Una cautelar ordena no aplicar el nuevo contrato de concesión y mantener las condiciones actuales del servicio. El kirchnerismo quiere parar la venta.
La privatización de AySA enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso al grupo que lidera un fondo de inversión de Curazao, asociado con Walter Román y Mauricio Filiberti. El proceso impulsado por Toto Caputo prevé recaudar u$s 340 millones por el 90% de las acciones, pero una cautelar y una demanda contra la tasación amenazan con frenarlo.
Las acciones judiciales impulsadas por el gobierno de Axel Kicillof, a través de la Defensoría del Pueblo provincial, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.
A principios de octubre, el consorcio integrado por PHX Aqua, las firmas locales Rowing y Transclor y la brasileña Arcos Saneamento e Participações presentó la mejor oferta para quedarse con el 90% de las acciones de AySA: u$s 340 millones, frente a los u$s 285 millones que había ofrecido el grupo Roggio.
Tal como reveló Esteban Rafele en Letra E, PHX —que fue creada hace solo dos meses y está bajo el control del fondo Phoenix Global Fund, radicado en Curazao— cuenta con una participación del 55% en el consorcio oferente y, cuando Javier Milei consiga transferir las acciones, se convertirá en la accionista mayoritaria de la segunda compañía de saneamiento más grande de América Latina, que presta servicio a más de 14 millones de habitantes.
El desembarco de la nueva concesionaria quedó condicionado por una medida cautelar que le impide a AySA “modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones sobre el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano”.
En la causa promovida por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó la medida cautelar de primera instancia que ordena a AySA “abstenerse de realizar cualquier acto que modifique, reduzca, limite, altere, suspenda o disminuya sus obligaciones vinculadas al acceso al agua potable, a la salud pública, a un ambiente sano y a la prestación adecuada de ese servicio público esencial, mientras no se produzca una evaluación integral de los aspectos ambientales, sanitarios e institucionales en juego”.
Tras rechazar la apelación presentada por la empresa y ratificar la acción preventiva de daño, los camaristas decidieron que la causa debía seguir a cargo de un juzgado federal de La Plata.
“No decimos que no se puede privatizar, sino que antes de seguir avanzando con la transferencia de la empresa se tienen que resolver las cuestiones pendientes sobre la calidad del servicio, los derechos de los usuarios y los daños ambientales”, destacó Lorenzino a Letra E.
Ante la falta de respuesta de AySA, el ombudsman provincial amplió en los últimos días la ofensiva judicial con una doble presentación. En primer lugar, solicitó que se “intime urgentemente” a la empresa a acreditar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar vigente. A eso se sumó el planteo de un recurso extraordinario ante la Suprema Corte bonaerense para que la causa no se derive a la órbita federal y siga bajo la Justicia provincial.
Por su parte, otra presentación judicial motorizada por los senadores Jorge Capitanich y Adán Bahl y por las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni apunta a suspender el proceso de privatización hasta que el Gobierno dé a conocer la tasación oficial que utilizó para la venta del paquete accionario mayoritario de AySA.
Tras cuestionar el carácter reservado de la tasación, la denuncia dirigida contra el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher, advirtió que se quiere imponer una “ceguera deliberada que impide evaluar si la adjudicación resguarda el interés público o consuma un desfalco al erario nacional”.
En los fundamentos de la presentación, los senadores y las diputadas se valieron de la ley de emergencia administrativa 23.696 de la gestión menemista, que establece que una “Comisión Bicameral deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a privatizaciones de empresas estatales”.
La demanda —que quedó a cargo del juez en lo Contencioso Administrativo Santiago Carrillo— sostiene que “la tasación de un activo estatal estratégico no constituye un ‘secreto comercial’ oponible al propio Congreso, ni a la ciudadanía”.
Tras cuestionar la exclusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) a la hora de definir el valor de AySA, los legisladores denunciaron que el método de “flujo neto de fondos descontados” utilizado por el BICE se basa en “ganancias hipotéticas que generan subvaluaciones de los activos estatales”.
En línea con esa acción judicial, la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) formalizó ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) una denuncia para que se investigue a los responsables de la privatización de AySA por la posible malversación de fondos y violación de los deberes de funcionario público.
Consultado por Letra E, el titular de la entidad, Pedro Busetti, señaló que “la adjudicación de una empresa pública sin base y manteniendo en secreto la tasación oficial configura una irregularidad flagrante que compromete la responsabilidad penal de los funcionarios intervinientes”.
Agregó, además, que “la existencia de una tasación reservada o secreta vulnera el principio de transparencia y si no se puede contrastar la oferta de u$s 340 millones con una tasación oficial validada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) y auditada por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la adjudicación incurre en un vicio grave de motivación y arbitrariedad que lleva a tener que desestimar todo el proceso de privatización”.
