Operadores de los grandes yacimientos continentales y offshore están cubiertos, pero proveedores de servicios tienen lazos con Sea Lion. La ley y sus huecos.
En su nuevo estatus de fan de la causa Malvinas, Javier Milei advirtió: es León Marino o Vaca Muerta (imagen generada con IA).
La caza de brujas que desató el gobierno de Javier Milei en la industria petrolera recién empieza y puede tener consecuencias inciertas. Las grandes compañías que operan en Vaca Muerta y el offshore del mar Argentino evitan cualquier intervención en las Islas Malvinas. Con los proveedores de servicios, la cuestión es más difusa.
“Los estudios jurídicos deben estar cruzando papeles para ver si a alguno le aparece un primo lejano con un contrato con Sea Lion, o con Rockhopper o Navitas”, dijo una fuente del sector que dedicó buena parte de su viernes a relevar las repercusiones de la decisión del Presidente de enarbolar una ley de 2011, modificada en 2013, para sancionar a quienes operen en la plataforma marítima argentina sin autorización del Estado nacional.
La ley 26.659, esa iniciativa de Pino Solanas que el Congreso sancionó por unanimidad en 2011, prohíbe a las empresas tener actividad o vínculos con personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades no autorizadas por el gobierno argentino en la Plataforma Continental Argentina. Milei avisó que fiscalizará a los proveedores de la industria petrolera. La advertencia no enunciada: deberán elegir entre Vaca Muerta y el león marino.
“Fortaleceremos los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar la adopción de sanciones contra las empresas que lleven adelante estas actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores”, dijo Milei en cadena nacional. “Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina”, agregó, además de prometer un endurecimiento de sanciones penales.
Daniel Dreizzen, especialista de la consultora Aleph Energy, lo resumió así: “Las reservas de Sea Lion, dicen, son de 300 millones de barriles y Vaca Muerta tiene 30.000 millones".
“Para desarrollar un yacimiento offshore, se necesita tecnología de punta y las empresas que quieran estar en Vaca Muerta no van a poder participar de ese proyecto; es una buena medida para presionar desde ese lado”, agregó.
Las empresas proveedoras de servicios petroleros son pocas en el mundo. Las compañías especializadas en petróleo y gas no convencional no son las mismas que las que tienen su foco en el offshore, pero son primas. Acá es donde el entramado se complica.
SLB, o Schlumberger, es líder en sets de fractura y operadora todoterreno en Vaca Muerta, pero tiene una subsidiaria, llamada OneSubsea, especialista en plataformas marinas. OneSubsea obtuvo contratos de ingeniería y provisión en Sea Lion. Otra firma, Subsea 7, tiene el 10% de OneSubsea y también obtuvo trabajos de ingeniería básica en ese proyecto.
“Ninguna operadora tiene interés en las Islas Malvinas”, dijo otra fuente petrolera. “Porque, además, quien quiera operar offshore, tiene el presal de Brasil y Guyana. Petrobras, Shell, Exxon, las major, no quieren meterse en líos”, sostuvo. “Ahora, con los proveedores, no sé hasta dónde se puede llegar”, admitió.
La francesa TotalEnergies, una de las dos principales productoras de gas del país, opera el yacimiento offshore Fénix, en la cuenca austral. Lo hace en sociedad con PAE, la petrolera de la familia Bulgheroni, y la británica Harbour, que ingresó al proyecto al comprarles sus operaciones en Argentina a la alemana Wintershall, en 2024.
Las empresas, además, son socias de YPF y otras firmas locales en Southern Energy (SESA), el proyecto que exportará GNL desde septiembre de 2027, que recibió los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Hasta que se construya el gasoducto San Matías, para llevar gas desde Vaca Muerta, la licuefacción será con lo que se aporte desde la cuenca austral.
Harbour Energy surgió en 2021 como resultado de la fusión de varias compañías. Una de ellas, Premier Oil, tenía el 60% de Sea Lion. Ese yacimiento offshore era una aventura y Harbour decidió retirarse ese mismo año del proyecto para concentrarse en la actividad productiva.
Según fuentes de ese entramado, la cadena de provisión de Fenix no se toca con las empresas contratadas por Rockhopper y Navitas. “No se trabaja con ningún proveedor de Sea Lion. Este tema se viene siguiendo desde hace tiempo”, le dijeron a Letra E.
Pero hay amistades peligrosas que pueden devenir en relaciones de parentesco y dependerá de la Cancillería ver hasta dónde tira de la cuerda. El decreto 868, de este viernes, reglamentó la ley 26.659, quince años después de su sanción. El texto dispuso que la Cancillería será autoridad de aplicación y dio plazos a los organismos públicos que conozcan vínculos de empresas con operadores ilegales de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
Gabriel Puricelli, coordinador del programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, consideró que “se requiere de una burocracia muy fina para cruzar datos de la Inspección General de Justicia, la Comisión Nacional de Valores y la Cancillería, y las capacidades estatales son dudosas”.
Depende de la pericia de Pablo Quirno para saber hasta dónde tirar de la cuerda.
