Gestionarán más de u$s 2000 millones al año que desfinanciarán a la ANSES y al PAMI. Un esquema que le quita caja al Estado y lo impulsa a tomar deuda.
Toto Caputo y el FAL (Imagen generada con IA).
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) trasladará a bancos y sociedades de Bolsa la gestión de más de u$s 2000 millones al año que actualmente solventan a la ANSES y al PAMI. El 60% de ese dinero se invertirá en deuda en pesos del Gobierno. En un doble movimiento, Toto Caputo desfinancia al Estado e incentiva su endeudamiento.
El FAL formó parte de la reforma laboral que se sancionó en febrero, pero el propio Caputo -en un reconocimiento tácito de que la herramienta desfinancia al Estado- pateó su instrumentación para noviembre, para no complicar más la meta fiscal al quitarle ingresos al fisco por el equivalente a 0,3% del PBI por año.
Debía comenzar a regir en dos semanas, pero ante el pedido de distintos actores del mercado, su implementación se demoró otros 30 días, según se publicó este martes en el Boletín Oficial. Al Gobierno también le convenía volver a pedalearlo y extendió el plazo en el cual el dinero del FAL no podrá usarse para pagar indemnizaciones, hasta fines de 2027.
Detrás de este nuevo esquema para pagar futuras indemnizaciones está la promesa de desarrollar un mercado de capitales más vigoroso. En el escenario ideal de Toto Caputo, las empresas aportarán todos los meses a cuentas comitentes que invertirán en instrumentos cotizantes. En la práctica, una porción importante de las carteras deberá mantenerse en títulos públicos del Estado nacional.
Los bancos y las ALYC pelean por las 560.000 cuentas de las empresas registradas que deberán aportar mensualmente 2,5% (las pymes) y 1% (las grandes) de la nómina salarial. Ese monto deja de ir a la Seguridad Social, cada vez más raquítica y dependiente del monotributismo.
Los más entusiasmados son los bancos más chicos y las sociedades de Bolsa. Los grandes, en tanto, buscan retener clientes que en la actualidad pagan sueldos a través de sus plataformas.
Las aseguradoras -con experiencia en la gestión de fondos de largo plazo- quedaron afuera del negocio y denuncian un lobby banquero.
Toto Caputo avisó que el FAL es una creación suya. Cuando el proyecto de reforma laboral que trabajó Federico Sturzenegger (con ayuda de estudios de abogados y profesionales de universidades privadas) estaba por entrar en el Congreso, el ministro de Economía incorporó por la ventana la creación del Fondo para financiar futuras indemnizaciones por despido o retiros voluntarios.
Caputo, en rigor, hizo compulsivo un instrumento que Sturzenegger pensó como optativo cuando habilitó a sindicatos y empresas a negociar esquemas indemnizatorios tipo “mochila”, que ningún convenio adoptó.
El ministro de Economía promocionó la gratuidad del instrumento para las empresas, ya que se financiará con una parte de los aportes que, por unos días más, van a las cajas de la ANSES y el PAMI. Hubo muchas críticas al costo financiero de una operatoria que solo celebraron las ALYC, pero a la que los bancos se van acomodando.
“Es una mini AFJP, pero financiada con parte de las contribuciones del sistema de seguridad social”, resume Sebastián Etchemendy, docente del departamento de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
Las reglamentaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) terminaron de darle forma a la criatura. Las empresas aportarán obligatoriamente a cuentas ID FAL, que deberán crear previamente. Los aportes serán automáticos, con un esquema similar al que rige actualmente para pagar las contribuciones. Pero, antes, tendrán que elegir la entidad que administrará esos fondos.
Si no lo hacen, ARCA retendrá el aporte por 30 días y, luego, la CNV asignará, de oficio, una sociedad gestora de esos fondos. Los bancos se preguntan cuál será el criterio para hacerlo. Las entidades dicen, off the record, que la CNV tiende a patear para el lado de las ALYC.
Si bien las inversiones podrán ser a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o fideicomisos (para algún destino específico, por ejemplo, un desarrollo inmobiliario), toda la instrumentación se perfiló hacia los FCI.
Los fondos podrán aplicarse para saldar indemnizaciones por despidos o acuerdos de retiros a partir de los seis meses, es decir, desde junio. Pero Economía podría prorrogar la carencia hasta 2028. Evitaría el costo político de atravesar una campaña electoral con posibles despidos financiados por este vehículo y, a la vez, engrosaría el mercado de capitales que necesita para financiarse.
El dinero se invertirá en una serie de instrumentos que la CNV detalló. Hasta un 15% de la cartera podrá destinarse a deuda de las provincias y la Ciudad, con un tope de 5% por cada jurisdicción emisora. Hasta un 20% podrá destinarse a Obligaciones Negociables de empresas locales, con un 10% de límite por emisor. Otro 15%, como máximo, podrá ser invertido en depósitos a la vista y en plazo fijo, para que haya liquidez. Un 10%, como mucho, podrá colocarse en bonos dollar-linked o duales, atados al tipo de cambio. La inversión en títulos públicos del Estado nacional a tasa fija, variable o atados a la inflación no tiene topes.
La consultora Eco Go estimó, que, con estas demarcaciones, el 60% de las inversiones de los fondos FAL se destinará a instrumentos de deuda del Estado nacional.
