad soberana.
Entre los activos expresamente protegidos figuran cualquier bien o cuenta del Banco Central, los bienes del dominio público, los activos que presten un servicio público esencial, los recursos de carácter militar o de agencias de defensa, el patrimonio cultural y los derechos a recaudar impuestos y regalías en el territorio nacional.
Asimismo, el Ministerio de Economía queda facultado para modificar las características de las operaciones previstas en la planilla, pero dentro del monto total y del destino del financiamiento fijados por la ley.
El marco normativo financiero se sostiene sobre las proyecciones macroeconómicas elevadas al Congreso, las cuales contemplan un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18%, un superávit primario del 1,3% del PBI y un dólar nominal que cerraría el ejercicio 2027 en $1847,60, manteniendo la meta fiscal y la acumulación de reservas internacionales como pilares del esquema.
