Toto Caputo corrigió a la baja la estimación de PBI para este año, pero se aferra a la apreciación cambiaria. Promesa de mejores salarios.
Javier Milei y Toto Caputo y el Presupuesto 2027
NAJavier Milei llevó al Congreso un Presupuesto 2027 construido sobre el escenario que necesita para el año electoral: crecimiento, inflación en baja, dólar contenido y equilibrio fiscal. Toto Caputo proyecta un PBI del 4%, una inflación interanual del 18% y un tipo de cambio promedio de $1728, con $1847,6 previstos para diciembre.
El Ejecutivo pretende que la economía acelere al mismo tiempo que la inflación continúa bajando y el Tesoro conserva el superávit financiero. El proyecto prevé un resultado financiero positivo equivalente al 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un resultado primario del 1,3%.
Esta hoja de ruta oficial para el año electoral busca profundizar la consolidación fiscal iniciada al comienzo del mandato, fundamentada en la premisa de que el equilibrio en las cuentas públicas es la herramienta central para erradicar la emisión monetaria y la inflación.
El esquema contempla mantener el superávit en la línea financiera sin recurrir al endeudamiento para cubrir gastos corrientes, aun cuando las mediciones privadas del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central prevén que el costo de vida cerrará 2026 cerca del 30%, marcando una brecha respecto a los objetivos oficiales trazados previamente.
Según la síntesis del proyecto de ley, se contempla un crecimiento del PBI del 4% durante 2027. La inflación promedio anual sería del 21,1%, mientras que la proyección para diciembre se ubica en 18% interanual. El tipo de cambio promedio anual sería de $1728 y alcanzaría $1847,6 en diciembre, con una suba nominal del 15,5%.
En cuanto al dato cambiario, el Gobierno aclaró que los $1728 no constituyen una predicción puntual del dólar, sino el resultado de aplicar al tipo de cambio actual la inflación estimada para 2027. La hipótesis, por lo tanto, supone una continuidad de la política cambiaria como ancla nominal.
"Están proyectando un leve apreciación cambiara en 2027, luego de la fuerte apreciación cambiaria en 2026", estimó ante Letra E el director de Vectorial, Haroldo Montagu.
Mientras tanto, el REM de agosto ubicó el dólar esperado para diciembre de 2026 en $1630. En ese relevamiento, realizado entre el 27 y el 31 de agosto con 47 participantes, también se proyectó un superávit primario de $15,4 billones para este año.
Para 2026, el ministro de Economía habló de un crecimiento de 2,5%, mientras que las expectativas privadas siguen contemplando una inflación de alrededor del 30% para el año.
Caputo defendió el eje fiscal al advertir que será el cuarto año consecutivo con superávit financiero. “Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero fiscal”, afirmó este martes en su presentación en el Día de la Exportación, y remarcó que será la primera vez que Argentina consigue cuatro años seguidos de resultado positivo en la línea financiera sin estar en default.
El proyecto contempla recursos de la Administración Nacional por $198,96 billones y gastos por $198,72 billones. De esa diferencia surge un resultado financiero positivo de $246.741 millones para la Administración Nacional.
En el Sector Público Nacional, el resultado financiero previsto alcanza $3,3 billones, equivalente al 0,2% del PBI, mientras que el resultado primario sería de $18,44 billones, el 1,3% del producto.
Los recursos totales de la Administración Nacional en 2027 alcanzarán los $198.964.940,7 millones, representando un incremento del 25,3% frente a 2026, de los cuales los gastos corrientes absorberán el 98,1%, destinando un 76,2% a la asistencia directa a personas.
La lógica fiscal continúa siendo evitar que el Tesoro vuelva a financiarse mediante emisión monetaria y utilizar el equilibrio fiscal como ancla para la inflación. Una estrategia que el Gobierno instaló desde el comienzo de la gestión libertaria.
Caputo también rechazó la posibilidad de cambiar el rumbo económica por razones electorales. “Cuando se habla con empresarios o industriales del tema reelección, aparecen los que ya empiezan a sugerir que hay que poner un poco más de plata en la calle y esto lo único que hace es enaltecer la figura de nuestro presidente”, sostuvo en el evento.
Y agregó: “Al populismo no se lo combate con más populismo, se lo combate con más ortodoxia”.
El contraste entre las pautas oficiales y las estimaciones privadas pone en debate el ritmo de la actividad económica para el ciclo electoral. Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que las proyecciones de pauta cambiaria y la meta de inflación del 18% son alcanzables, pero advirtió sobre las expectativas de reactivación:
“Nuestra principal diferencia está en la proyección de crecimiento. Una expansión del PBI del 4% luce optimista para un año electoral, en el que la incertidumbre podría condicionar las decisiones de consumo e inversión. Ante dudas sobre la evolución de sus ingresos y de su poder adquisitivo, los hogares tienden a actuar con mayor cautela, postergar gastos y, cuando cuentan con margen, aumentar el ahorro precautorio. Del mismo modo, las empresas pueden demorar proyectos de inversión hasta tener mayor claridad sobre la continuidad del rumbo económico. Por estas razones, proyectamos un crecimiento cercano al 2,5%”.
Expertos de la fundación agregaron que la acumulación de reservas y la menor posición vendida en futuros le otorgan al Gobierno margen de maniobra para contener tensiones cambiarias, aunque remarcaron que el dinamismo final dependerá de cómo evolucione el escenario político y la percepción sobre la continuidad de las reformas estructurales.
Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que energía, minería, agroindustria, economía del conocimiento y servicios exportables sean los motores de la expansión. “Vaca Muerta, la minería y los proyectos aprobados bajo el RIGI” son, según Caputo, parte del nuevo ciclo de crecimiento que busca consolidar la gestión.
El programa de privatizaciones puede convertirse en una fuente adicional de recursos para el Gobierno, aunque su efecto fiscal debe diferenciarse del de una mejora permanente de la recaudación.
La privatización de AySA es el caso más inmediato. El Ejecutivo abrió este martes las ofertas para la venta del 90% de la compañía y espera obtener cerca de u$s 500 millones.
Además, el Gobierno acelera operaciones sobre otros activos estatales, con estimaciones periodísticas que ubican en más de u$s 1000 millones el potencial de recursos de esta nueva ola de privatizaciones.
Ese dinero puede ayudar a aliviar necesidades financieras y reducir la presión sobre otras partidas, pero no reemplaza un resultado fiscal sostenible. Se trata de ingresos extraordinarios por activos que no pueden repetirse todos los años. La cuestión será, entonces, si las privatizaciones permiten reducir necesidades de financiamiento o suavizar el ritmo del ajuste sin alterar la meta de superávit.