Como las contribuciones son crecientes, los fondos sumarán unos u$s 2000 millones por año y, descontado el pago de eventuales indemnizaciones, juntaría casi u$s 3600 millones para diciembre de 2028. De esa cifra, u$s 2200 millones financiarían al Tesoro Nacional.
La firma que dirige Marina Dal Poggetto estimó un costo fiscal de 0,25% del PBI. Otros lo acercan al 0,3%. Como referencia, las AUH representan 0,5% del PBI. Pero como son fondos de afectación específica (la seguridad social), las cajas de la ANSES y el PAMI sufrirían un recorte de 4,6 puntos porcentuales por año. Son $3,6 billones en 2027 y $4,6 billones para 2028.
Traducido: al Estado le costará más cumplir con la meta fiscal y el sistema de jubilaciones y la principal obra social del país se desfinanciarán. Las empresas tendrán el mismo costo laboral, pero podrán contar con ese dinero para pagar eventuales indemnizaciones. Y el Estado hará lo imposible para que el pago de indemnizaciones salga de la caja de las empresas no del rescate de ese dinero, porque financiará las colocaciones de deuda necesarias para cubrir los baches. Los incentivos impositivos van para ese lado.
Caputo les sirvió a los bancos y a las sociedades de Bolsa un negocio de administración de un patrimonio de u$s 2000 millones anuales. Topeó las comisiones que pueden cobrar al 1% del total de la cartera.
Como pasó con el régimen de inocencia fiscal, las ALYC fueron más agresivas al ofrecer productos para capturar esa masa de dinero y los bancos tardaron un poco más. Pero la banca tradicional redobló la apuesta. Por táctica política, por convicción, por temor o por una combinación de todas ellas, algunas entidades grandes ofrecen comisiones bonificadas hasta diciembre de 2027 para retener clientes.
El Banco Nación hizo punta con una propuesta que reintegra el 100% de las comisiones hasta el 31 de diciembre de 2027, ofrece tasas bonificadas para financiamiento corporativo y créditos personales a tasas preferenciales para las personas trabajadoras con cuentas sueldo vinculadas a la empresa.
El BBVA sumó algo más y, además de la bonificación de comisiones, promete a las pymes reintegrar el 100% del aporte FAL por cada nueva nómina neta -es decir, cada trabajador nuevo que la empresa sume al fondo. “Aquellas empresas que incorporen nuevas nóminas netas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2026 obtendrán el reintegro del 100% del aporte FAL correspondiente a esas nóminas durante todo 2027”, dijo Ricardo Castro, head de Productos de Banca Minorista.
Otros, como el Santander, no bonificarán comisiones, pero buscan ofrecerles el servicio adicional a la masa de clientes que ya tienen dentro de la plataforma. “Nuestro diferencial es que integramos la gestión del FAL dentro del ecosistema financiero que las empresas ya utilizan para operar, con herramientas digitales, asesoramiento especializado y distintas alternativas de inversión”, dijo Daniela Castaldo, ceo de Santander Asset Management.
Hasta el Banco de la Provincia de Buenos Aires hizo una comunicación, muy por debajo del radar. “Te acompañamos en la implementación del nuevo esquema obligatorio”, dice el mail que envió a sus clientes.
Fuentes cercanas confiaron la incomodidad de tener que subirse a la normativa. “Es una política con el sello de Milei, pero el banco necesita captar porque corre el riesgo de que se vayan las empresas y quedarse sin las cuentas sueldo”, respondieron ante la consulta.
“Los bancos más chicos, como el Meriva, son los más agresivos y activos”, dijo otra fuente del sector financiero. Las entidades más grandes buscan, en general, ofrecerle un servicio adicional a la masa de clientes que ya tienen.
El FAL es un producto 100% Caputo: una asignación de fondos direccionada a engrosar el mercado de capitales a través de las sociedades de Bolsa.
Dado ese elemento, los bancos activaron y buscaron su contención de daños. Por un lado, las aseguradoras -que gestionan fondos de largo plazo- se quedaron afuera del negocio. Apuntan a la banca tradicional. Por el otro, los bancos terciaron ante la CNV para que la reglamentación no deje afuera a las gestoras de fondos de la banca, que tiene menor capacidad de adaptabilidad que las ALYC.
En ese doble juego, recibirán un mayor flujo de dinero de los clientes que tienen paquetes en las entidades pagadoras de sueldos. Los bancos buscaban más flexibilidad para la gestión de esos fondos. No por el lado de los plazos fijos, sino mediante la estructuración de fideicomisos y de productos ad hoc para las grandes empresas. Pero la CNV orientó la cartera de inversiones hacia el sector público.
El FAL servirá si no se usa. Caputo lo tiene claro. Por eso, la extensión de plazo por un mes más, ante la falta de adecuación de las pymes y los bancos, incorporó la prórroga de la carencia, para evitar que esos fondos puedan utilizarse para pagar indemnizaciones por 12 meses.
En las conversaciones técnicas entre banqueros y funcionarios, Economía insistió en que el sistema tiene incentivos impositivos para no tocar el FAL. El FAL genera una renta que está exenta del impuesto a las Ganancias. Entonces, si una empresa quiere despedir y tiene flujo de caja, le conviene indemnizar con su balance y ganar menos, para pagar menos impuesto a las Ganancias.
Si el FAL no se usa y crece, abaratará el costo financiero del Estado nacional, porque habrá más fondos dirigidos a suscribir deuda en pesos.
Otro trade del Messi de las finanzas.
